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¿Sabía que casi el 60 % de los jóvenes que se consideran LGBTIQ+ en Colombia han escuchado comentarios sobre cambiar su orientación sexual, identidad o expresión de género? Esto fue revelado por una reciente encuesta de la organización Sentiido, en la que se censó por primera vez a menores de edad del país respecto a este tema y se evidenció que las mal llamadas “terapias de conversión” todavía existen y tienen una vasta relevancia en ciertas comunidades.
Es por eso que en un segundo intento se radicó el proyecto de ley en el Congreso de la República, en cabeza de la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), para que este tipo de prácticas sean rotundamente prohibidas en Colombia. Tuvo 58 firmas a favor y entrará a discusión por la Comisión Séptima de la Cámara.
En una anterior oportunidad la propuesta ya se había hundido en debate luego de ser impulsada por el representante Andrés Cancimance, y recordemos que este tipo de prácticas, las supuestas terapias de conversión, ya fueron prohibidas en países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta.
Pero ¿por qué se considera que son un atentado contra los derechos humanos? El Espectador consultó expertos y leyó algunos informes que podrían orientar en el asunto. Acá le contamos.
Lea nuestra editorial al respecto: Es hora de prohibir las terapias de conversión.
¿Por qué son “mal llamadas”?
Comencemos por el nombre. El Espectador habló con Andrea Domínguez, investigadora de la organización Sentiido, sobre el significado del término “terapia de conversión”, y para entender ese concepto primero se debe hablar de las palabras que lo componen.
En primer lugar tenemos “terapia”, de origen griego, que denota “curación”, pero no hay nada que curar en las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En segundo lugar está “conversión”, también equivocada porque así como no se puede convertir a una persona heterosexual para que sea homosexual o bisexual, tampoco se puede imponer lo mismo a una persona LGBTIQ+.
“Es decir, ni hay nada que curar ni hay nada que se pueda convertir. Por eso se recomienda el uso de la expresión Esfuerzos para cambiar la orientación sexual, identidad de género o la expresión de género, o ECOSIEG, en vez de “terapias de conversión”, explica Andrea Domínguez.
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¿Qué dice la comunidad médica?
Estar en contra de los ECOSIEG no es únicamente cosa de activistas, expertos, personas LGBTIQ+ y aliadas. También es una cuestión que ha sido estudiada por la comunidad médica internacional, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por ejemplo, ambas organizaciones coinciden en declarar a este tipo de prácticas como una amenaza a la salud y a los derechos humanos de las personas sometidas a ellas.
Incluso la ONU, en su “Informe sobre terapias de conversión”, nombra a este tipo de métodos como “inherentemente humillantes, degradantes y discriminatorios. Los efectos combinados de sentirse impotente y la humillación extrema generan profundos sentimientos de vergüenza, culpa, asco e inutilidad, lo que puede resultar en un autoconcepto dañado y cambios duraderos en la personalidad”.
No se pierda: Radican proyecto de ley que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión”.
¿Cuáles son las modalidades?
Según Domínguez y el informe de la ONU, existen tres grandes grupos de ECOSIEG:
- Los de tipo médico: Para “corregir la orientación sexual” de las personas, en el pasado se implementaban métodos como el ciclismo intensivo, el amarre del pene y los testículos, la castración y hasta la lobotomía. Actualmente existe un uso extendido de hormonas para la realización de los ECOSIEG.
- Los de tipo psicológico: En estos se hacen terapias de aversión con electrochoques o sustancias químicas.
- Los de tipo religioso: Son los más comunes hoy en día y comprenden supuestos exorcismos, consejerías espirituales e incluso reclusiones en retiros intensivos donde, según Domínguez, “se somete a las personas a situaciones psicológicas de extrema vulnerabilidad”.
Sin embargo, estas no son las únicas formas con las que se intenta cambiar la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona. Como lo demostró incluso el informe final de la Comisión de la Verdad en su capítulo “Mi cuerpo es la verdad” sobre las experiencias LGBTIQ+ en el conflicto armado, en Colombia han sucedido actos criminales como el secuestro e internación, las torturas y las mal llamadas “violaciones correctivas” de las que han sido víctimas muchas mujeres lesbianas.
“Independientemente de su nivel de crueldad, todas las prácticas que patologizan, castigan y pretenden negar la existencia de las personas sexualmente diversas y genero-diversas, tienen consecuencias nefastas para la vida y la salud de las personas que han sobrevivido estos ECOSIEG”, puntualiza Domínguez.
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¿Qué consecuencias tienen los ECOSIEG?
Las secuelas psicológicas pueden durar toda la vida o conllevar incluso al suicidio. Así lo expresa Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la ONU, en su informe del 2020 sobre orientación sexual e identidad de género.
Asimismo, en el censo que la organización Sentiido realizó a jóvenes colombianos LGBTIQ+, se evidencia que las comunidades religiosas y las religiones como tal continúan teniendo un papel importante en la vida de algunos de ellos, específicamente en el 67 % de los encuestados, aunque el 93 % escucharan mensajes negativos sobre la diversidad sexual e identidad de género en sus congregaciones.
“Las comunidades de fe ejercen un rol muy importante en muchas familias e influencian las decisiones de muchas de ellas. En Colombia, y en otros lugares del mundo, son muy comunes los retiros espirituales o las orientaciones espirituales personalizadas para intentar cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona de la comunidad y esto se logra a través de la familia, que presiona a la víctima para que se someta a estos procesos”, explica Domínguez.
Es por eso que la ONU pidió una prohibición global de las prácticas mal llamadas “terapias de conversión”. Es más: en una lista de recomendaciones, se sugirió a los Estados definir con claridad las prácticas prohibidas; asegurar que los fondos públicos no se usen para apoyarlas; establecer castigos por incumplimientos; proporcionar reparación a las víctimas y demás.
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También se pidió llevar a cabo campañas para generar conciencia entre los integrantes de la familia y las demás comunidades respecto a la ineficacia de esas prácticas y sus consecuencias a largo plazo en quienes las experimentan.
“Mientras no exista una legislación que prohíba expresamente que un profesional de la salud (un psicólogo por ejemplo), un líder religioso de una determinada iglesia y demás ofrezcan algún tipo de método para cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género, el camino estará despejado para que se sigan presentando estas violaciones a los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+”, puntualiza Andrea Domínguez, investigadora de Sentiido.