Ordenan detención domiciliaria contra la secretaria de Educación de Medellín

Luego de tres días de audiencia, la jueza 39 municipal decidió enviar a la cárcel a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, quien fue imputada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos de los programas de alimentación escolar y Buen Comienzo, que se firmaron con la Corporación Colombia Avanza en 2020.

La medida también cubre a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo. Ambas fueron acogidas con detención domiciliaria, dado que la juez consideró que existe un riesgo de reiteración al continuar en sus cargos dentro de la Secretaría de Educación.

La situación no es menor. La Fiscalía también le imputó cargos a Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, a quien la jueza dejó en libertad.

El primer contrato, por $16.000 millones, fue para la prestación de servicios para la primera infancia, del componente familiar del programa Buen Comienzo, que desde 2004 atiende a menores de cinco años vulnerables de la ciudad y a madres. En este caso se trata de un contrato que tenía una ejecución de 135 días, pero que luego se amplió (en dos ocasiones) por 105 días más y tuvo adiciones por $4.631 millones.

En este caso la Fiscalía cuestiona que el contrato se adjudicó por prestación de servicios y no por invitación pública, como se venía haciendo antes, sin fundamento técnico o legal para hacer el cambio. De igual forma, cuestionan que se hubieran cambiado condiciones del contrato, como los años de experiencia o que los participantes deberían ser parte del banco de oferentes del ICBF, donde Colombia Avanza tenía una baja calificación, así como habla de detrimento porque no hubo contraprestación del operador, a pesar de que habría obtenido ganancias del 8 %.

El segundo contrato es del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el suministro de alimentos durante la pandemia. En este la adjudicación fue directa y se invirtieron $7.000 millones, pero lo que cuestiona la Fiscalía es que Colombia Avanza no tenía bodega de almacenamiento, ensamble y distribución de los productos, por lo que el Distrito de Medellín tuvo que contratar a Plaza Mayor, el Inder y la Secretaría de Inclusión Social para entregar los paquetes.

Pero no solo habría sido esto. La Fiscalía indica que las cotizaciones de los alimentos se hicieron en supermercados y al detal, así como se habrían inflado los precios, lo que se evidenciaría al comparar con promedios de precios del DANE. Por otro lado, el ente investigador alega que el operador presuntamente pudo desaparecer la contabilidad de los contratos, como se evidenciaría en audios en los que aparecen supuestos funcionarios de la Corporación y la directora del programa Buen Comienzo, en los que se referirían a acciones que hicieron durante la investigación del ministerio público.

Durante la segunda audiencia, en la que se escuchó a la defensa de los acusados. La Procuraduría apoyó la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía, mientras que la defensa del representante de Colombia Avanza alegó que en los dos contratos los paquetes fueron entregados y que la acusación por inflar precios no es válida, porque la comparación de valores se basaría en un regulador de precios del mercado campesino, que es diferente al que se maneja en las ciudades.

Por su parte, la defensa de las funcionarias públicas recalcó que los procesos se hicieron dentro de los marcos legales del Estado, como lo es el caso de la condición de que los operadores estén dentro del banco nacional de oferentes del ICBF y aseguraron que no era el único proponente que estaba habilitado dentro de la plataforma, con lo que buscaba demostrar que no fue una condición que se puso para favorecer a Colombia Avanza. Así mismo, indicaron que se cumplieron las condiciones estatales que se tenían en el momento de firmar los contratos.

La medida fue apelada por la defensa de Alexandra Agudelo y Lina María Gil, así como por la Fiscalía y la Procuraduría, pero solo en el caso de Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, quien no fue acogido con la medida de aseguramiento.

Luego de tres días de audiencia, la jueza 39 municipal decidió enviar a la cárcel a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, quien fue imputada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos de los programas de alimentación escolar y Buen Comienzo, que se firmaron con la Corporación Colombia Avanza en 2020.

La medida también cubre a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo. Ambas fueron acogidas con detención domiciliaria, dado que la juez consideró que existe un riesgo de reiteración al continuar en sus cargos dentro de la Secretaría de Educación.

La situación no es menor. La Fiscalía también le imputó cargos a Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, a quien la jueza dejó en libertad.

El primer contrato, por $16.000 millones, fue para la prestación de servicios para la primera infancia, del componente familiar del programa Buen Comienzo, que desde 2004 atiende a menores de cinco años vulnerables de la ciudad y a madres. En este caso se trata de un contrato que tenía una ejecución de 135 días, pero que luego se amplió (en dos ocasiones) por 105 días más y tuvo adiciones por $4.631 millones.

En este caso la Fiscalía cuestiona que el contrato se adjudicó por prestación de servicios y no por invitación pública, como se venía haciendo antes, sin fundamento técnico o legal para hacer el cambio. De igual forma, cuestionan que se hubieran cambiado condiciones del contrato, como los años de experiencia o que los participantes deberían ser parte del banco de oferentes del ICBF, donde Colombia Avanza tenía una baja calificación, así como habla de detrimento porque no hubo contraprestación del operador, a pesar de que habría obtenido ganancias del 8 %.

El segundo contrato es del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el suministro de alimentos durante la pandemia. En este la adjudicación fue directa y se invirtieron $7.000 millones, pero lo que cuestiona la Fiscalía es que Colombia Avanza no tenía bodega de almacenamiento, ensamble y distribución de los productos, por lo que el Distrito de Medellín tuvo que contratar a Plaza Mayor, el Inder y la Secretaría de Inclusión Social para entregar los paquetes.

Pero no solo habría sido esto. La Fiscalía indica que las cotizaciones de los alimentos se hicieron en supermercados y al detal, así como se habrían inflado los precios, lo que se evidenciaría al comparar con promedios de precios del DANE. Por otro lado, el ente investigador alega que el operador presuntamente pudo desaparecer la contabilidad de los contratos, como se evidenciaría en audios en los que aparecen supuestos funcionarios de la Corporación y la directora del programa Buen Comienzo, en los que se referirían a acciones que hicieron durante la investigación del ministerio público.

Durante la segunda audiencia, en la que se escuchó a la defensa de los acusados. La Procuraduría apoyó la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía, mientras que la defensa del representante de Colombia Avanza alegó que en los dos contratos los paquetes fueron entregados y que la acusación por inflar precios no es válida, porque la comparación de valores se basaría en un regulador de precios del mercado campesino, que es diferente al que se maneja en las ciudades.

Por su parte, la defensa de las funcionarias públicas recalcó que los procesos se hicieron dentro de los marcos legales del Estado, como lo es el caso de la condición de que los operadores estén dentro del banco nacional de oferentes del ICBF y aseguraron que no era el único proponente que estaba habilitado dentro de la plataforma, con lo que buscaba demostrar que no fue una condición que se puso para favorecer a Colombia Avanza. Así mismo, indicaron que se cumplieron las condiciones estatales que se tenían en el momento de firmar los contratos.

La medida fue apelada por la defensa de Alexandra Agudelo y Lina María Gil, así como por la Fiscalía y la Procuraduría, pero solo en el caso de Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, quien no fue acogido con la medida de aseguramiento.