“Que subsista el monte y también nosotros”: la apuesta de campesinos en Caquetá
Los campesinos y campesinas del piedemonte caqueteño sueñan con convertir su territorio en la segunda Zona de Reserva Campesina más grande del país. Esto les ayudaría a proteger sus montañas del extractivismo y a tener, por fin, la tierra que les ha sido negada. Al frente de este proceso está Acomflopad, una organización que ha logrado movilizar a campesinos de cuatro municipios hacia esta lucha colectiva.
Marcela Madrid Vergara*
Para Genaro Martínez, la vida del campesino sin tierra es como la de un ave pasajera. Este caqueteño de 68 años ha dedicado buena parte de sus días a producir café, maíz, yuca y plátano en la finca que le dejaron sus abuelos y sus padres en la zona rural de Florencia, capital de Caquetá. Pero, como la mayoría de los habitantes de esas tierras, no tiene ningún papel que lo confirme. Por eso, cuando en el 2014 escuchó el rumor de que se estaba creando una asociación campesina para luchar por las necesidades de la cordillera caqueteña, decidió sumarse de inmediato.
Por esos días, este territorio -que abarca los municipios de Florencia, Montañita, Paujil y Doncello- estaba amenazado por “los cocos”. Así le llama la lideresa Elda Yaneth Martínez a los proyectos extractivistas que se abrían paso en la zona: dos bloques petroleros y una hidroeléctrica que pretendía privatizar el emblemático río San Pedro. Entonces, miles de campesinos y campesinas que estaban desarticulados como consecuencia de la guerra volvieron a unirse con un objetivo común: frenar la explotación de sus recursos naturales.
Lo primero que hicieron fue impulsar la labor de las 124 juntas de acción comunal de los cuatro municipios. Después de muchas reuniones masticando la idea de vereda en vereda, nació en 2015 la Asociación Campesina de Cordillera municipios Montañita, Florencia, Paujil y Doncello (Acomflopad). Pero la preocupación inicial seguía presente: ¿cómo proteger el territorio?
ZRC: empieza el sueño
Por boca de sus vecinos de El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, escucharon de una figura legal llamada Zona de Reserva Campesina, que allá habían logrado constituir en los años 90. Les aclararon que esta no garantiza el derecho a la consulta previa ni la titulación colectiva de la tierra (figuras ligadas a los pueblos indígenas y afro), pero sí el reconocimiento “a nuestra manera de trabajar, de vivir, a los saberes históricos y a proponer una forma de ordenamiento territorial”, explica Elda, hoy presidenta de Acomflopad.
Ahí estaba la respuesta. Las Zonas de Reserva Campesina son territorios donde las comunidades campesinas definen cómo usar la tierra a través de un Plan de Desarrollo Sostenible y un Plan de Manejo Ambiental en los que recogen su proyecto de vida colectivo, para luego concertarlo con las autoridades públicas. Acomflopad decidió apostarle a esta figura para lograr varias de sus metas: impulsar la economía campesina, conservar el bosque y ponerle freno a los proyectos minero-energéticos.
A Johana Romero, miembro de la junta directiva de la organización, la idea le sonó desde el principio. “Me gustó el concepto de Zona de Reserva Campesina porque abre muchas posibilidades para este territorio tan abandonado. Aquí no tenemos vías, los campesinos no tienen proyectos productivos; por acá no llega nada, si acaso los políticos a dar tres gallinas en época de elecciones”.
Los amigos de El Pato fueron sinceros: no sería un proceso fácil, a ellos les había costado años de trámites e insistencia ante las autoridades agrarias. Igual aceptaron el reto y, en 2020, Acomflopad presentó la solicitud formal para crear la Zona de Reserva Campesina Cabeceras Orteguaza-San Pedro. El camino apenas está empezando, pero si logran llegar a buen puerto, sería la segunda más grande del país: 233 mil hectáreas, un área mayor a la superficie de Luxemburgo.
Mientras ese sueño avanza, los campesinos y campesinas de Acomflopad han creado estrategias para defender sus derechos al tiempo que cuidan las montañas, el bosque y los ríos. “Es una tarea de todos en nuestras fincas. Nosotros ya somos viejos pero tenemos hijos y nietos, no queremos que sufran en el futuro”, dice José Elí Collazos, un campesino que llegó hace 30 años a la región.
Los campesinos de esta zona saben que están parados sobre un territorio invaluable para el medio ambiente, un corredor ecológico que es hogar de especies como el jaguar. Su principal herramienta para conservarlo es el Manual de Convivencia de la organización. Este documento, elaborado por las 124 juntas en múltiples jornadas de discusión que se extendieron hasta la madrugada, establece que cada predio debe mantener al menos un 30% del bosque intacto, que está prohibido talar los alrededores de los nacederos de agua y que no se permite la cacería y la pesca con fines comerciales. Quien incumpla estas normas tendrá que pagar una multa. Así han logrado controlar la deforestación a través de algo que los expertos llaman cerrar la frontera agropecuaria, o como traduce Elda, “dejar de ‘echar pa’l monte’”.
El orgullo de conservar
Gracias a ese cuidado colectivo del bosque, hoy Genaro puede sacar pecho y decir que desde su finca tiene contacto con las especies más bellas de fauna y flora. Por ejemplo, “unas pavas gigantes y bonitas que lo despiertan a uno a las cinco de la mañana con sus chillidos”; o el mico churuco, al que “yo le silbo y él me contesta”; o una orquídea que “parece una novia árabe”.
Genaro es un hombre de ceño fruncido y mirada ruda, que se enternece cuando habla de la naturaleza que lo rodea. Dice que, si logran convertirse en Zona de Reserva Campesina, le gustaría crear una ruta turística para compartir con otros el privilegio que disfruta a diario.
No es casualidad que él y su familia tengan acceso a ese paisaje, pues son vecinos del Parque Regional Miraflores-Picachos, creado en el 2018 con el apoyo de Acomflopad. Un hito ambiental que se ganaron a pulso. Ese año, Corpoamazonía empezó a delimitar lo que sería el nuevo Parque Regional y, según Elda, “lo iban a crear sobre la habitación campesina, que es histórica”. Tiene razón, pues los primeros campesinos del Caquetá llegaron ahí en los años 50 huyendo de la violencia partidista, principalmente del Tolima y el Huila, como lo relata el Instituto Sinchi en el libro Caquetá: construcción de un territorio amazónico en el siglo XX,
Entonces la organización campesina lanzó una propuesta novedosa para que la conservación ambiental y los derechos campesinos pudieran convivir en las mismas montañas. “Nos fuimos a Corpoamazonía y les dijimos: necesitamos que miremos el polígono de ustedes y el de nosotros porque parece que hay un traslape”, recuerda Henoc Enciso Mahecha, miembro directivo de Acomflopad.
Bajo la premisa “que subsista el monte y también nosotros”, los habitantes de la zona caminaron kilómetros y kilómetros junto a los funcionarios, cerciorándose de que el área del nuevo Parque no pasara sobre las casas de los campesinos. Y, como parte del trato, dejaron un área de 8 kilómetros de bosque intocable entre el límite del parque y lo que será la Zona de Reserva Campesina. Es un área de amortiguación que, según explica Genaro, “no es para irla a destruir por ningún campesino, sino como un emblema que se pueda cuidar”.
La apuesta: conservación con campesinos
Aunque con el Gobierno de Gustavo Petro parecía acercarse el sueño de convertir el piedemonte caqueteño en Zona de Reserva Campesina, persiste un obstáculo enorme: el 75% de esas 233 mil hectáreas fueron catalogadas como zona de reserva forestal en 1959. Es decir, ahí los campesinos no pueden recibir la titulación de sus tierras. Elda, quien siempre encuentra las palabras para traducir los legalismos, lo resume así: “el monte hay que tenerlo pa’ verlo”.
Pero para Acomflopad, el monte es para darle buen uso. Por eso, la apuesta de la organización es pedirle al Gobierno que sustraiga la Zona de Reserva Forestal y permita que la segunda Zona de Reserva Campesina más grande del país se convierta en realidad. Así, están convencidos, podrán ser dueños de sus tierras, seguir saludando a los micos y escuchando el caudal de sus ríos. Así dejarán de ser aves pasajeras.
*Periodista de Dejusticia
(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.
Para Genaro Martínez, la vida del campesino sin tierra es como la de un ave pasajera. Este caqueteño de 68 años ha dedicado buena parte de sus días a producir café, maíz, yuca y plátano en la finca que le dejaron sus abuelos y sus padres en la zona rural de Florencia, capital de Caquetá. Pero, como la mayoría de los habitantes de esas tierras, no tiene ningún papel que lo confirme. Por eso, cuando en el 2014 escuchó el rumor de que se estaba creando una asociación campesina para luchar por las necesidades de la cordillera caqueteña, decidió sumarse de inmediato.
Por esos días, este territorio -que abarca los municipios de Florencia, Montañita, Paujil y Doncello- estaba amenazado por “los cocos”. Así le llama la lideresa Elda Yaneth Martínez a los proyectos extractivistas que se abrían paso en la zona: dos bloques petroleros y una hidroeléctrica que pretendía privatizar el emblemático río San Pedro. Entonces, miles de campesinos y campesinas que estaban desarticulados como consecuencia de la guerra volvieron a unirse con un objetivo común: frenar la explotación de sus recursos naturales.
Lo primero que hicieron fue impulsar la labor de las 124 juntas de acción comunal de los cuatro municipios. Después de muchas reuniones masticando la idea de vereda en vereda, nació en 2015 la Asociación Campesina de Cordillera municipios Montañita, Florencia, Paujil y Doncello (Acomflopad). Pero la preocupación inicial seguía presente: ¿cómo proteger el territorio?
ZRC: empieza el sueño
Por boca de sus vecinos de El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, escucharon de una figura legal llamada Zona de Reserva Campesina, que allá habían logrado constituir en los años 90. Les aclararon que esta no garantiza el derecho a la consulta previa ni la titulación colectiva de la tierra (figuras ligadas a los pueblos indígenas y afro), pero sí el reconocimiento “a nuestra manera de trabajar, de vivir, a los saberes históricos y a proponer una forma de ordenamiento territorial”, explica Elda, hoy presidenta de Acomflopad.
Ahí estaba la respuesta. Las Zonas de Reserva Campesina son territorios donde las comunidades campesinas definen cómo usar la tierra a través de un Plan de Desarrollo Sostenible y un Plan de Manejo Ambiental en los que recogen su proyecto de vida colectivo, para luego concertarlo con las autoridades públicas. Acomflopad decidió apostarle a esta figura para lograr varias de sus metas: impulsar la economía campesina, conservar el bosque y ponerle freno a los proyectos minero-energéticos.
A Johana Romero, miembro de la junta directiva de la organización, la idea le sonó desde el principio. “Me gustó el concepto de Zona de Reserva Campesina porque abre muchas posibilidades para este territorio tan abandonado. Aquí no tenemos vías, los campesinos no tienen proyectos productivos; por acá no llega nada, si acaso los políticos a dar tres gallinas en época de elecciones”.
Los amigos de El Pato fueron sinceros: no sería un proceso fácil, a ellos les había costado años de trámites e insistencia ante las autoridades agrarias. Igual aceptaron el reto y, en 2020, Acomflopad presentó la solicitud formal para crear la Zona de Reserva Campesina Cabeceras Orteguaza-San Pedro. El camino apenas está empezando, pero si logran llegar a buen puerto, sería la segunda más grande del país: 233 mil hectáreas, un área mayor a la superficie de Luxemburgo.
Mientras ese sueño avanza, los campesinos y campesinas de Acomflopad han creado estrategias para defender sus derechos al tiempo que cuidan las montañas, el bosque y los ríos. “Es una tarea de todos en nuestras fincas. Nosotros ya somos viejos pero tenemos hijos y nietos, no queremos que sufran en el futuro”, dice José Elí Collazos, un campesino que llegó hace 30 años a la región.
Los campesinos de esta zona saben que están parados sobre un territorio invaluable para el medio ambiente, un corredor ecológico que es hogar de especies como el jaguar. Su principal herramienta para conservarlo es el Manual de Convivencia de la organización. Este documento, elaborado por las 124 juntas en múltiples jornadas de discusión que se extendieron hasta la madrugada, establece que cada predio debe mantener al menos un 30% del bosque intacto, que está prohibido talar los alrededores de los nacederos de agua y que no se permite la cacería y la pesca con fines comerciales. Quien incumpla estas normas tendrá que pagar una multa. Así han logrado controlar la deforestación a través de algo que los expertos llaman cerrar la frontera agropecuaria, o como traduce Elda, “dejar de ‘echar pa’l monte’”.
El orgullo de conservar
Gracias a ese cuidado colectivo del bosque, hoy Genaro puede sacar pecho y decir que desde su finca tiene contacto con las especies más bellas de fauna y flora. Por ejemplo, “unas pavas gigantes y bonitas que lo despiertan a uno a las cinco de la mañana con sus chillidos”; o el mico churuco, al que “yo le silbo y él me contesta”; o una orquídea que “parece una novia árabe”.
Genaro es un hombre de ceño fruncido y mirada ruda, que se enternece cuando habla de la naturaleza que lo rodea. Dice que, si logran convertirse en Zona de Reserva Campesina, le gustaría crear una ruta turística para compartir con otros el privilegio que disfruta a diario.
No es casualidad que él y su familia tengan acceso a ese paisaje, pues son vecinos del Parque Regional Miraflores-Picachos, creado en el 2018 con el apoyo de Acomflopad. Un hito ambiental que se ganaron a pulso. Ese año, Corpoamazonía empezó a delimitar lo que sería el nuevo Parque Regional y, según Elda, “lo iban a crear sobre la habitación campesina, que es histórica”. Tiene razón, pues los primeros campesinos del Caquetá llegaron ahí en los años 50 huyendo de la violencia partidista, principalmente del Tolima y el Huila, como lo relata el Instituto Sinchi en el libro Caquetá: construcción de un territorio amazónico en el siglo XX,
Entonces la organización campesina lanzó una propuesta novedosa para que la conservación ambiental y los derechos campesinos pudieran convivir en las mismas montañas. “Nos fuimos a Corpoamazonía y les dijimos: necesitamos que miremos el polígono de ustedes y el de nosotros porque parece que hay un traslape”, recuerda Henoc Enciso Mahecha, miembro directivo de Acomflopad.
Bajo la premisa “que subsista el monte y también nosotros”, los habitantes de la zona caminaron kilómetros y kilómetros junto a los funcionarios, cerciorándose de que el área del nuevo Parque no pasara sobre las casas de los campesinos. Y, como parte del trato, dejaron un área de 8 kilómetros de bosque intocable entre el límite del parque y lo que será la Zona de Reserva Campesina. Es un área de amortiguación que, según explica Genaro, “no es para irla a destruir por ningún campesino, sino como un emblema que se pueda cuidar”.
La apuesta: conservación con campesinos
Aunque con el Gobierno de Gustavo Petro parecía acercarse el sueño de convertir el piedemonte caqueteño en Zona de Reserva Campesina, persiste un obstáculo enorme: el 75% de esas 233 mil hectáreas fueron catalogadas como zona de reserva forestal en 1959. Es decir, ahí los campesinos no pueden recibir la titulación de sus tierras. Elda, quien siempre encuentra las palabras para traducir los legalismos, lo resume así: “el monte hay que tenerlo pa’ verlo”.
Pero para Acomflopad, el monte es para darle buen uso. Por eso, la apuesta de la organización es pedirle al Gobierno que sustraiga la Zona de Reserva Forestal y permita que la segunda Zona de Reserva Campesina más grande del país se convierta en realidad. Así, están convencidos, podrán ser dueños de sus tierras, seguir saludando a los micos y escuchando el caudal de sus ríos. Así dejarán de ser aves pasajeras.
*Periodista de Dejusticia
(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.