El Pacto Social por la Niñez, firmado recientemente en Riohacha, a instancias del Ministerio de Trabajo y en el marco del programa Gobierno con el Pueblo del presidente Gustavo Petro, tiene el potencial de transformar la situación de la niñez y prevenir y detener el trabajo infantil en la región. Es la primera vez que todo un Gobierno se traslada hasta el territorio para dar respuesta urgente a la situación que desde hace décadas sufren quienes habitan en La Guajira.
La Guajira es uno de los territorios más afectados por la reciente crisis humanitaria producto del flujo migratorio mixto entre Colombia y Venezuela. Esta situación exacerba problemas sociales crónicos de la región y ha exigido esfuerzos del Estado en materia de servicios que garanticen derechos a la salud, la vivienda, la alimentación, la educación y el empleo de la población migrante.
Dentro de la población venezolana migrante, al menos el 14,9% son menores de edad, y muchos de ellos no cuentan con opciones para satisfacer sus necesidades básicas. Casi siempre llegan a asentamientos informales en condiciones poco dignas y padecen formas de violencia que generan impactos físicos y psicológicos negativos que trastocan sus proyectos de vida.
Pero la violencia no afecta solo a las niñas y niños migrantes. La población infantil y adolescente del departamento sufre también por el desconocimiento histórico de sus derechos, la exclusión social y el racismo, la violencia dentro de sus familias, el acoso sexual permanente aún dentro de instituciones escolares, las presiones de grupos ilegales y organizaciones criminales y, finalmente, la trata y la explotación sexual.
Entre octubre de 2020 y mayo de 2023, 199 niñas, 2 niñas transgénero y 23 niños víctimas de explotación sexual participaron en las estrategias de protección y recuperación de la Fundación Renacer (con apoyo de USAID, OIM y el ICBF). Sus historias de vida testimonian la persistencia de factores estructurales, institucionales, ambientales, familiares y culturales que predisponen a la sociedad en su conjunto para cometer actos que degradan la dignidad de las niñas y los niños, al tiempo que revelan las limitaciones históricas del Estado para detener la vorágine de las violencias.
Como respuesta a todas estas problemáticas, el Pacto Social de la Niñez de la Guajira busca repensar como sociedad, en primer término, el lugar de la niñez y la adolescencia en la construcción de la vida cotidiana y la historia de las comunidades, partiendo de su reconocimiento real y efectivo como sujetos individuales, sociales y como sujetos de derechos. Sin este reconocimiento es imposible transformar las condiciones que dan origen y que sostienen la violencia. Valga aclarar que ni fenomenológica, ni conceptual, ni éticamente es legítimo considerar la explotación sexual como actividad laboral de las niñas, niños y adolescentes víctimas.
Por otro lado, este pacto es una oportunidad para saldar la deuda histórica de la sociedad colombiana con las comunidades ancestrales. Es tiempo de acercarnos a la comprensión de los valores espirituales que otorgan la máxima importancia al respeto de la vida, la naturaleza, la mujer y la familia. Debemos reconocer a las comunidades indígenas en toda su riqueza y fortalecer, mediante diálogos interculturales respetuosos, el mutuo entendimiento y la convivencia pacífica entre la cultura wayuu y la cultura occidental que representamos. En este contexto, las niñas, niños y adolescentes podrán vivir seguros y en paz, sin discriminación, sin acoso y sin explotación, sexual o laboral.
El Pacto por la Niñez no puede ser ajeno a las transformaciones económicas que se vienen gestando en el territorio. La denominación de La Guajira como destino turístico es una alternativa que puede viabilizar el desarrollo de las comunidades y de las personas en la región, que quieren obtener beneficio de los rendimientos económicos sin sacrificar en ello sus valores, sus tradiciones ni sus derechos humanos. El turismo puede y debe fortalecer el entendimiento entre los pueblos y ser un aporte al desarrollo sostenible ambiental, económico y social. Como lo ha propuesto el Gobierno, necesitamos un turismo en armonía con la vida de las personas que habitan los territorios, que sea de base comunitaria y enfocado en la protección de la niñez.
Las niñas y los niños son y deben ser el centro, y el Pacto por la Niñez nos muestra el camino. Desde un enfoque de corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad, especialmente el Gobierno Nacional, las empresas, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y las agencias de cooperación, este Pacto confluye con los esfuerzos que se han realizado para construir entornos protectores para la niñez contra la violencia, la explotación sexual y la trata de personas. La sociedad Guajira debe apoyar estas iniciativas y empoderarse para vigilar su cumplimiento junto con el Gobierno Nacional.
*Luz Estella Cárdenas es la directora Fundación Renacer