Marcha Patriótica de Antioquia denuncia recrudecimiento de la violencia en el Bajo Cauca
La organización afirma que el Estado no ha protegido de manera efectiva a las comunidades. Recuerdan que desde el 26 de agosto hasta la fecha han sido asesinadas cuatro personas, incluida la lideresa Mabel Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso, corregimiento de La Caucana.
Por medio de una carta de denuncia pública, Marcha Patriótica de Antioquia, organización defensora de derechos humanos, responsabilizó al Estado por los hechos de violencia que se han presentado en el Bajo Cauca.
La organización denuncia que el 26 de agosto, en el municipio de Tarazá, fue asesinado el hijo de un presidente de la Junta de Acción Comunal. Más de 50 personas de la vereda La Esperanza tuvieron que desplazarse hacia el casco urbano del municipio para proteger sus vidas por temor a los grupos paramilitares. también, señalan que el 29 de agosto encontraron los cuerpos de dos hermanos menores de edad en el casco urbano de ese mismo municipio. Estos fueron asesinados con arma blanca y, posteriormente, degollados.
Leer: Encuentran los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos en Tarazá (Antioquia)
El 30 de agosto, en el sector conocido como El 90, se encontró sin vida a la lideresa Mabel Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso, corregimiento de La Caucana.
Marcha Patriótica destacó la importancia de la implementación de los Acuerdos de Paz para evitar hechos violentos. “Exigimos al Gobierno Nacional que se brinden todas las condiciones de seguridad y protección para nuestras comunidades, organizaciones, líderes y lideresas en los territorios, establecidas en el Decreto Ley 660 de 2018 como normativa derivada del Acuerdo de Paz, además, de las garantías de seguridad y no repetición”.
Además, resaltan que las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, y Zaragoza demuestran una falta de compromiso por parte del Gobierno. La organización le solicita a las alcaldías municipales, Gobernación de Antioquia y al presidente Iván Duque, acatar las recomendaciones allí consignadas y que “se proteja la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y se concreten acciones para la protección de todas las comunidades que están en alto riesgo”.
La organización responsabiliza al Gobierno por los hechos de violencia que se han presentado en el territorio. Según el movimiento, el Estado solo ha militarizado la vida social de las comunidades, sin tener en cuenta el “problema histórico que tiene un hondo origen en la exclusión social, la pobreza, la miseria, el abandono y la falta de un Estado que ofrezca un bienestar digno a campesinos y campesinas”.
En el documento, Marcha Patriótica expresa preocupación por la exacerbación de la violencia, la presencia de grupos paramilitares y las acciones de Gobierno de Iván Duque que, según ellos, no ha logrado proteger a las comunidades. “El país se sumerge cada día en el incremento de las acciones de guerra, las masacres, los homicidios, el reclutamiento forzado, la violencia social y política en un medio de una incapacidad del Gobierno Nacional para efectuar cabalmente la paz”, afirman.
Finalmente, responsabilizan al presidente, a la Gobernación de Antioquia y a las autoridades por los hechos que ocurran en el territorio, teniendo en cuenta que se han presentado las alertas correspondientes. La última fue emitida el 31 de agosto.
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Por medio de una carta de denuncia pública, Marcha Patriótica de Antioquia, organización defensora de derechos humanos, responsabilizó al Estado por los hechos de violencia que se han presentado en el Bajo Cauca.
La organización denuncia que el 26 de agosto, en el municipio de Tarazá, fue asesinado el hijo de un presidente de la Junta de Acción Comunal. Más de 50 personas de la vereda La Esperanza tuvieron que desplazarse hacia el casco urbano del municipio para proteger sus vidas por temor a los grupos paramilitares. también, señalan que el 29 de agosto encontraron los cuerpos de dos hermanos menores de edad en el casco urbano de ese mismo municipio. Estos fueron asesinados con arma blanca y, posteriormente, degollados.
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El 30 de agosto, en el sector conocido como El 90, se encontró sin vida a la lideresa Mabel Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso, corregimiento de La Caucana.
Marcha Patriótica destacó la importancia de la implementación de los Acuerdos de Paz para evitar hechos violentos. “Exigimos al Gobierno Nacional que se brinden todas las condiciones de seguridad y protección para nuestras comunidades, organizaciones, líderes y lideresas en los territorios, establecidas en el Decreto Ley 660 de 2018 como normativa derivada del Acuerdo de Paz, además, de las garantías de seguridad y no repetición”.
Además, resaltan que las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, y Zaragoza demuestran una falta de compromiso por parte del Gobierno. La organización le solicita a las alcaldías municipales, Gobernación de Antioquia y al presidente Iván Duque, acatar las recomendaciones allí consignadas y que “se proteja la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y se concreten acciones para la protección de todas las comunidades que están en alto riesgo”.
La organización responsabiliza al Gobierno por los hechos de violencia que se han presentado en el territorio. Según el movimiento, el Estado solo ha militarizado la vida social de las comunidades, sin tener en cuenta el “problema histórico que tiene un hondo origen en la exclusión social, la pobreza, la miseria, el abandono y la falta de un Estado que ofrezca un bienestar digno a campesinos y campesinas”.
En el documento, Marcha Patriótica expresa preocupación por la exacerbación de la violencia, la presencia de grupos paramilitares y las acciones de Gobierno de Iván Duque que, según ellos, no ha logrado proteger a las comunidades. “El país se sumerge cada día en el incremento de las acciones de guerra, las masacres, los homicidios, el reclutamiento forzado, la violencia social y política en un medio de una incapacidad del Gobierno Nacional para efectuar cabalmente la paz”, afirman.
Finalmente, responsabilizan al presidente, a la Gobernación de Antioquia y a las autoridades por los hechos que ocurran en el territorio, teniendo en cuenta que se han presentado las alertas correspondientes. La última fue emitida el 31 de agosto.
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