Este miércoles 21 de agosto, la plenaria del Concejo de Medellín debate el proyecto de acuerdo para la enajenación de las acciones que EPM tiene en Tigo - Une, tras una semana de sesiones extraordinarias en las que se aprobaron diferentes propuestas de la alcaldía de la ciudad.
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La idea de vender las acciones no es un nueva. Durante la administración de Daniel Quintero, el mandatario llevó en cinco ocasiones la propuesta al Concejo y todas fueron negadas. Esta vez Federico Gutiérrez cuenta con las mayorías en el cabildo, por lo que se espera que su propuesta sí salga adelante este miércoles. No obstante, no ha estado exenta de críticas tanto por la forma en que se ha dado el debate, como por lo que se pretende hacer con el dinero.
Hablamos con los concejales Andrés Tobón (Creemos) y José Luis Marín (Pacto Histórico) quienes dan argumentos sobre la conveniencia de la propuesta hecha por la alcaldía, así como los pros y los contra de la venta de las acciones.
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Lo que propone la alcaldía de Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez radicó en julio el proyecto de acuerdo para la enajenación de las acciones de Tigo-Une, argumentando, con base en análisis hechos por dos firmas, que se debe salir del negocio ante la falta de experticia de EPM en el sector y la alta inversión que requiere en las telecomunicaciones ante su constante avance y renovación.
Sumado a esto, se pone de por medio la urgencia de realizar el trámite, debido a que hay una cláusula de protección al patrimonio público que vence pronto (2026) y que le permite a la alcaldía vender su parte accionaria sin tener que llegar a un acuerdo con el privado, que en este caso es Millicom.
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Sobre las pretenciones de la alcaldía, el cabildante Tobón resalta que en los últimos años hubo un deterioro en la inversión que supera el billón de pesos, a lo que se suman inyecciones de capital que se han tenido que hacer recientemente. “El año pasado fue obligatorio aportar $600.000 millones. Es un hecho que financieramente hay un riesgo muy grande, toda vez que estamos ante una inversión que no aporta ninguna utilidad sino pérdidas. Sabemos que los únicos que están reportando utilidades en el mercado son los de Claro, porque tienen el 49 % del mercado. Tigo-Une tiene el 14 % y se encuentra en un escenario competitivo muy difícil, que requiere de más inversiones millonarias”.
Sumado a esto, Tobón asegura que mientras los activos en los sectores de acueducto pueden durar 20 años y en energía hasta 50 años, en telecomunicaciones pueden ser de solo cinco años, debido a la constante actualización de las tecnologías. “Lo otro es que el eventual destino de los recursos producto de la venta, a diferencia de las administraciones pasadas, sí cuenta con condiciones. El dinero se queda en EPM y las destinaciones van al core de la empresa”.
Por su parte, José Luis Marín indica que el proyecto tiene muchos problemas en la estructuración y en la argumentación, empezando porque se señala que el tema ya ha tenido discusiones amplias en la ciudad, pero, asegura, no se ha hecho ninguna discusión fuera del Concejo, como lo había prometido la administración desde que presentó el proyecto. “Tanto los concejales como la ciudadanía no pudimos tener acceso a toda la información para tomar una decisión, no pensando en si somos de oposición o de gobierno, sino en el beneficio de Medellín, lo que puede ser un vicio de forma bastante reprochable”.
Además de esto, el concejal señala que este proyecto es similar al radicado por el exalcalde Quintero, con la diferencia de que al exalcalde le exigieron explicar detalladamente a dónde irían los recursos, lo que hoy no está en el proyecto. “Hoy no se exige lo mismo y cuando uno le pregunta a los concejales, ellos suelen hablar de la confianza, de que ahora sí la hay y antes no, lo cual es bastante flojo para evaluar el proyecto. De fondo hay otros problemas como que no conocemos el estado actual de la empresa; no hay una propuesta real frente a las demás posibilidades, porque no solo es la venta, también están las opciones de la recuperación de la prima de control o la declaratoria de bien de interés público”.
El valor de las acciones
Otro de los puntos claves de la discusión está relacionado con el valor actual de las acciones, dado que durante la administración de Quintero se estableció que las acciones costarían alrededor de $2,8 billones, mientras que la actual administración especula que estarían sobre $1,6 billones.
Al respecto, Marín asegura que EPM les indicó que actualmente no hay una valoración, dado que está en proceso de avalúo y se tendría hasta octubre. “Se nos está pidiendo que se haga una venta sin ni siquiera saber si esta representará un detrimento para Medellín, ya que la última valoración que se tiene es de la venta que intentaba realizar el exalcalde, por lo que surgen varias preguntas como ¿cuál es la razón de la devaluación cuando hubo una inyección de capital el año pasado?, y segundo es que no tenemos forma de auditar, por lo que prácticamente se nos está planeando firmar un cheque en blanco”.
Sobre este mismo punto, Tobón asegura que no se puede pensar en tener una cifra fija debido a que la venta de las acciones finalmente dependerá del escenario del mercado. “Salir hoy con un valor es irresponsable porque puede cambiar en cualquiera de los escenarios. Solamente el proceso de evaluación vale millones de pesos y hacerlo ahora y en cada una de las etapas no es rentable”. Adicionalmente, el concejal asegura que se ha comprometido a crear una comisión dentro del Concejo para hacerle seguimiento a la venta y uso de los recursos que salgan de la enajenación para darle garantías al proceso.
¿En qué se invertirán los recursos de la venta de las acciones?
La alcaldía de Medellín ha sido insistente en señalar que los recursos se quedarán en EPM. Sumado a esto, aunque en el proyecto de acuerdo no se incluyen, aseguran que el dinero será invertido en cuatro líneas de trabajo, entre las que se encuentra la ampliación de la conectividad, especialmente en colegios, inversión en start ups, becar en idiomas y tecnología, así como la inversión en un nuevo modelo de gestión de residuos en la ciudad.
Tobón destaca que los recursos permanezcan en EPM así como desde una visión social se hagan este tipo apuestas, que permitirán ampliar la conectividad, algo que no pueden hacer hoy debido a la cláusula de competencia firmada como Millicom, así como resalta que la inversión en start ups va en la lógica de capitalización y asociación con empresas, en la intención de crecimiento y retorno eventual de los recursos que se busca.
Por su parte, Marín retoma lo indicado por una de las veedurías que le ha hecho seguimiento al proyecto y que destaca que al menos dos de las líneas de inversión propuestas por la alcaldía de Medellín estarían encaminadas a cumplir propuestas del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez, mientras que otra no estaría dentro de los negocios estratégicos de EPM. “Hay una gravedad extra y es que los dineros que irían a la Fundación EPM no son sujetos de control por la calidad jurídica de la Fundación. Además, las start ups son negocios de alto riesgo, entonces se va a salir de Tigo-Une, porque no hace parte de los negocios estratégicos de EPM y porque es un negocio riesgoso, pero van a llevar ese dinero a un escenario que lo es mucho más”.
El debate continúa en el Concejo de Medellín donde los concejales ponentes han estado haciendo sus intervenciones a lo largo de la mañana, en medio de fuertes tensiones con empleados, sindicatos y personas en el recinto que se oponen a la venta. Una vez se den las réplicas y se cierre la discusión, se dará la votación que se tiene prevista para este mismo miércoles.