Polémica en Personería de Medellín: contratista falsificó documentos para ingresar

Camilo Francisco Salas Santos, condenado por intento de feminicidio en 2016 e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta 2025, habría falsificado documentos para acceder a un contrato como comunicador social en la Personería de Medellín. Salas Santos, de 35 años, comenzó a trabajar en septiembre de 2024, pero diez semanas después detectaron inconsistencias en el certificado de antecedentes que presentó para el proceso contractual.

La entidad identificó que el documento emitido por la Procuraduría había sido alterado para eliminar la sanción disciplinaria vigente. Ante esta situación, la Personería terminó el contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía para que investigue una posible falsificación de documento público. Además, compulsó copias a la Procuraduría para verificar responsabilidades.

Lea: Encienden el árbol de Navidad más grande de Colombia: ¿dónde queda?

“Se tomó la decisión de terminar el contrato ya mencionado y, de manera preventiva, se apartó de las actividades contractuales a la persona encargada de verificar la documentación de este contrato, siendo reubicada en otra dependencia”, explicó el personero de Medellín, Mefi Boset Rave.

Según los registros judiciales, Salas Santos fue capturado en mayo de 2016 por intentar asesinar a su expareja, Ruby Solanny Guisao Guisao, quien en ese entonces estaba embarazada. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2015 en el municipio de La Estrella, Antioquia, cuando Salas Santos simuló una avería en el vehículo en el que se desplazaban y dos hombres en motocicleta atacaron a la mujer con arma blanca. Guisao recibió 30 puñaladas, pero logró sobrevivir junto con su hijo.

Durante el proceso judicial, revelaron que Salas Santos había solicitado a la mujer interrumpir el embarazo, pero ante su negativa, organizó el ataque. En octubre de 2016, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. Quedó en libertad condicional en abril de 2020 y definitiva en diciembre de 2023, pero mantenía la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Le puede interesar: Asesinaron a disparos a un joven durante una cabalgata en Caloto, Cauca

La Personería detalló que las irregularidades se detectaron durante una revisión de los contratos publicados en la plataforma SECOP II, donde se encontraron diferencias entre la información oficial y el certificado presentado por Salas Santos. Por esta razón, también inició un proceso disciplinario interno para evaluar las responsabilidades administrativas.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso, debido a que Salas Santos fue cercano a su campaña, pero no se le otorgó acreditación como testigo electoral tras conocerse su historial judicial. “Antes de la carnetización y de poder acreditar a esas personas, justamente se descubre y descubrimos nosotros que esa persona había cometido un delito de estos tan grave. Inmediatamente no se le da la certificación y es expulsado”, afirmó el mandatario.

Además, Gutiérrez pidió revisar exhaustivamente los procesos internos en el sector público para prevenir la contratación de personas con antecedentes judiciales. En el caso de Salas Santos, se investiga si también utilizó documentación falsa en contratos previos, como uno realizado con el ITM por 11 millones de pesos a comienzos de 2024.

Camilo Francisco Salas Santos, condenado por intento de feminicidio en 2016 e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta 2025, habría falsificado documentos para acceder a un contrato como comunicador social en la Personería de Medellín. Salas Santos, de 35 años, comenzó a trabajar en septiembre de 2024, pero diez semanas después detectaron inconsistencias en el certificado de antecedentes que presentó para el proceso contractual.

La entidad identificó que el documento emitido por la Procuraduría había sido alterado para eliminar la sanción disciplinaria vigente. Ante esta situación, la Personería terminó el contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía para que investigue una posible falsificación de documento público. Además, compulsó copias a la Procuraduría para verificar responsabilidades.

Lea: Encienden el árbol de Navidad más grande de Colombia: ¿dónde queda?

“Se tomó la decisión de terminar el contrato ya mencionado y, de manera preventiva, se apartó de las actividades contractuales a la persona encargada de verificar la documentación de este contrato, siendo reubicada en otra dependencia”, explicó el personero de Medellín, Mefi Boset Rave.

Según los registros judiciales, Salas Santos fue capturado en mayo de 2016 por intentar asesinar a su expareja, Ruby Solanny Guisao Guisao, quien en ese entonces estaba embarazada. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2015 en el municipio de La Estrella, Antioquia, cuando Salas Santos simuló una avería en el vehículo en el que se desplazaban y dos hombres en motocicleta atacaron a la mujer con arma blanca. Guisao recibió 30 puñaladas, pero logró sobrevivir junto con su hijo.

Durante el proceso judicial, revelaron que Salas Santos había solicitado a la mujer interrumpir el embarazo, pero ante su negativa, organizó el ataque. En octubre de 2016, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. Quedó en libertad condicional en abril de 2020 y definitiva en diciembre de 2023, pero mantenía la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Le puede interesar: Asesinaron a disparos a un joven durante una cabalgata en Caloto, Cauca

La Personería detalló que las irregularidades se detectaron durante una revisión de los contratos publicados en la plataforma SECOP II, donde se encontraron diferencias entre la información oficial y el certificado presentado por Salas Santos. Por esta razón, también inició un proceso disciplinario interno para evaluar las responsabilidades administrativas.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso, debido a que Salas Santos fue cercano a su campaña, pero no se le otorgó acreditación como testigo electoral tras conocerse su historial judicial. “Antes de la carnetización y de poder acreditar a esas personas, justamente se descubre y descubrimos nosotros que esa persona había cometido un delito de estos tan grave. Inmediatamente no se le da la certificación y es expulsado”, afirmó el mandatario.

Además, Gutiérrez pidió revisar exhaustivamente los procesos internos en el sector público para prevenir la contratación de personas con antecedentes judiciales. En el caso de Salas Santos, se investiga si también utilizó documentación falsa en contratos previos, como uno realizado con el ITM por 11 millones de pesos a comienzos de 2024.