Una serie de cuestionamientos han caído sobre contratos firmados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín con el Gobierno Nacional, durante la pasada administración. Luego de que el Departamento Nacional de Planeación lanzó una alerta por retrasos en contratos firmados con la entidad; ahora surgen cuestionamientos por otro firmado con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para construir vías que no quedan en la ciudad y sobre el que no se ha podido hacer un cierre financiero por un desfase superior a los $2.000 millones.
Se trata de un acuerdo interadministrativo para la mejora de viviendas, parques y vías terciarias en 16 municipios ―no en Medellín―, entre los que se encuentran Sesquilé, en Cundinamarca, Sopetrán, San Francisco, San Luis, Cocorná y Chigorodó, entre otros antioqueños.
En principio, el contrato rondaba los $60.000 millones y debía culminarse en ocho meses, pero luego de la adición de una serie de una serie de otrosí, el acuerdo quedó solo para la adecuación de vías terciarías, se redujo a $30.000 millones y se alargó a 32 meses.
El plazo se venció en julio pasado y aunque las obras se finalizaron, no se ha podido hacer el cierre financiero, ya que habría un desfase cercano a los $5.500 millones. De este punto surgen interrogantes. El primero está relacionado con la fecha de la firma del contrato, dado que se habría hecho con la Ley de garantías vigente.
El segundo es por una contrapartida de $800 que quedó en el contrato y que la EDU se comprometió a entregar, para ítems no previstos. La actual administración señaló a El Tiempo que esto no tiene sentido, debido a que el que ejecuta no debe poner recursos, así como no se sustenta de dónde saldrá esta suma, porque no tenía amparo presupuestal. Lo grave es que, al final, lo que se suman las eventualidades son $2.600 millones.
Otros $2.900 millones que faltarían hacen parte de cinco reclamaciones de la empresa contratista precisamente por la falta de seguimiento a las obras. “Son contratos que tienen honorarios absolutamente inferiores porque son contratos vigentes que nosotros tenemos una obligatoriedad y debemos de cumplir y no tenemos equipo y es literal capacidad instalada de la empresa donde tenemos que dar respuesta a esos contratos”, dijo a Blu Radio la gerente de la EDU, Luz Ángela González, refiriéndose a este y a los cuestionados por el DNP.
Ante a negativa de los municipios y del DPS de hacerse cargo de los sobrecostos, la EDU tendría previsto iniciar acciones legales para darle fin a los contratos. Por lo pronto, la Contraloría investiga.