Oriente de Antioquia: piden declarar la crisis humanitaria
Un observatorio de derechos humanos asegura que entre los conflictos territoriales más preocupantes están los relacionados con los intereses por la riqueza de la tierra, sus minerales y sus ríos, así como la ubicación estratégica de esta región. La Gobernación hace un balance de su gestión en el territorio.
Homicidios, desapariciones, amenazas, delitos sexuales, hurtos, extorsiones… todo esto forma parte de un coctel de violencia que tiene azotados a 23 municipios del oriente del departamento de Antioquia, en donde según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante el año 2021 los grupos armados que hacen presencia allí cometieron 25 homicidios en personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
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En total, la cifra de homicidios en esta subregión asciende a 336 desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.
“Un cuadro trágico que requiere que para el oriente de Antioquia se cree una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, toda vez que necesitamos saber quiénes han sido los responsables de la guerra (…)”, reseña un documento del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del oriente antioqueño, que tomó la vocería de la sociedad civil para denunciar los vejámenes de los cuales la población ha sido víctima.
El oriente de Antioquia limita por el norte con la subregión del nordeste; por el sur, con los departamentos de Caldas y Cundinamarca; al oriente, con el Magdalena Medio, y al occidente, con el Valle de Aburrá y el suroeste. Tiene una extensión territorial de 7.021 km², el 11,2 % del área total de Antioquia.
la jurisdicción de esta subregión comprende los municipios de Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón (Cámara de Comercio de Medellín, noviembre de 2021).
En lo que denominaron una “alerta temprana”, ante la gravedad de los acontecimientos, señalaron que una de las solicitudes a los gobiernos local, departamental y nacional es que se declare una situación de “crisis humanitaria” en el oriente de Antioquia.
La petición, dice el documento, la formulan “en contravía a lo que afirma una gran parte de la institucionalidad del territorio subregional, quienes una y otra vez afirman que ‘aquí no pasa nada’”.
Líderes indagados por El Espectador hablan incluso de la existencia de grupos de “limpieza social” que amenazan con matar a los consumidores de marihuana. En los últimos 20 días tres jóvenes murieron, uno de ellos asesinado, mientras la Policía dice que en los casos restantes se trata de accidentes, según le dijo a este diario un poblador que pidió el anonimato.
El Observatorio lamenta que, pese a una alta presencia de Fuerza Pública, existan grupos armados, como el Clan Isaza, El Mesa, grupos de delincuencia común organizada (GDCO), Clan del Golfo, Oficina Valle de Aburrá, los Trianas, los Pachelly, los Pamplona, Alianza Criminal del Norte y Clan Oriente.
La Defensoría del Pueblo, en la Alerta temprana (AT) 004-22, habla de la presencia de grupos armados en los municipios de Sonsón, San Francisco, Nariño, Carmen de Viboral, San Luis y Peñol, determinando los niveles de riesgo existentes para la población de estos municipios.
Las problemáticas asociadas a la situación de orden de orden público en la zona del suroeste más cercano al oriente están descritas en la AT 044-20 de la Defensoría, que enumera numerosos elementos de riesgo hacia la población que afectan zonas limítrofes con el oriente de Antioquia. Entre ellos, la presencia de actores armados, el tráfico de sustancias ilícitas, el contrabando y acciones que van a determinar violaciones a los derechos humanos.
El documento del Observatorio, de 39 páginas, añade que “conociendo los límites y las cercanías entre los municipios del oriente con Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y San Roque (Magdalena Medio de Antioquia), es notoria la configuración de un escenario adverso para los derechos humanos por eventos de disputas, reagrupación y fortalecimiento de grupos armados en la zona y su posible influencia en dinámicas de violencia hacia el oriente del departamento de Antioquia”.
La Defensoría del Pueblo, además, ha alertado sobre una estrecha relación territorial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá, subregiones que comparten zonas límites de caminos y corredores estratégicos.
Esto, advierte el Observatorio, explicaría el progreso logístico de las estructuras armadas desde el centro y norte del Valle de Aburrá hacia los municipios de San Vicente Ferrer, Concepción, Guarne, El Retiro y Rionegro.
Y dice que entre los conflictos territoriales más preocupantes están los relacionados con los intereses por la riqueza de la tierra, sus minerales y sus ríos, así como la ubicación estratégica de esta región. “El mapa de violencia y de presencia armada coincide con los lugares de interés y conflicto socioambientales, como es el caso del municipio de Cocorná con el proyecto de construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Cocorná I, con graves impactos ambientales”.
¿Qué dice la Gobernación?
Consultada por este diario, sobre las denuncias mencionadas, la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, envió un documento en el que resume la situación y las acciones ejecutadas en el oriente del departamento.
La Secretaría comienza diciendo que históricamente el oriente antioqueño ha sido una de las subregiones más afectadas por el conflicto armado: allí hicieron presencia las guerrillas del Eln y las Farc, así como los paramilitares de las Auc, lo que generó desplazamiento forzado de familias que hoy están en proceso de restablecimiento de sus derechos, y añade que “sobre estos procesos se advierten riesgos de conflictos sociales asociados a la disputa por la tierra y al uso de la violencia como forma de resolución de conflictos adquiridos durante la época de alta intensidad del conflicto armado, de acuerdo con los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipales”.
Además, enuncia los grupos ilegales presentes en el territorio y las actividades ilegales que se dan en ese espacio (ver infografía), y explica que la presencia de los grupos de delincuencia común organizada en esta subregión está asociada con el tráfico local de estupefacientes, donde la variación sobre la incautación de estas sustancias, en el período de 2021 (3.123 kg) y 2022 (4.101 kg), es de un 31,3 %, siendo San Luis (2.187 kg) y Carmen de Viboral (1.039 kg) los municipios con mayor número de incautaciones.
Respecto a las acciones de las autoridades, destaca que en 2020 y 2021 se desarticularon o debilitaron GDCO locales, como los Mesas, los de la Galería, los Topos II, los de Pinares, los Bicicleteros, el Embalse Fase II, los Foráneos, los Chucos o los del Alto, los Santanas, los de Bello y los del Medio, relacionados directamente con el tráfico local de estupefacientes.
El documento reseña que el oriente antioqueño posee características importantes, como la generación de energía, la conexión con el centro del país, el crecimiento urbano y la expansión del turismo, factores que la convierten en una zona receptora de población flotante asociada con actividades económicas y que cuenta con buen poder adquisitivo.
Es precisamente este tipo de características lo que es atractivo para los grupos de delincuencia común organizada y grupos de delincuencia organizada para instalar mercados locales de estupefacientes.
En cuanto a las capturas dadas en el oriente, se identifica una disminución del 1,5 % en capturas por delitos contra el patrimonio económico (extorsión), un aumento del 4,5 % en delitos contra la vida y la integridad personal (homicidios) y, en cuanto a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes una disminución del 21,6%.
“En general, se observa un contexto de problemáticas de seguridad ciudadana, en los cuales las rentas criminales y los intereses de financiación de estas estructuras predominan sobre otros intereses, como los del control militar o social del territorio, propios de otros contextos de confrontación armada y problemáticas de seguridad pública, los que no se evidencian específicamente en la subregión”, dice la respuesta de la Secretaría.
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Otras acciones
Según la Secretaría, en la subregión del Oriente han acompañado nueve consejos de seguridad con alcance subregional, en los que se han abordado las problemáticas de la subregión, buscando incrementar capacidades para la gestión de estas problemáticas.
Se destacan inversiones proyectadas en $16.051’351.949 en infraestructura para la seguridad, a través de proyectos como la construcción y adecuación de estaciones y subestaciones de Policía, puntos de atención de Fiscalía, adecuaciones a la base de la Fuerza Aérea, entre otros.
También cita una inversión para la adquisición de 83 motocicletas y 12 camionetas para dotar a la Fuerza Pública en sus sus actividades en territorio, por un valor de $4.312’778.917.
De igual manera, cinco municipios están adscritos en el fondo constituido en 2021 para la implementación de circuitos cerrados de televisión y se proyecta terminar el período de gobierno con una inversión de $4.414’300.262 en tecnología para la seguridad en la subregión.
Homicidios, desapariciones, amenazas, delitos sexuales, hurtos, extorsiones… todo esto forma parte de un coctel de violencia que tiene azotados a 23 municipios del oriente del departamento de Antioquia, en donde según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante el año 2021 los grupos armados que hacen presencia allí cometieron 25 homicidios en personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
(Le sugerimos leer: Conozca quién paga la pensión por no afiliar a empleado al sistema de pensiones)
En total, la cifra de homicidios en esta subregión asciende a 336 desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.
“Un cuadro trágico que requiere que para el oriente de Antioquia se cree una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, toda vez que necesitamos saber quiénes han sido los responsables de la guerra (…)”, reseña un documento del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del oriente antioqueño, que tomó la vocería de la sociedad civil para denunciar los vejámenes de los cuales la población ha sido víctima.
El oriente de Antioquia limita por el norte con la subregión del nordeste; por el sur, con los departamentos de Caldas y Cundinamarca; al oriente, con el Magdalena Medio, y al occidente, con el Valle de Aburrá y el suroeste. Tiene una extensión territorial de 7.021 km², el 11,2 % del área total de Antioquia.
la jurisdicción de esta subregión comprende los municipios de Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón (Cámara de Comercio de Medellín, noviembre de 2021).
En lo que denominaron una “alerta temprana”, ante la gravedad de los acontecimientos, señalaron que una de las solicitudes a los gobiernos local, departamental y nacional es que se declare una situación de “crisis humanitaria” en el oriente de Antioquia.
La petición, dice el documento, la formulan “en contravía a lo que afirma una gran parte de la institucionalidad del territorio subregional, quienes una y otra vez afirman que ‘aquí no pasa nada’”.
Líderes indagados por El Espectador hablan incluso de la existencia de grupos de “limpieza social” que amenazan con matar a los consumidores de marihuana. En los últimos 20 días tres jóvenes murieron, uno de ellos asesinado, mientras la Policía dice que en los casos restantes se trata de accidentes, según le dijo a este diario un poblador que pidió el anonimato.
El Observatorio lamenta que, pese a una alta presencia de Fuerza Pública, existan grupos armados, como el Clan Isaza, El Mesa, grupos de delincuencia común organizada (GDCO), Clan del Golfo, Oficina Valle de Aburrá, los Trianas, los Pachelly, los Pamplona, Alianza Criminal del Norte y Clan Oriente.
La Defensoría del Pueblo, en la Alerta temprana (AT) 004-22, habla de la presencia de grupos armados en los municipios de Sonsón, San Francisco, Nariño, Carmen de Viboral, San Luis y Peñol, determinando los niveles de riesgo existentes para la población de estos municipios.
Las problemáticas asociadas a la situación de orden de orden público en la zona del suroeste más cercano al oriente están descritas en la AT 044-20 de la Defensoría, que enumera numerosos elementos de riesgo hacia la población que afectan zonas limítrofes con el oriente de Antioquia. Entre ellos, la presencia de actores armados, el tráfico de sustancias ilícitas, el contrabando y acciones que van a determinar violaciones a los derechos humanos.
El documento del Observatorio, de 39 páginas, añade que “conociendo los límites y las cercanías entre los municipios del oriente con Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y San Roque (Magdalena Medio de Antioquia), es notoria la configuración de un escenario adverso para los derechos humanos por eventos de disputas, reagrupación y fortalecimiento de grupos armados en la zona y su posible influencia en dinámicas de violencia hacia el oriente del departamento de Antioquia”.
La Defensoría del Pueblo, además, ha alertado sobre una estrecha relación territorial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá, subregiones que comparten zonas límites de caminos y corredores estratégicos.
Esto, advierte el Observatorio, explicaría el progreso logístico de las estructuras armadas desde el centro y norte del Valle de Aburrá hacia los municipios de San Vicente Ferrer, Concepción, Guarne, El Retiro y Rionegro.
Y dice que entre los conflictos territoriales más preocupantes están los relacionados con los intereses por la riqueza de la tierra, sus minerales y sus ríos, así como la ubicación estratégica de esta región. “El mapa de violencia y de presencia armada coincide con los lugares de interés y conflicto socioambientales, como es el caso del municipio de Cocorná con el proyecto de construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Cocorná I, con graves impactos ambientales”.
¿Qué dice la Gobernación?
Consultada por este diario, sobre las denuncias mencionadas, la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, envió un documento en el que resume la situación y las acciones ejecutadas en el oriente del departamento.
La Secretaría comienza diciendo que históricamente el oriente antioqueño ha sido una de las subregiones más afectadas por el conflicto armado: allí hicieron presencia las guerrillas del Eln y las Farc, así como los paramilitares de las Auc, lo que generó desplazamiento forzado de familias que hoy están en proceso de restablecimiento de sus derechos, y añade que “sobre estos procesos se advierten riesgos de conflictos sociales asociados a la disputa por la tierra y al uso de la violencia como forma de resolución de conflictos adquiridos durante la época de alta intensidad del conflicto armado, de acuerdo con los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipales”.
Además, enuncia los grupos ilegales presentes en el territorio y las actividades ilegales que se dan en ese espacio (ver infografía), y explica que la presencia de los grupos de delincuencia común organizada en esta subregión está asociada con el tráfico local de estupefacientes, donde la variación sobre la incautación de estas sustancias, en el período de 2021 (3.123 kg) y 2022 (4.101 kg), es de un 31,3 %, siendo San Luis (2.187 kg) y Carmen de Viboral (1.039 kg) los municipios con mayor número de incautaciones.
Respecto a las acciones de las autoridades, destaca que en 2020 y 2021 se desarticularon o debilitaron GDCO locales, como los Mesas, los de la Galería, los Topos II, los de Pinares, los Bicicleteros, el Embalse Fase II, los Foráneos, los Chucos o los del Alto, los Santanas, los de Bello y los del Medio, relacionados directamente con el tráfico local de estupefacientes.
El documento reseña que el oriente antioqueño posee características importantes, como la generación de energía, la conexión con el centro del país, el crecimiento urbano y la expansión del turismo, factores que la convierten en una zona receptora de población flotante asociada con actividades económicas y que cuenta con buen poder adquisitivo.
Es precisamente este tipo de características lo que es atractivo para los grupos de delincuencia común organizada y grupos de delincuencia organizada para instalar mercados locales de estupefacientes.
En cuanto a las capturas dadas en el oriente, se identifica una disminución del 1,5 % en capturas por delitos contra el patrimonio económico (extorsión), un aumento del 4,5 % en delitos contra la vida y la integridad personal (homicidios) y, en cuanto a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes una disminución del 21,6%.
“En general, se observa un contexto de problemáticas de seguridad ciudadana, en los cuales las rentas criminales y los intereses de financiación de estas estructuras predominan sobre otros intereses, como los del control militar o social del territorio, propios de otros contextos de confrontación armada y problemáticas de seguridad pública, los que no se evidencian específicamente en la subregión”, dice la respuesta de la Secretaría.
(Puede interesarle: ¿Qué valor puede retirarse de una cuenta bancaria sin proceso de sucesión?)
Otras acciones
Según la Secretaría, en la subregión del Oriente han acompañado nueve consejos de seguridad con alcance subregional, en los que se han abordado las problemáticas de la subregión, buscando incrementar capacidades para la gestión de estas problemáticas.
Se destacan inversiones proyectadas en $16.051’351.949 en infraestructura para la seguridad, a través de proyectos como la construcción y adecuación de estaciones y subestaciones de Policía, puntos de atención de Fiscalía, adecuaciones a la base de la Fuerza Aérea, entre otros.
También cita una inversión para la adquisición de 83 motocicletas y 12 camionetas para dotar a la Fuerza Pública en sus sus actividades en territorio, por un valor de $4.312’778.917.
De igual manera, cinco municipios están adscritos en el fondo constituido en 2021 para la implementación de circuitos cerrados de televisión y se proyecta terminar el período de gobierno con una inversión de $4.414’300.262 en tecnología para la seguridad en la subregión.