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El Palacio Municipal de Caucasia, Antioquia, está embargado como garantía de pago de una deuda de casi $5.000 millones que el municipio tiene con la Corporación Ambiental Regional (Corantioquia). La medida, según explicó la cabildante de En Marcha y líder de la oposición, Surany Arboleda Arias, en sesión del Concejo, se debe a obligaciones financieras acumuladas entre 2015 y 2023, relacionadas con sanciones impuestas por el vertimiento de aguas residuales al río Cauca.
El acuerdo de pago fue firmado en julio de 2024 por la administración municipal, liderada por el alcalde Johan Montes. Este compromiso estipuló el pago en 84 cuotas mensuales, con una inicial del 5% de la deuda. Como parte del acuerdo, el municipio ofreció como garantía los predios donde opera la Alcaldía.
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Según el secretario de Hacienda de Caucasia, John Navarro, el proceso comenzó en 2016 cuando la entidad ambiental emitió un cobro persuasivo debido a vertimientos de aguas residuales. Ante la falta de respuesta, en 2017 se inició un cobro coactivo, y en febrero de 2024 se emitió un mandamiento de pago. “En ese momento, el alcalde Montes me autorizó a negociar con Corantioquia. Encontramos que la deuda ascendía a $4.838 millones, y optamos por un acuerdo de pago que ofreciera mejores condiciones económicas para el municipio”, explicó Navarro a Noticias Caucasia.
El funcionario añadió que se evaluaron opciones como créditos bancarios, pero estos presentaban tasas de interés más altas que las de Corantioquia. Por ello, el municipio ofreció el Palacio Municipal como garantía, utilizando la figura legal del embargo en lugar de una hipoteca para evitar costos adicionales.
Corantioquia aclaró que el embargo del Palacio Municipal no implica la intervención o pérdida del predio, siempre que se cumplan los pagos pactados. Además, explicaron que el municipio puede sustituir esta garantía por otro bien de igual o mayor valor si así lo solicita y cumple con los requisitos legales. “Cuando se pague la totalidad de la obligación contenida dentro del acuerdo, la Corporación procederá a ejecutar las acciones correspondientes para desembargar este bien inmueble”.
Para la concejala Surany Arboleda, la decisión de ofrecer la sede administrativa como garantía debió ser discutida en el Concejo Municipal, aunque la normativa no exige este paso. En declaraciones a El Colombiano, la concejala cuestionó la gestión del alcalde y señaló la falta de información sobre el acuerdo. “Yo me enteré por comentarios de pasillo. Tuve que enviar un derecho de petición a Corantioquia para conocer los detalles”, afirmó.
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“Estamos hablando de un inmueble donde funcionan varias dependencias esenciales para los 130.000 habitantes de Caucasia. Si se pierde este bien, nos tocaría buscar otra sede para la administración, algo que no está contemplado”, añadió la concejala.
El secretario de Hacienda, John Navarro, afirmó que la solución definitiva para evitar sanciones similares en el futuro sería la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cada una con un costo estimado de $60.000 millones. Sin embargo, el municipio no cuenta con los recursos necesarios y está gestionando apoyo financiero del Gobierno Nacional y departamental.
Mientras tanto, el acuerdo con Corantioquia sigue en pie, y el municipio ha cumplido con el pago de las primeras cinco cuotas, equivalentes a $350 millones. Según el funcionario, la medida de embargo es “normal” en acuerdos de este tipo y no afecta directamente el funcionamiento del Palacio Municipal.