Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Cumplidos once días de paro minero, el Ministerio de Minas llegó a un acuerdo con los manifestantes en el que se incluyeron varios compromisos para buscar su formalización, uno de los puntos que están dentro del pliego de peticiones que le hicieron los manifestantes a la gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional.
Lea: La polémica alrededor de la nueva tasa de seguridad en Santander
Según indicó el Ministerio de Minas, “creamos la Mesa Social y Minera por la Vida y la Paz del Nordeste Antioqueño, como un espacio de diálogo permanente y equitativo para atender las problemáticas estructurales de los y las mineras de esa zona del país”.
Sumado a esto, se indicó que dentro de la mesa habrá representación equitativa de entidades públicas y organizaciones agromineras, participación para las mujeres y se tendrá una secretaría técnica conjunta para un trabajo colaborativo entre el Estado y los mineros.
El paro minero comenzó el 24 de marzo y tuvo como epicentro el corregimiento de Santo Domingo, específicamente en el sector de Porce. En este lugar se mantiene el bloqueo de una vía clave que conecta a Medellín con el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio.
Le puede interesar: Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, denuncia suplantación por WhatsApp
En estos días de paro, más de 30.000 vehículos han dejado de circular por las rutas bloqueadas y cerca de 1.500 vehículos de carga han quedado quietos a diario. Esta situación también paralizó el transporte de bienes y productos esenciales para la región.
Desde la gobernación se limitó el diálogo al levantamiento de los bloqueos, a lo que el gobernador Andrés Julián Rendón señaló: “nosotros hemos ofrecido una disposición de diálogo siempre y cuando se levanten los bloqueos. Es una condición que se mantendrá. Las libertades de quienes protestan terminan donde comienzan las de los otros ciudadanos que están siendo afectados”.
Nuestro compromiso con la #MineríaParaLaVida es inclaudicable, así como nuestra voluntad de honrar nuestros compromisos, como lo es la Resolución 40081, a través de la cual creamos la Mesa Social y Minera por la Vida y la Paz del Nordeste Antioqueño, como un espacio de diálogo… pic.twitter.com/KPtuUZincT
— Minenergía (@MinEnergiaCo) April 3, 2025
Además, Rendón indicó que solicitó la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear las vías, pero que esta operación no se materializó, debido a la necesidad de obtener el aval de la Procuraduría, la Defensoría y del Gobierno Nacional.
Por otro lado, Rendón aprovechó la situación para recordar que en diciembre de 2023, el Gobierno Nacional tomó la decisión de retirar la delegación minera que había sido otorgada a Antioquia y que le permitía a la Gobernación ejercer competencias en cuanto a la formalización de la minería y a la fiscalización de las actividades extractivas.
Desde ese momento, el control sobre la minería pasó a depender directamente del Gobierno, lo que generó un vacío de autoridad a nivel departamental en cuanto a la resolución de los conflictos mineros.
Esto también provocó la reacción de la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte, que, aunque no se encuentra en la jurisdicción directamente afectada por los bloqueos, emitió un comunicado rechazando las medidas de protesta; las empresas de la región, especialmente aquellas que dependen del transporte de materias primas, se vieron afectadas por la interrupción de las vías.
Las protestas las realizan los mineros para exigirle al Gobierno nacional y departamental acciones que garanticen la promesa de la formalización minera, detener los operativos de las autoridades en los que se está destruyendo maquinaria amarilla de tal forma que se den las condiciones a quienes no realizan minería ilegal, así como piden reforzar las medidas de seguridad en la región, en la que ha aumentado la violencia por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Al acuerdo mencionado al inicio, se suma la expedición de una resolución que crea nuevos criterios de los mineros y lineamientos que diferencian la minería tradicional y la informal, con vocación de legalización que permitan su formalización.