Persisten amenazas a estudiantes y profesores de Eafit

“En la noche del 31 de agosto estaba caminando con un amigo por la avenida de El Poblado. Él llevaba su celular en la mano y estábamos hablando. Llegaron dos hombres en una moto, el parrillero me acorraló y me empezó a pegar, miré al conductor y me dijo que si no les entregaba el celular o computador me mataban. Le entregué el celular al que me golpeaba para ver si así se calmaba y me dejaba en paz. Pero el otro me reclamó por el computador, entonces se lo llevaron junto con mi morral. El parrillero me siguió pegando hasta que se fueron. Llamé a la Policía, les dije que era líder social y que se llevaron mi computador y celular. Ellos me preguntaron por la billetera, que no se la llevaron, tampoco el celular ni las pertenencias de mi amigo. Me dijeron que parecía un robo de información, me llevaron a la URI (Unidad de Respuesta Inmediata) y puse el denuncio”, cuenta David Pérez, activista y líder social en Medellín.

El hecho alarmó a David, pues se trató de una agresión directa que sucedía en el marco de las amenazas de muerte que recibió junto con otras 17 personas, entre estudiantes y profesores de la Universidad Eafit de la capital antioqueña. Las intimidaciones comenzaron a llegar el 4 de junio por correo electrónico y mensajes de texto, y algunas venían firmadas por las Águilas Negras, otras por el Clan del Golfo y por el Comité Anticomunista de Antioquia. La última la recibieron el 12 de noviembre, y aunque en principio eran 18 personas las que figuraban en las amenazas, en ocasiones suman y restan nombres. Eso sí, se mantienen por lo menos los nombres de 12 estudiantes y tres profesores de la institución.

“Ustedes huelen a muerto”, “adoctrinadores del terrorismo”, “traidores a su clase”, “lavadores de cerebros y promotores del vandalismo” eran algunas de las frases de los mensajes que amenazaban con destripamiento y descuartizamiento, que incluían invitación a honras fúnebres y además daban un plazo para abandonar la ciudad. Por eso Sebastián,* estudiante de Eafit, decidió dejar Medellín el 6 de junio para ponerse a salvo. Sin embargo, a mediados de octubre hubo un robo en la residencia en la que vivía con su familia. “Forzaron la puerta, entraron a mi casa y robaron solo en mi habitación. Dejaron muchas cosas de valor como computadores, televisores, dinero y demás. Llamaron a la policía y ellos dijeron que se trató de un robo de información porque se llevaron dispositivos en los que almacenaba datos relacionados con el movimiento estudiantil”, asegura.

Puede leer: Amenazas a estudiantes y profesores de Eafit y más noticias de Colombia, aquí.

Las razones de estos hostigamientos, sostiene Sebastián, están ligadas a las actividades que realizaron en la universidad en el marco del paro nacional 2021, y el objetivo era acabar con el movimiento estudiantil. Lo que no entienden es por qué persisten las amenazas cuando dicho movimiento ya no está activo: “Se acabó, nadie está participando, se desintegraron los grupos. Es triste, porque estábamos abogando por una sociedad más democrática y pluralista, así terminan tantos años de trabajo. La universidad es un espacio de discusión y es triste que pase esto y no haya respuesta contundente de las autoridades”.

La universidad ha estado al tanto de las denuncias y se ha pronunciado a través de comunicados públicos. En el último, emitido en agosto, repudiaba “las amenazas que han venido recibiendo algunos miembros de Eafit por sus posiciones, que pretenden acallar sus voces y negar su derecho a participar de una vida universitaria en libertad”. Además, le pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones e instaron “a todos los eafitenses e integrantes de la sociedad a continuar construyendo una sociedad más pluralista, tolerante e incluyente”. También ha facilitado los procesos de solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y lleva el proceso de la denuncia ante la Fiscalía. “Nos han dicho que tienen la voluntad, pero que no pueden hacer más. Ha puesto todo de su parte y lo último que nos ofrecieron fue ayudarnos a encontrar un intercambio en otras ciudades mientras baja un poco esta situación”, expresa Sebastián.

Han pasado más de cinco meses desde que empezaron las amenazas y las víctimas no se sienten seguras. “Decidí irme, por eso el sistema de alertas tempranas de la Alcaldía de Medellín me consiguió el pasaje”, relata David, quien está a la espera de que la UNP le asigne un esquema de protección, pues no tiene garantías para regresar. Varias de las víctimas se encuentran en la misma situación y se quejan de la larga espera. Frente a esto la UNP responde que las decisiones sobre las medidas las toma el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, y cuando les hacen la solicitud, implementan el esquema de seguridad. Dicho comité depende del Ministerio de Interior y desde allí aseguran que han activado los protocolos y rutas de atención.

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La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia tienen para estos casos una ruta de protección que consiste en resguardar a la persona en un hotel por un tiempo o sacarla de la ciudad mientras consiguen protección de la UNP. En el caso de David, recibió el apoyo para salir de la ciudad y su caso quedó en manos de la administración municipal de la ciudad a la que llegó.

Sin embargo, no ha recibido el esquema de la UNP y hay quejas recurrentes sobre las demoras en ese proceso. “La UNP es a escala nacional y hay una demora que siempre se ha presentado y que nos perjudica como administración, porque hemos tenido líderes durante cinco o seis meses cuando la ruta estipula que es máximo un mes”, señalan desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Sebastián, por su parte, sí cuenta con un esquema de seguridad de UNP. “Entré al programa porque puse una tutela y soy militante de la Unión Patriótica. Después de un fallo del Tribunal Superior de Medellín logré tener un esquema definitivo”, cuenta.

Del lado de la Gobernación de Antioquia aseguran que desde el 25 de junio se articularon con la Alcaldía de Medellín para garantizar los derechos de los líderes estudiantes afectados en conjunto con las autoridades competentes. En vista de que la vulneración ha persistido en el tiempo, “el pasado 19 de noviembre la Gobernación de Antioquia sostuvo reunión con el propósito de brindar asesoría e impulsar ante las autoridades competentes las acciones necesarias en el marco de la ruta de protección”, señala. Y añade que la institución “asumió el compromiso de brindar temporalmente como medida complementaria de protección, un apoyo para reubicación transitoria que permita la mitigación del riesgo aludido. Esta medida fue destinada a dos de los líderes, quienes manifestaron que debido al ejercicio público de su labor y al reconocimiento del que gozan, han sido especialmente amenazados”.

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“Lo que les estamos exigiendo a la Alcaldía y Gobernación es que en primer lugar rechacen este tipo de situaciones resaltando la labor que cumplen las personas con su liderazgo y reconocerlo valioso que es para la universidad de las personas que se estén preguntando por esas preocupaciones y realicen actividades sociales y políticas. No se ve una voluntad para tratar de investigar este tipo de amenazas, y lo otro es que no tienen protección hasta el momento porque la UNP es el organismo más ineficiente de este país y un análisis de riesgo puede demorar cuatro o cinco meses, y la única respuesta que le va a dar es un chaleco y un teléfono celular que no resuelven los problemas de seguridad”, asegura Yesid Zapata, miembro del Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Antioquia.

No se trata de un fenómeno nuevo en la ciudad, pues en otros momentos de la historia reciente ha habido ataques y amenazas contra estudiantes, principalmente de instituciones de educación superior públicas. “Durante décadas la alianza paraestatal, llamémoslo así, ha perseguido el movimiento social y asesinado a muchos de sus líderes, a otros los han silenciado o exiliado. En el escenario estudiantil estas amenazas buscan desestabilizarlo, impedir que se consolide un movimiento, en este caso el de Eafit. Eso rompe con la democracia”, analiza Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social.

Lea: El impacto de la pandemia sobre la población desplazada.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

“En la noche del 31 de agosto estaba caminando con un amigo por la avenida de El Poblado. Él llevaba su celular en la mano y estábamos hablando. Llegaron dos hombres en una moto, el parrillero me acorraló y me empezó a pegar, miré al conductor y me dijo que si no les entregaba el celular o computador me mataban. Le entregué el celular al que me golpeaba para ver si así se calmaba y me dejaba en paz. Pero el otro me reclamó por el computador, entonces se lo llevaron junto con mi morral. El parrillero me siguió pegando hasta que se fueron. Llamé a la Policía, les dije que era líder social y que se llevaron mi computador y celular. Ellos me preguntaron por la billetera, que no se la llevaron, tampoco el celular ni las pertenencias de mi amigo. Me dijeron que parecía un robo de información, me llevaron a la URI (Unidad de Respuesta Inmediata) y puse el denuncio”, cuenta David Pérez, activista y líder social en Medellín.

El hecho alarmó a David, pues se trató de una agresión directa que sucedía en el marco de las amenazas de muerte que recibió junto con otras 17 personas, entre estudiantes y profesores de la Universidad Eafit de la capital antioqueña. Las intimidaciones comenzaron a llegar el 4 de junio por correo electrónico y mensajes de texto, y algunas venían firmadas por las Águilas Negras, otras por el Clan del Golfo y por el Comité Anticomunista de Antioquia. La última la recibieron el 12 de noviembre, y aunque en principio eran 18 personas las que figuraban en las amenazas, en ocasiones suman y restan nombres. Eso sí, se mantienen por lo menos los nombres de 12 estudiantes y tres profesores de la institución.

“Ustedes huelen a muerto”, “adoctrinadores del terrorismo”, “traidores a su clase”, “lavadores de cerebros y promotores del vandalismo” eran algunas de las frases de los mensajes que amenazaban con destripamiento y descuartizamiento, que incluían invitación a honras fúnebres y además daban un plazo para abandonar la ciudad. Por eso Sebastián,* estudiante de Eafit, decidió dejar Medellín el 6 de junio para ponerse a salvo. Sin embargo, a mediados de octubre hubo un robo en la residencia en la que vivía con su familia. “Forzaron la puerta, entraron a mi casa y robaron solo en mi habitación. Dejaron muchas cosas de valor como computadores, televisores, dinero y demás. Llamaron a la policía y ellos dijeron que se trató de un robo de información porque se llevaron dispositivos en los que almacenaba datos relacionados con el movimiento estudiantil”, asegura.

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Las razones de estos hostigamientos, sostiene Sebastián, están ligadas a las actividades que realizaron en la universidad en el marco del paro nacional 2021, y el objetivo era acabar con el movimiento estudiantil. Lo que no entienden es por qué persisten las amenazas cuando dicho movimiento ya no está activo: “Se acabó, nadie está participando, se desintegraron los grupos. Es triste, porque estábamos abogando por una sociedad más democrática y pluralista, así terminan tantos años de trabajo. La universidad es un espacio de discusión y es triste que pase esto y no haya respuesta contundente de las autoridades”.

La universidad ha estado al tanto de las denuncias y se ha pronunciado a través de comunicados públicos. En el último, emitido en agosto, repudiaba “las amenazas que han venido recibiendo algunos miembros de Eafit por sus posiciones, que pretenden acallar sus voces y negar su derecho a participar de una vida universitaria en libertad”. Además, le pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones e instaron “a todos los eafitenses e integrantes de la sociedad a continuar construyendo una sociedad más pluralista, tolerante e incluyente”. También ha facilitado los procesos de solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y lleva el proceso de la denuncia ante la Fiscalía. “Nos han dicho que tienen la voluntad, pero que no pueden hacer más. Ha puesto todo de su parte y lo último que nos ofrecieron fue ayudarnos a encontrar un intercambio en otras ciudades mientras baja un poco esta situación”, expresa Sebastián.

Han pasado más de cinco meses desde que empezaron las amenazas y las víctimas no se sienten seguras. “Decidí irme, por eso el sistema de alertas tempranas de la Alcaldía de Medellín me consiguió el pasaje”, relata David, quien está a la espera de que la UNP le asigne un esquema de protección, pues no tiene garantías para regresar. Varias de las víctimas se encuentran en la misma situación y se quejan de la larga espera. Frente a esto la UNP responde que las decisiones sobre las medidas las toma el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, y cuando les hacen la solicitud, implementan el esquema de seguridad. Dicho comité depende del Ministerio de Interior y desde allí aseguran que han activado los protocolos y rutas de atención.

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La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia tienen para estos casos una ruta de protección que consiste en resguardar a la persona en un hotel por un tiempo o sacarla de la ciudad mientras consiguen protección de la UNP. En el caso de David, recibió el apoyo para salir de la ciudad y su caso quedó en manos de la administración municipal de la ciudad a la que llegó.

Sin embargo, no ha recibido el esquema de la UNP y hay quejas recurrentes sobre las demoras en ese proceso. “La UNP es a escala nacional y hay una demora que siempre se ha presentado y que nos perjudica como administración, porque hemos tenido líderes durante cinco o seis meses cuando la ruta estipula que es máximo un mes”, señalan desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Sebastián, por su parte, sí cuenta con un esquema de seguridad de UNP. “Entré al programa porque puse una tutela y soy militante de la Unión Patriótica. Después de un fallo del Tribunal Superior de Medellín logré tener un esquema definitivo”, cuenta.

Del lado de la Gobernación de Antioquia aseguran que desde el 25 de junio se articularon con la Alcaldía de Medellín para garantizar los derechos de los líderes estudiantes afectados en conjunto con las autoridades competentes. En vista de que la vulneración ha persistido en el tiempo, “el pasado 19 de noviembre la Gobernación de Antioquia sostuvo reunión con el propósito de brindar asesoría e impulsar ante las autoridades competentes las acciones necesarias en el marco de la ruta de protección”, señala. Y añade que la institución “asumió el compromiso de brindar temporalmente como medida complementaria de protección, un apoyo para reubicación transitoria que permita la mitigación del riesgo aludido. Esta medida fue destinada a dos de los líderes, quienes manifestaron que debido al ejercicio público de su labor y al reconocimiento del que gozan, han sido especialmente amenazados”.

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“Lo que les estamos exigiendo a la Alcaldía y Gobernación es que en primer lugar rechacen este tipo de situaciones resaltando la labor que cumplen las personas con su liderazgo y reconocerlo valioso que es para la universidad de las personas que se estén preguntando por esas preocupaciones y realicen actividades sociales y políticas. No se ve una voluntad para tratar de investigar este tipo de amenazas, y lo otro es que no tienen protección hasta el momento porque la UNP es el organismo más ineficiente de este país y un análisis de riesgo puede demorar cuatro o cinco meses, y la única respuesta que le va a dar es un chaleco y un teléfono celular que no resuelven los problemas de seguridad”, asegura Yesid Zapata, miembro del Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Antioquia.

No se trata de un fenómeno nuevo en la ciudad, pues en otros momentos de la historia reciente ha habido ataques y amenazas contra estudiantes, principalmente de instituciones de educación superior públicas. “Durante décadas la alianza paraestatal, llamémoslo así, ha perseguido el movimiento social y asesinado a muchos de sus líderes, a otros los han silenciado o exiliado. En el escenario estudiantil estas amenazas buscan desestabilizarlo, impedir que se consolide un movimiento, en este caso el de Eafit. Eso rompe con la democracia”, analiza Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social.

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*Nombre cambiado por petición de la fuente.