Violencia en Antioquia: asesinan a líder social en Andes

Son 295 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante este 2020, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz.

Foto: Archivo

Alirio de Jesús Serna Sierra, de 55 años de edad, fue asesinado este jueves 17 de diciembre en la vereda La Esperanza del corregimiento San José del municipio Andes, Antioquia. Serna era reconocido por ser gestor de proyectos comunales. Su esposa, es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza.

Hombres llegaron hasta la vivienda de Serna y lo asesinaron con arma de fuego. Según la Policía, en los hechos resultó herido un adulto mayor de entre 97 y 98 años de edad. Con el homicidio de Serna, son 295 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante este 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Frente al aumento de la violencia en Antioquia, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías a Defensores de Derechos Humanos de Antioquia pidieron intervención del Gobierno Nacional. En un documento, aseguran que los municipios Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, están en alto riesgo. De acuerdo con datos suministrados por esas organizaciones, en ese departamento ya van 23 masacres en 2020, de la cuales 12 han sido en el Bajo Cauca. A eso se le suman 26 asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, desapariciones y torturas.

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“En diversos escenarios hemos advertido acerca del control de estos grupo y cómo la ingobernabilidad generada por la estrategia de omisión del Presidente y del Gobernador de Antioquia nos lleva deliberadamente al abismo de la violencia. Las respuestas institucionales parecen un manual que determina una carrera de errores intencionales que no buscan acabar ni desmantelar un paramilitarismo dominante e imponente del terror en los territorios”, manifiestan desde esas organizaciones.

Entre las peticiones que hacen en el comunicado está que se decrete al Bajo Cauca como zona de crisis humanitaria y se establezcan todas las acciones interinstitucionales para prevenir y garantizar la vida de la población. Asimismo, alertan sobre una posible realización de nuevos hechos de violencia contra la población como: homicidios selectivos, masacres, desapasiones forzadas, ataques contra la población, enfrentamientos armados, intimidaciones, desplazamientos forzados masivos e individuales, reclutamiento, entre otros hechos de violación y vulneración de derechos humanos.

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