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Diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos, entre ellas la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón, Putumayo (Acimvip), han denunciado a lo largo del día el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de este cuerpo de la Policía Nacional. Según reportan estas organizaciones más de cinco personas han resultado heridas, dos personas más fueron capturadas por los uniformados y un menor de edad se encuentra desaparecido. Uno de los heridos, identificado como Víctor Campo, tuvo que ser remitida a Mocoa por la gravedad de las lesiones.
Carlos López, presidente de la Acimvip, señaló como responsable de estos ataques al gobierno nacional y al comandante de la policía antinarcóticos del departamento pues, según le contó a este diario, “las movilizaciones se han dado de manera pacífica e incluso en la mañana de hoy hablamos con el gobernador, la policía y el ejército”. López también aseguró que, a pesar de la presencia de la Defensoría Regional y funcionarios de la Personería, los abusos por parte de miembros de la fuerza pública no han cesado.
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En varios videos publicados en redes sociales se escuchan lo que serían los disparos con armas de fuego. En uno de ellos se observa a un grupo de manifestantes que avanzan por una vía despavimentada hasta que se escuchan varios tiros. Luego de estos las personas retroceden mientras algunos gritan “¡Eso es bala, eso es bala!”.
Mientras tanto, el gobernador del Putumayo, Álvaro Granja, denunció que tanto él como su esquema de seguridad y la camioneta en la que se transportaban fueron blanco de un ataque por parte de manifestantes que amenazaron con golpearlos e incinerar la camioneta. Según Granja, este ataque se dio como reacción a un supuesto ataque de la policía que dejó a una persona herida, al parecer, por el impacto de una bala. El mandatario aseguró que el disparo no se produjo por la Policía ni por el Ejército.
Las organizaciones indígenas también señalan que se les ha disparado gases lacrimógenos, lo que le ha ocasionado afectaciones en las vías respiratorias a varios menores de edad y adultos mayores que hacen parte de las manifestaciones y piden “brindar garantías de protección a su vida e integridad física, especialmente considerando el incremento del pie de fuerza militar y de policía que hace presencia en este punto”.
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Tanto la OZIP, como López de los cabildos indígenas Inga del departamento, hacen llamados para que pronto se puedan instalar diversas mesas de diálogo con el gobierno nacional y departamental ya que, hasta el momento, sus reclamos no han sido escuchados por ninguna instancia oficial. En Costayaco, donde se encuentran hace más de dos semanas bloqueando las actividades de la empresa petrolera Gran Tierra Energy Colombia, también piden la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, así como el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.