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La Procuraduría inhabilitó a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruíz, por ocho años para ejercer cargos públicos por las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato del programa Buen Comienzo.
La decisión fue tomada en primera instancia por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 por un contrato que se firmó en 2020 para la prestación de servicios de atención a niños de hasta cinco años, madres embarazadas y madres lactantes.
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Según el ente de control, Agudeli, haciendo parte del comité que analizaba la etapa precontractual, decidió que el contrato se firmara de manera directa con Colombia Avanza, certificando que cumplía con la experiencia y la idoneidad.
Pero, según la Procuraduría, la modalidad escogida “no se ajustaba al objeto y la necesidad” del contrato, que obligaban a la Secretaría de Educación de Medellín a iniciar una convocatoria abierta, por lo que el ente de control consideró a Agudelo “responsable de la falta calificada como gravísima, cometida a título de culpa gravísima”.
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Mientras tanto, el abogado apoderado de la exsecretaria señaló que en este proceso, que inició en enero de 2022, cuando la PGN abrió indagación preliminar y luego en mayo de 2023 formuló pliego de cargos, “conforme al acervo probatorio recopilado, quedaba demostrada la total ausencia de responsabilidad” de Agudelo. Según él, no se la puede señalar como responsable cuando no era la única que integraba el comité técnico encargado de la etapa precontractual que definió la modalidad de contratación.
En este caso, penalmente se involucró a Agudelo, a la exdirectora del programa Buen Comienzo, Lina Gil, y el exrepresentante de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
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En febrero de 2023, Alexandra Agudelo renunció a la secretaria de Educación para defenderse en este proceso penal, después que la jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín, ordenó prisión domiciliaria en su contra. Con esta decisión, ella consiguió que se le levantara dicha medida de aseguramiento.