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Los colombianos no olvidan la protesta social que, en noviembre de 2019, desencadenó un paro nacional que escaló a una manifestación multitudinaria desde el28 de abril de 2021, cuando millones de ciudadanos se tomaron las calles de las principales ciudades del país.
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Fue el denominado estallido social, que tuvo entre sus detonantes una agresiva y, al final, frustrada reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, que afectaba a una clase media que ya no daba más en un escenario de severa crisis económica.
Durante el estallido, Cali se convirtió en la capital de la resistencia. En respuesta, el alcalde Jorge Iván Ospina aumentó el pie de fuerza policial y militar para disolver las manifestaciones pacíficas, con apoyo del Gobierno central.
“¡Nos están matando!”, gritaban en las calles coros de jóvenes movilizados. Fue entonces, para resumir la historia, cuando aparecieron grupos organizados de defensores de derechos humanos para denunciar el abuso policial del que centenares de muchachos fueron víctimas, varios de los cuales terminaron en la cárcel y otros en el hospital, por las heridas que les dejó la brutal represión.
En la noche del 3 de mayo de 2021, algunos abogados y defensoras de derechos humanos que participaban en una misión de verificación en la estación de Policía Fray Damián aseguraron haber sido atacados por uniformados. “Por los golpes que me dieron me salió una hernia en la columna vertebral y estoy esperando un proceso médico para una cirugía, y en esa investigación tampoco ha pasado nada”, relata a El Espectador la abogada Darnelly Rodríguez, quien es coordinadora de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
Esa agresión fue denunciada y “el proceso la Fiscalía lo archivó porque no encontraron a las víctimas para hacer las indagaciones, pero eso no es cierto porque yo y otras víctimas ya habíamos dado declaración de los hechos y hace un mes lo hicimos reabrir porque vincula a la fuerza pública”, aseguró.
Objetivo militar
El 25 de diciembre del año pasado, Rodríguez y trece personas más fueron declaradas objetivo militar por medio de un panfleto atribuido a las Agc o Clan del Golfo. Ella expresa su extrañeza por el hecho de que todos los amenazados formen parte de equipos jurídicos y de apoyo que están brindando asesoría a los jóvenes encarcelados o heridos durante las protestas en Cali.
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El panfleto, enviado desde un celular a grupos de WhatsApp en el que están varios de los amenazados, afirma que tras infiltrar a organizaciones en el Valle del Cauca “se logra individualizar y detectar la financiación y orientación político-militar, de las llamadas primera línea, las cuales le han hecho un gran daño a nuestra amada Colombia”.
A renglón seguido declaran objetivo militar a 14 personas que denominan como “milicianos y auxiliadores de la guerrilla”. Se trata de Danilo Guarín, Lina Peláez, Katy Díaz Nieto, Alberto Bejarano, Dicter Zúñiga Pardo, Darnelly Rodríguez, José Mauricio Valencia Tamayo, Wilson Sáenz Manchola, Berenice Celeita, María Isabel Cortés, Walter Agredo, Natalí González Arce, María Alejandra Rioja Silva y Diana Isabel Contreras.
Lo contradictorio es que el 28 de diciembre las Agc o Clan del Golfo aseguraron en un comunicado que no son los autores del panfleto amenazante. “Entiendo que el alto comisionado para la Paz está tratando de averiguar si es real o no, pero no ha habido pronunciamiento formal al respecto”, dice Darnelly Rodríguez. Lo más grave es que no es la primera vez que recibe intimidaciones, que ha denunciado como la de diciembre, pero la Fiscalía no ha dado resultados en la investigación.
“Tengo medida de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde hace siete años, pero el 18 de noviembre el vehículo asignado fue ingresado al taller por problemas mecánicos y a mis dos escoltas no les dan viáticos por la falta del carro”, denuncia. Es decir, quedó en un alto grado de vulnerabilidad.
La dirección regional de la UNP en el Valle del Cauca le comentó a Rodríguez que esa dependencia no puede hacer nada y que es el arrendador del carro el que debe responder en este caso. El Espectador intentó comunicarse con la UNP regional Valle del Cauca, pero allí nunca contestaron el celular.
Otro de los amenazados es el filósofo Walter Agredo, defensor de DD. HH. del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, quien dice que el hecho fue denunciado ante el fiscal 164 Javier Mantilla.
Él, como Darnelly, ha sufrido amenazas desde 2009 y actuó en la denominada misión de verificación de DD. HH. durante el paro en Cali. “La mayoría de quienes aparecen en el panfleto conocido el 25 de diciembre estuvimos asistiendo a la gente que estuvo en el paro y hay abogados que asumieron la defensa de jóvenes que fueron detenidos en el marco del paro de 2021”, explica.
El Comité de Solidaridad de Presos Políticos lleva doce casos de personas detenidas, asesinadas o lesionadas durante el paro.
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Y sobre el segundo panfleto en el que las Agc desmienten que sean autores de las amenazas, Agredo dice que le deja “muchas dudas”. “Es la primera vez en todos estos años que llevo trabajando en derechos humanos que conozco que ese grupo ilegal desmienta una amenaza. Para nosotros no hay duda alguna de que la última amenaza proviene de las Agc, porque además dichas amenazas han sido reiteradas”.
Por lo pronto, pide más protección del Estado y se declara a la espera de la investigación y recalca que en años anteriores ha sido objeto de seguimientos por parte de paramilitares por las denuncias que el Comité ha hecho de su presencia en la región, pero la Fiscalía no ha logrado identificar con nombre propio a los autores intelectuales y materiales de dichos seguimientos ni de las amenazas.
“También hemos denunciado el tema de las economías ilegales de las cuales ellos (el Clan del Golfo) se benefician, como los pagadiario o gota a gota, los carteles del huevo, del cilantro o del plátano en las plazas de mercado del Valle del Cauca, ya que exigen rentas (en la comercialización de estos productos) y con eso se mantienen”.
Agredo dice haber sido perseguido: “Han ido a la oficina a preguntar por mí y a decir que sabían en qué andábamos nosotros. Por eso, le hemos exigido al Estado que nos proteja. Tenemos un carro de la UNP para cinco personas y eso es insuficiente”.
Se trata de amenazas que no se pueden desestimar teniendo en cuenta que en 2022, según la Defensoría del Pueblo, en Colombia fueron asesinados más de 200 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.