Piden revocar día cívico por visita del papa Francisco a Medellín

Entre la evidente euforia que ha causado en la población católica la visita del papa Francisco a Colombia, han surgido voces críticas ante este hecho, sobre todo, por lo involucrado que ha estado el Gobierno con este acontecimiento. Aunque la mayoría de esas voces se han sentido en redes sociales, ahora hay quienes están tomando acciones concretas. Es el caso de Federico Mejía Posada, un ingeniero mecánico antioqueño que solicitó a la Alcaldía de Medellín que se revoque el decreto que declaró día cívico por la llegada del jefe del estado Vaticano.

Mejía, en la solicitud radicada este jueves, argumentó que, poco después del anuncio de la visita del papa a Colombia, “la administración nacional y municipal empezaron a promover tal visita, a involucrarse en este proceso y a destinar múltiples fondos públicos a este acontecimiento”, a lo que se sumó un decreto del pasado 29 de agosto, firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, en el que se ordenó que este sábado sea día cívico en Medellín.

Sobre esta decisión, Mejía dijo, en diálogo con El Espectador, que “estaba muy indignado al ver la alianza entre la Alcaldía de Medellín con la arquidiócesis, que es una organización religiosa. Busqué ayuda y asesoría en el consultorio jurídico de la Universidad Eafit y, encontramos que, en efecto, parece que lo que el alcalde hizo viola la Constitución. Es muy relevante respetar las reglas, no importa si uno es el alcalde y el presidente”.

El problema, explicó Mejía, es que la decisión del alcalde contradice la jurisprudencia colombiana respecto a este tema. Para sustentarlo, acudió a la Constitución de 1991 que suprimió al catolicismo como la religión oficial de Colombia; a la sentencia C-350 de 1994, sobre la separación de religión y Estado, en la que asegura que, porque sea la “más extendida en el país, no implica que esta pueda recibir un tratamiento especial”.

Además, habló de la sentencia C-152 de 2003 que le prohíbe al Estado establecer una religión oficial, identificarse formalmente con una creencia, realizar actos de adhesión (así sean simbólicos), tomar decisiones de carácter religioso y adoptar políticas para beneficiar o perjudicar a una religión, y a la C-817 de 2011 en la que se argumenta que “el estado laico y el pluralismo religioso, no solo tienen sustento en la cláusula de libertad religiosa del artículo 19 de la Constitución Política, sino también en la definición del estado como democrático, participativo y pluralista”.

Así, con estos argumentos, Mejía criticó duramente la decisión que da el día libre en entidades públicas de Medellín y que promueve que organizaciones privadas también lo hagan, pues “refleja que la administración está favoreciendo y promoviendo una religión específica”. A lo que se suman las críticas de Mejía por una posible adhesión, prohibidas por la Corte Constitucional, entre la alcaldía y la Arquidiócesis de Medellín, que “debería estar promoviendo la visita de forma junto con los privados que así lo deseen”.

Para finalizar su solicitud, Mejía puntualizó que, el deber de la administración es realizar ciertas actividades en el marco de la visita, “con el fin de que el acontecimiento no genere un traumatismo en las actividades normales de la ciudad, tales como realizar operaciones de Policía y Tránsito para controlar el tráfico y la seguridad”. Sobre la solicitud, Mejía asegura que sabe que no recibirá respuesta del alcalde, aun insiste en que buscará ejercer “otros mecanismos; espero ir donde un juez que declare nulo eso y esperar cuál es la decisión del sistema judicial. Lo que quiero resaltar es que es un asunto de respeto a las instituciones”.

También reiteró a El Espectador que las acciones que está emprendiendo no son porque no esté de acuerdo con la visita del papa, pues considera que “es alguien que muchas personas quieren ver y entiendo que la mayoría de colombianos son católicos” y que si organizaciones privadas, como su universidad, cesan actividades el sábado, no hay problema. Sus críticas están es dirigidas a que desde el Estado no se favorezca a una religión en específica.

Entre la evidente euforia que ha causado en la población católica la visita del papa Francisco a Colombia, han surgido voces críticas ante este hecho, sobre todo, por lo involucrado que ha estado el Gobierno con este acontecimiento. Aunque la mayoría de esas voces se han sentido en redes sociales, ahora hay quienes están tomando acciones concretas. Es el caso de Federico Mejía Posada, un ingeniero mecánico antioqueño que solicitó a la Alcaldía de Medellín que se revoque el decreto que declaró día cívico por la llegada del jefe del estado Vaticano.

Mejía, en la solicitud radicada este jueves, argumentó que, poco después del anuncio de la visita del papa a Colombia, “la administración nacional y municipal empezaron a promover tal visita, a involucrarse en este proceso y a destinar múltiples fondos públicos a este acontecimiento”, a lo que se sumó un decreto del pasado 29 de agosto, firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, en el que se ordenó que este sábado sea día cívico en Medellín.

Sobre esta decisión, Mejía dijo, en diálogo con El Espectador, que “estaba muy indignado al ver la alianza entre la Alcaldía de Medellín con la arquidiócesis, que es una organización religiosa. Busqué ayuda y asesoría en el consultorio jurídico de la Universidad Eafit y, encontramos que, en efecto, parece que lo que el alcalde hizo viola la Constitución. Es muy relevante respetar las reglas, no importa si uno es el alcalde y el presidente”.

El problema, explicó Mejía, es que la decisión del alcalde contradice la jurisprudencia colombiana respecto a este tema. Para sustentarlo, acudió a la Constitución de 1991 que suprimió al catolicismo como la religión oficial de Colombia; a la sentencia C-350 de 1994, sobre la separación de religión y Estado, en la que asegura que, porque sea la “más extendida en el país, no implica que esta pueda recibir un tratamiento especial”.

Además, habló de la sentencia C-152 de 2003 que le prohíbe al Estado establecer una religión oficial, identificarse formalmente con una creencia, realizar actos de adhesión (así sean simbólicos), tomar decisiones de carácter religioso y adoptar políticas para beneficiar o perjudicar a una religión, y a la C-817 de 2011 en la que se argumenta que “el estado laico y el pluralismo religioso, no solo tienen sustento en la cláusula de libertad religiosa del artículo 19 de la Constitución Política, sino también en la definición del estado como democrático, participativo y pluralista”.

Así, con estos argumentos, Mejía criticó duramente la decisión que da el día libre en entidades públicas de Medellín y que promueve que organizaciones privadas también lo hagan, pues “refleja que la administración está favoreciendo y promoviendo una religión específica”. A lo que se suman las críticas de Mejía por una posible adhesión, prohibidas por la Corte Constitucional, entre la alcaldía y la Arquidiócesis de Medellín, que “debería estar promoviendo la visita de forma junto con los privados que así lo deseen”.

Para finalizar su solicitud, Mejía puntualizó que, el deber de la administración es realizar ciertas actividades en el marco de la visita, “con el fin de que el acontecimiento no genere un traumatismo en las actividades normales de la ciudad, tales como realizar operaciones de Policía y Tránsito para controlar el tráfico y la seguridad”. Sobre la solicitud, Mejía asegura que sabe que no recibirá respuesta del alcalde, aun insiste en que buscará ejercer “otros mecanismos; espero ir donde un juez que declare nulo eso y esperar cuál es la decisión del sistema judicial. Lo que quiero resaltar es que es un asunto de respeto a las instituciones”.

También reiteró a El Espectador que las acciones que está emprendiendo no son porque no esté de acuerdo con la visita del papa, pues considera que “es alguien que muchas personas quieren ver y entiendo que la mayoría de colombianos son católicos” y que si organizaciones privadas, como su universidad, cesan actividades el sábado, no hay problema. Sus críticas están es dirigidas a que desde el Estado no se favorezca a una religión en específica.