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El florero de Llorente fue la tercera casa que las autoridades se preparaban para demoler en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Se trata de la vivienda de Inti Zegarrainti, quien vive desde hace 50 años en el sector, pero que hasta hace poco pudo construir su propio espacio.
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Como este caso, hay más de 400 viviendas que deberán ser demolidas en el corregimiento debido a que no cumplen con las normas urbanísticas que se establecen en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, y que consideran a la zona un resguardo forestal y patrimonio ecológico y arqueológico.
Aunque todo estaba listo para que el procedimiento se realizara el lunes 29 de mayo, habitantes del sector salieron a protestar e impidieron que se tocara la casa a tal punto que, por recomendación de la Corregidura de Santa Elena, se suspendió el proceso ante la presencia de personas en estado de alicoramiento y la falta de garantías para que la demolición no terminara en actos violentos.
“En aras de salvaguardar los derechos humanos de las personas, así como la integridad, tanto de los habitantes como de los funcionarios, hemos tomado la decisión de suspender esta diligencia, no sin antes señalar que se remitirá el correspondiente informe de servidor público al ente perseguidor penal, esto es la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las investigaciones correspondientes. Asimismo, informamos que continuaremos realizando todas las actividades en materia de control, como lo ordena la ley”, dijo la corregidora de Santa Elena, Eliana Gómez.
El problema viene desde hace tiempo. En la zona está prohibido construir condominios o parcelar, pero desde hace un tiempo se vienen vendiendo lotes de 500 y 1.000 metros cuadrados, donde se ha ido construyendo sin permiso. “Cada metro cuadrado se vende entre $120.000 y $200.000, lo que quiere decir que un lote de 1.000 metros puede costar entre $120 millones a $200 millones”, dijo a El Colombiano Parménides Erazo, edil del corregimiento.
Pero los habitantes de la zona indican que no todo ha sido tan simple, pues, por un lado, indican que la norma urbanística, que se estableció desde el 2004, no ha sido del todo clara en su aplicabilidad, mientras que, por otro lado, hay dinámicas que favorecieron la construcción de viviendas, como que, por ejemplo, luego de construir la casa, las personas si se acercaran a la Corregidura, pero a pagar la multa, esperando que no ocurriera nada más a futuro.
Ante esto, lo que piden a las autoridades es que continúen con las mesas de negociación que se establecieron desde el pasado 25 de mayo para buscar soluciones conjuntas, que dejen como última opción la demolición de las viviendas. Al respecto, la Alcaldía de Medellín indicó que está dispuesta a dialogar y buscar soluciones, “no obstante, hace un llamado a la comunidad al respeto por las normas que son de obligatorio cumplimiento por parte de la institucionalidad. Los procesos que se llevan a cabo por vulnerarlas, seguirán su curso y sanción”.