Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General de la Nación anunció la designación de una Agencia Especial para investigar la muerte de dos niños, de dos años, bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el Valle de Aburrá.
El primer caso ocurrió en agosto, en el que una niña de dos años de una comunidad indígena falleció bajo protección del ICBF en Medellín. La menor de edad, quien estaba en un hogar sustituto y presentaba una cardiopatía congénita, murió en el Hospital San Vicente Fundación después de haber tenido problemas de salud previos.
Lea: ¿Por qué decretaron ley seca en Rionegro este fin de semana?
El otro niño falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde permaneció casi dos semanas, debido a una emergencia médica. La investigación busca determinar las circunstancias y la atención brindada al menor de edad en el sistema de protección.
El ICBF explicó que el niño, que presentaba condiciones médicas complejas desde su nacimiento, estaba bajo la custodia de una madre sustituta que activó la ruta de emergencia el 25 de octubre. Esto condujo a su ingreso al hospital para recibir atención médica especializada. La entidad afirmó que, desde su ingreso al sistema de protección, se había gestionado el acompañamiento en salud necesario, debido a las condiciones de salud preexistentes.
Le puede interesar: Retrasos en obras de reparación en Sinaí, Medellín, tiene a estas zonas sin agua
Para esclarecer la responsabilidad en ambos casos, la Procuraduría designó a Francisco Alirio Serna Aristizábal, Procurador 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres.
Además, la Procuraduría solicitó información al director regional del ICBF en Antioquia, Edgar Quevedo, sobre las medidas de restablecimiento de derechos implementadas, las razones del ingreso de los niños al sistema de protección, y la calidad de los servicios brindados. El ente de control reiteró la necesidad de asegurar la protección integral de los derechos de los niños y niñas bajo la custodia del Estado, especialmente en los casos en que su bienestar y su salud puedan estar en riesgo.