Procuraduría investigará a funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio
La investigación se abrió debido a presuntas irregularidades que se encontraron en un contrato de alimentación para adultos mayores en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza.
La Procuraduría abrió una investigación a funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio por posibles irregularidades en un contrato de alimentación a adultos mayores. Según la información que dio a conocer la entidad, la investigación se hará específicamente a la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana, Maritzabel Ramírez Gómez.
El motivo es un contrato por cerca de $2.000 millones para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza. Dentro de las irregularidades que se han encontrado están la presunta duplicación de los precios, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato y entregar alimentos a personas no beneficiarias.
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Las denuncias fueron hechas por la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio, quienes señalan a la secretaria Ramírez Gómez de faltar a la verdad al efectuar la evaluación técnica. Además, la Procuraduría también investiga a Julián Andrés Vargas Álvarez, interventor del Contrato suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía y Sehir Esgardo Rodríguez Rodríguez, coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato de Interventoría.
“En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista”, explicó la Procuraduría.
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Al parecer, Julián Andrés Vargas habría omitido la verificación y certificación de la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.
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“En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista”, explicó la Procuraduría.
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