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Durante 2021, los violentos no dieron tregua en Colombia. Las escalofriantes escenas, que sumaron casi un centenar de masacres y más de 200 líderes, lideresas sociales y firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, ponen sobre la mesa una urgente discusión sobre la capacidad de la Fuerza Pública y de los gobiernos locales y nacional para neutralizar las diversas expresiones de criminalidad que afectan a las regiones.
En ese escenario, en el año que acaba de terminar, hay un departamento que aportó una alta cuota de sacrificio: Norte de Santander. Hablamos con un defensor de derechos humanos de esa región que nos entregó una radiografía y su pronóstico de lo que puede pasar allí en un 2022 cruzado por las elecciones a Congreso y Presidencia de la República, dos hechos políticos que podrían ahondar la crisis de orden público.
Se trata de un departamento históricamente afectado por el conflicto armado, por la presencia de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, por luchas entre diferentes actores armados ilegales originadas por el control de rutas y territorios estratégicos, y por dinámicas de violencia política que no han cesado a lo largo de los años.
Es una descripción general reseñada en el informe “La catástrofe de la migración venezolana: condenas a una vida sin retorno en Norte de Santander”, de reciente publicación por parte de la Fundación Progresar.
Consultado por El Espectador, Wilfredo Cañizares Arévalo, defensor de derechos humanos y director de la mencionada fundación en ese departamento, comenta que “hay un desdordamiento sin antecedentes de la violencia en Cúcuta y Norte de Santander por la presencia de todas las formas de criminalidad. Y eso está ocurriendo por la falta de decisiones de los gobiernos locales para atacarlas”.
¿Y por qué ese vacío de liderazgo de las autoridades? Porque, a decir de Cañizares, para solucionar el problema se necesitan respuestas de la autoridad local, estrategias contra el crimen organizado, estrategias de convivencia, estrategias eficaces más allá de cosas tan simples como convocar un consejo de seguridad y de decir que se necesita más Policía y Ejército. “Ya sabemos que eso no funciona”.
La falta de decisiones más audaces y agresivas por parte de los gobiernos local y departamental, y la escasa eficacia del pie de fuerza, se refleja en que a pesar de la presencia de 22.000 hombres de la Fuerza Pública, “el Clan del Golfo incursionó hace un año con 120 hombres enviados por Otoniel, el Eln se pasea por el territorio, los carteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación hacen vida social en Cúcuta y aquí no pasa nada”, asegura Cañizares.
En el contexto inmediato, entre el 13 y 15 de diciembre, Cúcuta fue sacudida por cuatro acciones: un niño de siete años y una adolescente fueron lesionados por un explosivo activado a pocos metros del puente que conecta a Cúcuta con Ureña, estado de Táchira, en Venezuela.
El martes 14 de diciembre, el aeropuerto internacional Camilo Daza fue epicentro de dos nuevas explosiones. Ese día murieron los policías William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez. Y el miércoles 15 de diciembre, tres cuerpos fueron hallados en las calles cucuteñas.
En respuesta a los hechos, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, instó al “Gobierno Nacional, la institucionalidad regional y a toda la ciudadanía para unirnos y trabajar de la mano por nuestra seguridad”. “Necesitamos los recursos y la disposición gubernamental para sacar muchos proyectos adelante”.
Los anteriores episodios que profundizaron la crisis en la seguridad produjeron pánico en una ciudadanía que ha perdido la confianza en sus gobernantes. “El discurso institucional, representado por las declaraciones del Ministerio de Defensa y del presidente Iván Duque, es recibido con malestar en la región, pues las promesas de garantizar seguridad a la población parecen estar por fuera de sus posibilidades y cada vez es más difícil materializar las decisiones tomadas en los incontables consejos de seguridad”, comentó Kenny Sanguino, en una columna publicada por este diario el 18 de diciembre.
Una postura que comparte Cañizares al afirmar que los consejos de seguridad que han adelantado las autoridades locales en los últimos meses son una fórmula fracasada. Y da otro ejemplo que deja mal parada a la Fuerza Pública: en Norte de Santander se producen 200.000 kilos de coca y el decomiso de la Fuerza Pública en el departamento está entre 5 y 7 %. Muy poco para semejante despliegue de agentes.
El futuro
Cañizares es un convencido de que este año será peor, porque está atravesado por las elecciones de Congreso y presidente de la República, y por los intereses de las disidencias de las Farc, cuyo frente 33 opera en Cúcuta.
Además, hay en marcha un proceso revocatorio contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, en medio de una pugnacidad política con la administración anterior. “Es un proceso grave por la situación crítica que afronta la ciudad, y si a Yáñez lo revocan se inicia un proceso de transición con las nuevas autoridades, lo que ahondará la crisis por la que atravesamos”.
A lo anterior se suman el proceso de expansión de la guerrilla del Eln, el narcotráfico transnacional que opera con impunidad en el departamento y el crecimiento desbordado de los cultivos de hoja de coca, que en 2020 superó las 40.000 hectáreas.
“Toda esta situación de criminalidad dura y de violencia está cruzada por el tema electoral. Ya hay amenazas, expulsiones o desplazamientos de líderes políticos del Catatumbo, y no les están permitiendo ni siquiera inscribirse como candidatos. Entonces, la coyuntura electoral va a agravar la situación en el departamento si no se toman las medidas inmediatas, adecuadas e integrales para un territorio en donde tenemos todas las expresiones de criminalidad. Asimismo, somos una zona fronteriza, y por todo eso necesitamos acciones diferenciadas en los temas de seguridad y de convivencia. El 2022 lo vemos como un año muy difícil para el departamento”.
