“No me considero enemigo de nadie”: periodista Juan Pablo Barrientos

¿Desde hace cuánto investiga la pederastia de los sacerdotes católicos colombianos y cómo llegó a ese tema tan específico en el amplio mundo de las noticias?

Me entusiasmé con este tema en 2016, cuando vi la película Spotlight sobre los reporteros de The Boston Globe que descubrieron una red de curas pederastas en la Arquidiócesis de la ciudad. Esa investigación le costó el puesto al muy poderoso cardenal Bernard Law. Al final de la película, antes de que terminaran los créditos, se veía un listado de 206 capitales del mundo en donde se había encubierto a decenas de curas pederastas. La única ciudad colombiana que estaba ahí era Medellín, que cuenta con el mayor número de sacerdotes católicos de América Latina. Ese dato me llamó la atención porque nací y crecí allá. En ese momento, comencé a adelantar mi propia investigación.

¿Cuántos libros ha publicado sobre pederastia en la Iglesia católica y cuántos procesos judiciales han suscitado en su contra?

He publicado dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Tras el primero, interpusieron contra mí tres tutelas y cuatro denuncias penales. Con el segundo, tuve que responder siete tutelas. He ganado todos los procesos en primera y segunda instancia, excepto tres denuncias penales que no han sido resueltas y fueron interpuestas por el sacerdote telepredicador Carlos Yepes, el cura más poderoso de Antioquia. Este fue denunciado por tres hombres que afirman que fueron abusados sexualmente por él cuando eran niños. Yepes fue suspendido del ejercicio sacerdotal directamente por el papa Francisco.

¿Por qué se produjo la suspensión papal? ¿No existen otras instancias previas en la Iglesia?

Claro que sí. Ha debido suspenderlo el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, después de que recibió tres denuncias verosímiles de abuso sexual a menor de edad. Cuando el papa fue informado de la inacción del arzobispo Tobón y supo que este no había hecho nada, ordenó suspender al sacerdote Yepes. El Colombiano publicó la noticia en su momento que, según decía, había sido confirmada por una de sus fuentes en el Vaticano.

Esta semana la Corte Constitucional seleccionó, para revisión, una tutela en la que usted y su derecho a recibir respuestas de la Iglesia sobre su investigación de pederastia son el centro de la controversia. Pero la Corte ya había estudiado otra tutela por el mismo motivo. ¿Por qué se va a ocupar del caso por segunda vez?

Por hechos similares a la primera vez. El 3 de marzo del año 2020, la Corte Constitucional se pronunció, (Sentencia T-091-20), en el sentido de que la Arquidiócesis de Medellín tenía la obligación de responder los derechos de petición que le envié para preguntar por la trayectoria y las posibles denuncias en contra de sacerdotes cuya identidad relacioné. Después de la decisión de la Corte, la Arquidiócesis contestó tres peticiones en las que yo preguntaba por 105 curas, de los cuales, de acuerdo con la respuesta de la Arquidiócesis, la tercera parte había sido denunciada por violencia sexual contra menores de edad. Ese dato me pareció escandaloso, motivo por el cual le envié un nuevo derecho de petición a monseñor Tobón, en febrero del 2021, pidiéndole información sobre el resto de los sacerdotes de su Arquidiócesis: 915 curas. El arzobispo no quiso contestar. Por eso interpuse una nueva tutela. Me dieron la razón en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo y negó el amparo, desconociendo la sentencia de marzo del 2020. Este es el caso que acaba de seleccionar, para revisión, la Corte Constitucional.

Entonces, ¿el arzobispo de Medellín desafió la orden constitucional de entregarle la información que usted solicitó, aunque fuera molesta para la Iglesia?

Así es. Pero no solo desobedeció el arzobispo Tobón Restrepo, quien ha encubierto a decenas de sacerdotes pederastas, como lo he demostrado en mis investigaciones periodísticas. Lo más grave es que Julián Valencia Castaño, magistrado ponente del Tribunal Superior de Medellín, haya ignorado la decisión de la Corte con una argumentación bastante exótica. Ese magistrado me tildó de irrespetuoso, porque afirmé que se había valido de argucias para tratar de justificar su fallo. Es cierto que los ciudadanos estamos obligados a respetar las decisiones judiciales, pero, también, que tenemos todo el derecho de cuestionarlas.

¿Qué argumentó el arzobispo Tobón para no responder sus preguntas?

Envió una comunicación extensa y repetitiva en la que afirmaba que la información que yo pedía era reservada y que, además, ya me había contestado en solicitudes anteriores. Falso: la petición que le envié era completamente diferente, porque preguntaba por 915 sacerdotes de esa Arquidiócesis a quienes nunca había relacionado antes.

¿Por qué pidió información sobre todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín? ¿Cree que el 100 % de los curas son pederastas?

No, por supuesto. Creo que hay sacerdotes buenos en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas del país. Pero sucede que los silencios, en casos de pederastia, son cómplices. Y algunos de esos buenos sacerdotes han guardado silencio frente a los delitos de sus colegas. La información que he solicitado, cuya pertinencia ahora revisará la Corte Constitucional, es de interés público. La ciudadanía está en todo su derecho de saber si un cura ha sido denunciado por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Mi investigación logró evidenciar que la mayoría de denuncias que se recibe en las curias se tramita internamente y se les oculta a las autoridades civiles.

¿Es cierto, como informa en sus denuncias, que algunos implicados pagaron a sus víctimas para silenciarlas?

Se ha demostrado que la actuación de los jerarcas de la Iglesia católica en Colombia es vergonzosa: muchas veces compran el silencio de las víctimas que, en su mayoría, son de escasos recursos económicos, con importantes sumas de dinero.

Aparte del silencio de las víctimas por dinero, ¿por qué tantas otras han decidido callar? ¿Temen el poder eclesial o hay otros motivos?

No es respetuoso preguntarle a una víctima de abuso sexual, sin importar quién sea el abusador, por qué guardó silencio durante años. Cada víctima reacciona al abuso sexual de manera diferente. Unos hablan de inmediato, otros a los pocos días, otros se demoran años y la mayoría nunca lo cuenta y se lleva el secreto a la tumba. En todos los casos es absolutamente respetable esa decisión. La procesión va por dentro, como dice el adagio popular, y quien habla, si es que lo hace, toma esa decisión cuando se siente preparado, cuando escucha a otro hablar, cuando siente el apoyo de alguien.

¿Incide en el miedo a denunciar la protección que el Estado le brinda a la Iglesia católica en Colombia?

Totalmente. Y más cuando esa protección a la Iglesia católica se materializa tantas veces en decisiones judiciales benévolas, obsecuentes, legitimadoras de los abusos. Eso es lo más peligroso. Le doy un ejemplo: uno de los artículos del Concordato ampara a los curas pederastas que van a juicio, con el privilegio de ser recluidos en casas de retiro. Esto es vergonzoso e inaceptable: en todos los expedientes judiciales a los que he tenido acceso, la Iglesia católica sigue apelando a ese artículo del Concordato y algunos jueces y fiscales les hincan la rodilla.

¿Por qué investiga exclusivamente a los sacerdotes católicos y no a los líderes de otras religiones? Entre pastores y sacerdotes de iglesias diferentes también hay abusadores y acosadores...

Así es. La pederastia no es exclusiva de la Iglesia católica. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que sucede con uno u otro religioso. Se la explico: si un papá, un tío, un pastor evangélico, un rabino o un miembro de cualquier otra comunidad es encontrado culpable de abusar de un menor de edad, se va para la cárcel. Si un cura católico viola a un niño, los obispos intervienen, silencian a las víctimas y transfieren al abusador a otra parroquia. Los hechos están probados: los pederastas, custodiados por los obispos, repiten sus crímenes en sus nuevas parroquias. Pero aun sucede algo más grave: si un caso de abuso llega a la Fiscalía o a los juzgados, lo que casi nunca ocurre, los obispos interfieren, Concordato en mano y con todo su poder, para evitar cualquier acción condenatoria.

¿Cómo interfieren?

Lo que hacen los obispos es mandar a los curas abusadores a casas de pederastas, una suerte de retiro protegido. Una película narra esos hechos; se llama El Club, de Pablo Larraín. Yo me he enfocado en curas católicos por su pretensión reiterada de creerse por encima de la ley. Eso es inaceptable en cualquier Estado social de derecho.

¿Puede ser por la existencia del Concordato que usted menciona, que tiene categoría de tratado internacional?

Absolutamente. Aunque el Concordato es un tratado vetusto, para el Estado colombiano sigue vigente. Uno de mis propósitos para este año es presentar una demanda de inconstitucionalidad del Concordato que blinda a los miembros de la Iglesia que delinquen.

¿Las víctimas, en su mayoría, están en la población de niños, niñas o adolescentes?

Las víctimas pueden ser categorizadas: en su mayoría se trata de niños varones, muy pobres, de familias disfuncionales, con madre cabeza de hogar y sin papá, y ofician de monaguillos.

Según el acumulado de sus datos y estadísticas, ¿cuántas víctimas de sacerdotes pederastas habría en Colombia y cuántos victimarios de sotana?

Sería irresponsable dar una cifra. A excepción de mis colegas de Vorágine (portal de periodismo independiente), estoy solo en este trabajo periodístico y, por cuenta del acoso judicial y la dificultad para acceder a los archivos secretos, hasta ahora solo he tenido tiempo para indagar el fenómeno de pederastia en dos arquidiócesis: la de Villavicencio y la de Medellín. Según mis investigaciones, en estas dos jurisdicciones eclesiásticas la cifra de sacerdotes denunciados por violencia sexual está por encima del 20 %. Los indicios que existen sobre otras diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas son consistentes en cuanto a un porcentaje similar al que he registrado.

¿Se puede afirmar que la Iglesia colombiana es más papista que el papa, en el sentido de que Francisco parece más dispuesto a expiar públicamente las culpas de sus sacerdotes que sus representantes en este país?

El papa Francisco tiene buenas intenciones, pero está rodeado de obispos y cardenales que quieren verlo muerto, igual que a Juan Pablo I. En Colombia hay muchos de esos sacerdotes todopoderosos que lo desprecian y odian. Menciono a dos: los arzobispos de Medellín y Villavicencio. Pero hay muchos más que son fieles discípulos del difunto cardenal Alfonso López Trujillo, un personaje siniestro cuya verdad debe ser contada. La Iglesia católica, además de ser una institución religiosa, es una institución económica y política con los mismos vicios de los empresarios y políticos más corruptos.

Por los precedentes judiciales y por sus libros, la Iglesia debe considerar que usted es su enemigo. ¿Sucede lo mismo con usted; es decir, siente que los sacerdotes católicos son sus enemigos?

No me considero enemigo de nadie, aunque haya muchos que me consideren como tal. Mi obligación, como reportero, es investigar y denunciar estos delitos. Tengo carácter, pero quienes me conocen saben que no soy una persona de odios. Duermo tranquilo. Cuando busco a sacerdotes denunciados por pederastia o a obispos encubridores lo hago para conocer su versión de los hechos, en cumplimiento de un precepto elemental del periodismo: la confrontación de las fuentes. Siempre soy respetuoso, amable y abierto al diálogo; pero los sacerdotes y obispos me han bloqueado. De ahí que tenga que usar el derecho de petición y la tutela para acceder a la información.

¿Nunca ha discutido o se ha alterado con alguien que viste sotana?

Solo hubo un incidente con el cardenal Rubén Salazar, quien, una vez, comenzó a gritarme en su despacho. Le respondí de manera enérgica, me paré y me fui. Al llegar a mi apartamento encontré un correo en que el cardenal me ofrecía excusas. Vale la pena recordar que él encubrió al sacerdote pederasta Nelson William Montes, quien abusó sexualmente de una niña de diez años a quien embarazó, cinco años después. Salazar envió a ese abusador a la Diócesis de San Carlos, en Venezuela, pese a que conocía sus delitos. El cardenal no actuó solo en ese encubrimiento. Otros altos jerarcas también ayudaron a huir, impune, al sacerdote Montes: monseñor Pedro Fernando Mercado, capellán del Congreso y presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá; y el padre Mauricio Uribe Blanco, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Sergio Arboleda y exconjuez de la Corte Constitucional. Hay una grabación de dos horas que confirma todo lo que acabo de decir y en la que se escucha una frase que nunca se me va a olvidar: “La Iglesia está blindada”. ¡Sinvergüenzas!

Su descripción da escalofrío: una cosa es reconocer que hay unos sinvergüenzas en una comunidad civil, religiosa, militar etc., y otra, descubrir un patrón de conducta que se permite, en esa comunidad, por acción o por omisión. ¿En cuál de los dos niveles se encuentra la Iglesia católica colombiana?

En los dos niveles.

Casos de pagos a víctimas, según una fuente protegida

¿Conoce casos de víctimas a quienes los sacerdotes implicados les hayan pagado para callarlas?

Sí. Le cuento algunos que constaté con una fuente protegida: el de Roberto Cadavid Arroyave, pederasta expulsado por la Iglesia, y quien de acuerdo con las investigaciones periodísticas abusó de decenas de menores en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bello, y en Santa Ana, del barrio Manrique. Él le pagó – según El Tiempo - más de $90 millones a una de sus víctimas. Cadavid, protegido por el arzobispo de Medellín, fue enviado por este, con carta de recomendación, a la Diócesis de Brooklyn, New York. El sacerdote Álvaro Pimienta, actual párroco del barrio La Colinita, le entregó a su víctima una fiducia de $200 millones para sus estudios universitarios. El cura Juan Carlos Muriel, capellán del INEM José Félix Restrepo, el colegio más grande de Medellín, pagó $200 millones en efectivo a la familia de una menor. Y el más grave, el del actual Vicario General, Óscar Augusto Álvarez, que está en la parroquia Padre Marianito. Él es la mano derecha del arzobispo y recibe las denuncias por pederastia contra los otros sacerdotes. Álvarez, denunciado, a su vez, por pederastia, silenció a un menor con quien decía sostener una relación amorosa, con $20 millones de pesos.

“Inadmisible que el Gobierno restrinja el derecho de petición”

El cumplimiento constitucional del derecho de petición y del derecho a recibir respuestas precisas a los interrogantes que los ciudadanos les hacen a las autoridades o a personajes con poder, es uno de los fondos judiciales de las controversias en que usted ha estado envuelto. El gobierno Duque duplicó el tiempo legal de respuesta a tal derecho y se opuso, a finales de diciembre, a restablecer el término inicial que era de 15 días. ¿Se han afectado sus investigaciones por la medida Duque?

Es absurdo que siga vigente el Decreto 491 de 2020 con el que el presidente Duque incrementó los tiempos de respuesta de los derechos de petición. Si bien la pandemia dejó cosas muy buenas como la posibilidad de interponer las acciones de tutela a través de la plataforma de “Tutela en línea”, es inadmisible que el Gobierno mantenga restricciones como la de duplicar los tiempos de respuesta de las peticiones ciudadanas lo cual dificulta el trabajo de los periodistas para acceder a información de las autoridades eclesiásticas y civiles.

¿Desde hace cuánto investiga la pederastia de los sacerdotes católicos colombianos y cómo llegó a ese tema tan específico en el amplio mundo de las noticias?

Me entusiasmé con este tema en 2016, cuando vi la película Spotlight sobre los reporteros de The Boston Globe que descubrieron una red de curas pederastas en la Arquidiócesis de la ciudad. Esa investigación le costó el puesto al muy poderoso cardenal Bernard Law. Al final de la película, antes de que terminaran los créditos, se veía un listado de 206 capitales del mundo en donde se había encubierto a decenas de curas pederastas. La única ciudad colombiana que estaba ahí era Medellín, que cuenta con el mayor número de sacerdotes católicos de América Latina. Ese dato me llamó la atención porque nací y crecí allá. En ese momento, comencé a adelantar mi propia investigación.

¿Cuántos libros ha publicado sobre pederastia en la Iglesia católica y cuántos procesos judiciales han suscitado en su contra?

He publicado dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Tras el primero, interpusieron contra mí tres tutelas y cuatro denuncias penales. Con el segundo, tuve que responder siete tutelas. He ganado todos los procesos en primera y segunda instancia, excepto tres denuncias penales que no han sido resueltas y fueron interpuestas por el sacerdote telepredicador Carlos Yepes, el cura más poderoso de Antioquia. Este fue denunciado por tres hombres que afirman que fueron abusados sexualmente por él cuando eran niños. Yepes fue suspendido del ejercicio sacerdotal directamente por el papa Francisco.

¿Por qué se produjo la suspensión papal? ¿No existen otras instancias previas en la Iglesia?

Claro que sí. Ha debido suspenderlo el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, después de que recibió tres denuncias verosímiles de abuso sexual a menor de edad. Cuando el papa fue informado de la inacción del arzobispo Tobón y supo que este no había hecho nada, ordenó suspender al sacerdote Yepes. El Colombiano publicó la noticia en su momento que, según decía, había sido confirmada por una de sus fuentes en el Vaticano.

Esta semana la Corte Constitucional seleccionó, para revisión, una tutela en la que usted y su derecho a recibir respuestas de la Iglesia sobre su investigación de pederastia son el centro de la controversia. Pero la Corte ya había estudiado otra tutela por el mismo motivo. ¿Por qué se va a ocupar del caso por segunda vez?

Por hechos similares a la primera vez. El 3 de marzo del año 2020, la Corte Constitucional se pronunció, (Sentencia T-091-20), en el sentido de que la Arquidiócesis de Medellín tenía la obligación de responder los derechos de petición que le envié para preguntar por la trayectoria y las posibles denuncias en contra de sacerdotes cuya identidad relacioné. Después de la decisión de la Corte, la Arquidiócesis contestó tres peticiones en las que yo preguntaba por 105 curas, de los cuales, de acuerdo con la respuesta de la Arquidiócesis, la tercera parte había sido denunciada por violencia sexual contra menores de edad. Ese dato me pareció escandaloso, motivo por el cual le envié un nuevo derecho de petición a monseñor Tobón, en febrero del 2021, pidiéndole información sobre el resto de los sacerdotes de su Arquidiócesis: 915 curas. El arzobispo no quiso contestar. Por eso interpuse una nueva tutela. Me dieron la razón en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo y negó el amparo, desconociendo la sentencia de marzo del 2020. Este es el caso que acaba de seleccionar, para revisión, la Corte Constitucional.

Entonces, ¿el arzobispo de Medellín desafió la orden constitucional de entregarle la información que usted solicitó, aunque fuera molesta para la Iglesia?

Así es. Pero no solo desobedeció el arzobispo Tobón Restrepo, quien ha encubierto a decenas de sacerdotes pederastas, como lo he demostrado en mis investigaciones periodísticas. Lo más grave es que Julián Valencia Castaño, magistrado ponente del Tribunal Superior de Medellín, haya ignorado la decisión de la Corte con una argumentación bastante exótica. Ese magistrado me tildó de irrespetuoso, porque afirmé que se había valido de argucias para tratar de justificar su fallo. Es cierto que los ciudadanos estamos obligados a respetar las decisiones judiciales, pero, también, que tenemos todo el derecho de cuestionarlas.

¿Qué argumentó el arzobispo Tobón para no responder sus preguntas?

Envió una comunicación extensa y repetitiva en la que afirmaba que la información que yo pedía era reservada y que, además, ya me había contestado en solicitudes anteriores. Falso: la petición que le envié era completamente diferente, porque preguntaba por 915 sacerdotes de esa Arquidiócesis a quienes nunca había relacionado antes.

¿Por qué pidió información sobre todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín? ¿Cree que el 100 % de los curas son pederastas?

No, por supuesto. Creo que hay sacerdotes buenos en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas del país. Pero sucede que los silencios, en casos de pederastia, son cómplices. Y algunos de esos buenos sacerdotes han guardado silencio frente a los delitos de sus colegas. La información que he solicitado, cuya pertinencia ahora revisará la Corte Constitucional, es de interés público. La ciudadanía está en todo su derecho de saber si un cura ha sido denunciado por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Mi investigación logró evidenciar que la mayoría de denuncias que se recibe en las curias se tramita internamente y se les oculta a las autoridades civiles.

¿Es cierto, como informa en sus denuncias, que algunos implicados pagaron a sus víctimas para silenciarlas?

Se ha demostrado que la actuación de los jerarcas de la Iglesia católica en Colombia es vergonzosa: muchas veces compran el silencio de las víctimas que, en su mayoría, son de escasos recursos económicos, con importantes sumas de dinero.

Aparte del silencio de las víctimas por dinero, ¿por qué tantas otras han decidido callar? ¿Temen el poder eclesial o hay otros motivos?

No es respetuoso preguntarle a una víctima de abuso sexual, sin importar quién sea el abusador, por qué guardó silencio durante años. Cada víctima reacciona al abuso sexual de manera diferente. Unos hablan de inmediato, otros a los pocos días, otros se demoran años y la mayoría nunca lo cuenta y se lleva el secreto a la tumba. En todos los casos es absolutamente respetable esa decisión. La procesión va por dentro, como dice el adagio popular, y quien habla, si es que lo hace, toma esa decisión cuando se siente preparado, cuando escucha a otro hablar, cuando siente el apoyo de alguien.

¿Incide en el miedo a denunciar la protección que el Estado le brinda a la Iglesia católica en Colombia?

Totalmente. Y más cuando esa protección a la Iglesia católica se materializa tantas veces en decisiones judiciales benévolas, obsecuentes, legitimadoras de los abusos. Eso es lo más peligroso. Le doy un ejemplo: uno de los artículos del Concordato ampara a los curas pederastas que van a juicio, con el privilegio de ser recluidos en casas de retiro. Esto es vergonzoso e inaceptable: en todos los expedientes judiciales a los que he tenido acceso, la Iglesia católica sigue apelando a ese artículo del Concordato y algunos jueces y fiscales les hincan la rodilla.

¿Por qué investiga exclusivamente a los sacerdotes católicos y no a los líderes de otras religiones? Entre pastores y sacerdotes de iglesias diferentes también hay abusadores y acosadores...

Así es. La pederastia no es exclusiva de la Iglesia católica. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que sucede con uno u otro religioso. Se la explico: si un papá, un tío, un pastor evangélico, un rabino o un miembro de cualquier otra comunidad es encontrado culpable de abusar de un menor de edad, se va para la cárcel. Si un cura católico viola a un niño, los obispos intervienen, silencian a las víctimas y transfieren al abusador a otra parroquia. Los hechos están probados: los pederastas, custodiados por los obispos, repiten sus crímenes en sus nuevas parroquias. Pero aun sucede algo más grave: si un caso de abuso llega a la Fiscalía o a los juzgados, lo que casi nunca ocurre, los obispos interfieren, Concordato en mano y con todo su poder, para evitar cualquier acción condenatoria.

¿Cómo interfieren?

Lo que hacen los obispos es mandar a los curas abusadores a casas de pederastas, una suerte de retiro protegido. Una película narra esos hechos; se llama El Club, de Pablo Larraín. Yo me he enfocado en curas católicos por su pretensión reiterada de creerse por encima de la ley. Eso es inaceptable en cualquier Estado social de derecho.

¿Puede ser por la existencia del Concordato que usted menciona, que tiene categoría de tratado internacional?

Absolutamente. Aunque el Concordato es un tratado vetusto, para el Estado colombiano sigue vigente. Uno de mis propósitos para este año es presentar una demanda de inconstitucionalidad del Concordato que blinda a los miembros de la Iglesia que delinquen.

¿Las víctimas, en su mayoría, están en la población de niños, niñas o adolescentes?

Las víctimas pueden ser categorizadas: en su mayoría se trata de niños varones, muy pobres, de familias disfuncionales, con madre cabeza de hogar y sin papá, y ofician de monaguillos.

Según el acumulado de sus datos y estadísticas, ¿cuántas víctimas de sacerdotes pederastas habría en Colombia y cuántos victimarios de sotana?

Sería irresponsable dar una cifra. A excepción de mis colegas de Vorágine (portal de periodismo independiente), estoy solo en este trabajo periodístico y, por cuenta del acoso judicial y la dificultad para acceder a los archivos secretos, hasta ahora solo he tenido tiempo para indagar el fenómeno de pederastia en dos arquidiócesis: la de Villavicencio y la de Medellín. Según mis investigaciones, en estas dos jurisdicciones eclesiásticas la cifra de sacerdotes denunciados por violencia sexual está por encima del 20 %. Los indicios que existen sobre otras diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas son consistentes en cuanto a un porcentaje similar al que he registrado.

¿Se puede afirmar que la Iglesia colombiana es más papista que el papa, en el sentido de que Francisco parece más dispuesto a expiar públicamente las culpas de sus sacerdotes que sus representantes en este país?

El papa Francisco tiene buenas intenciones, pero está rodeado de obispos y cardenales que quieren verlo muerto, igual que a Juan Pablo I. En Colombia hay muchos de esos sacerdotes todopoderosos que lo desprecian y odian. Menciono a dos: los arzobispos de Medellín y Villavicencio. Pero hay muchos más que son fieles discípulos del difunto cardenal Alfonso López Trujillo, un personaje siniestro cuya verdad debe ser contada. La Iglesia católica, además de ser una institución religiosa, es una institución económica y política con los mismos vicios de los empresarios y políticos más corruptos.

Por los precedentes judiciales y por sus libros, la Iglesia debe considerar que usted es su enemigo. ¿Sucede lo mismo con usted; es decir, siente que los sacerdotes católicos son sus enemigos?

No me considero enemigo de nadie, aunque haya muchos que me consideren como tal. Mi obligación, como reportero, es investigar y denunciar estos delitos. Tengo carácter, pero quienes me conocen saben que no soy una persona de odios. Duermo tranquilo. Cuando busco a sacerdotes denunciados por pederastia o a obispos encubridores lo hago para conocer su versión de los hechos, en cumplimiento de un precepto elemental del periodismo: la confrontación de las fuentes. Siempre soy respetuoso, amable y abierto al diálogo; pero los sacerdotes y obispos me han bloqueado. De ahí que tenga que usar el derecho de petición y la tutela para acceder a la información.

¿Nunca ha discutido o se ha alterado con alguien que viste sotana?

Solo hubo un incidente con el cardenal Rubén Salazar, quien, una vez, comenzó a gritarme en su despacho. Le respondí de manera enérgica, me paré y me fui. Al llegar a mi apartamento encontré un correo en que el cardenal me ofrecía excusas. Vale la pena recordar que él encubrió al sacerdote pederasta Nelson William Montes, quien abusó sexualmente de una niña de diez años a quien embarazó, cinco años después. Salazar envió a ese abusador a la Diócesis de San Carlos, en Venezuela, pese a que conocía sus delitos. El cardenal no actuó solo en ese encubrimiento. Otros altos jerarcas también ayudaron a huir, impune, al sacerdote Montes: monseñor Pedro Fernando Mercado, capellán del Congreso y presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá; y el padre Mauricio Uribe Blanco, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Sergio Arboleda y exconjuez de la Corte Constitucional. Hay una grabación de dos horas que confirma todo lo que acabo de decir y en la que se escucha una frase que nunca se me va a olvidar: “La Iglesia está blindada”. ¡Sinvergüenzas!

Su descripción da escalofrío: una cosa es reconocer que hay unos sinvergüenzas en una comunidad civil, religiosa, militar etc., y otra, descubrir un patrón de conducta que se permite, en esa comunidad, por acción o por omisión. ¿En cuál de los dos niveles se encuentra la Iglesia católica colombiana?

En los dos niveles.

Casos de pagos a víctimas, según una fuente protegida

¿Conoce casos de víctimas a quienes los sacerdotes implicados les hayan pagado para callarlas?

Sí. Le cuento algunos que constaté con una fuente protegida: el de Roberto Cadavid Arroyave, pederasta expulsado por la Iglesia, y quien de acuerdo con las investigaciones periodísticas abusó de decenas de menores en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bello, y en Santa Ana, del barrio Manrique. Él le pagó – según El Tiempo - más de $90 millones a una de sus víctimas. Cadavid, protegido por el arzobispo de Medellín, fue enviado por este, con carta de recomendación, a la Diócesis de Brooklyn, New York. El sacerdote Álvaro Pimienta, actual párroco del barrio La Colinita, le entregó a su víctima una fiducia de $200 millones para sus estudios universitarios. El cura Juan Carlos Muriel, capellán del INEM José Félix Restrepo, el colegio más grande de Medellín, pagó $200 millones en efectivo a la familia de una menor. Y el más grave, el del actual Vicario General, Óscar Augusto Álvarez, que está en la parroquia Padre Marianito. Él es la mano derecha del arzobispo y recibe las denuncias por pederastia contra los otros sacerdotes. Álvarez, denunciado, a su vez, por pederastia, silenció a un menor con quien decía sostener una relación amorosa, con $20 millones de pesos.

“Inadmisible que el Gobierno restrinja el derecho de petición”

El cumplimiento constitucional del derecho de petición y del derecho a recibir respuestas precisas a los interrogantes que los ciudadanos les hacen a las autoridades o a personajes con poder, es uno de los fondos judiciales de las controversias en que usted ha estado envuelto. El gobierno Duque duplicó el tiempo legal de respuesta a tal derecho y se opuso, a finales de diciembre, a restablecer el término inicial que era de 15 días. ¿Se han afectado sus investigaciones por la medida Duque?

Es absurdo que siga vigente el Decreto 491 de 2020 con el que el presidente Duque incrementó los tiempos de respuesta de los derechos de petición. Si bien la pandemia dejó cosas muy buenas como la posibilidad de interponer las acciones de tutela a través de la plataforma de “Tutela en línea”, es inadmisible que el Gobierno mantenga restricciones como la de duplicar los tiempos de respuesta de las peticiones ciudadanas lo cual dificulta el trabajo de los periodistas para acceder a información de las autoridades eclesiásticas y civiles.