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Así esté en disputa por todo tipo de grupos armados, Saravena es, ante todo, cuna sagrada de los indígenas u’was, betoys, ingas, sikuanis, hitnus y macaguanes, que siempre han velado por la conservación del agua y los bosques, desde la Sierra Nevada del Cocuy hasta las calurosas sabanas del Sarare. Me lo recordó en diciembre de 2015 el líder ancestral Víctor Chivaraquía a raíz de la protesta que hizo, junto a su comunidad, frente a la Alcaldía de ese municipio de Arauca para “pedir respeto a nuestros territorios”. La guerrilla del Eln acababa de asesinar a 12 militares en Güicán de La Sierra (Boyacá) y tropas del Ejército Nacional irrumpieron en sus resguardos “sin ninguna consulta ni autorización”, hechos que causaron la desaparición de dos indígenas y el amedrentamiento de todos los pobladores. (Recomendamos otra crónica de Nelson Fredy Padilla sobre Arauca: “Historia de una violencia sin fin).
Fue el agua sagrada de la quebrada La Pava la que permitió que los colonizadores sobrevivieran, crearan una cooperativa agropecuaria con ayuda inicial del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y fundaran el corregimiento de Tame, luego municipio, en febrero de 1976. El aislamiento y el apogeo del caserío, que se llamaba Las Pavas, llevaron a la construcción de una pista de aterrizaje.
Leo en Fragmentos de la historia del conflicto armado, documento del sociólogo Alfredo Molano Bravo, que fue uno de los lugares donde los gobiernos del Frente Nacional promovieron asentamientos en los años 60. Después no apoyaron a las comunidades por lo que, a comienzos de los años 70, hubo “paros cívicos en Caquetá, Caldas, Córdoba, Saravena y Sucre. La represión fue violenta. El Gobierno congeló el presupuesto de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, despidió a los funcionarios campesinistas y encarceló y persiguió a los dirigentes de paros e invasiones. Las invasiones, que antes se negociaban, fueron severamente reprimidas por la policía rural”. La reacción se agravó en los años 80 por la falta de presencia estatal integral. Recuerda el investigador Molano que antes, durante la violencia de los años 50, lo que hoy es Saravena fue una de las tierras prometidas por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla a cambio de las armas de los 10.000 guerrilleros que comandaba Guadalupe Salcedo en 1953. (Más: Los momentos de zozobra de los líderes sociales atacados en Saravena).
A Saravena todavía es más fácil llegar en avión, vía Satena, porque entonces no había carreteras y las de ahora son trochas que la comunican desde Tame y Arauca. Y eso que tienen nombres como La Soberanía, que lleva hasta los Santanderes, y la Ruta Libertadora. En 2019, el presidente Iván Duque anunció en el Taller Construyendo País #24 un documento Conpes, en el que se destacó la importancia de esta ciudad de cerca de 50 mil habitantes y su aporte a la economía nacional. Además, se asumió el compromiso de terminar las citadas vías arterias en beneficio del empleo y la productividad. Es un problema de fondo mantener carreteras en sabanas inundables, donde mandan caños y ríos como Arauca, Ele, Cusay, Banadía, Bojabá y Caranal, que cada año dejan miles de damnificados en un hábitat todavía esplendoroso a pesar de la ganadería extensiva.
Mientras las obras avanzan a paso lento, dos años después la violencia volvió a semiparalizar la región. La que Simón Bolívar llamara “cuna de la libertad” es una zona bajo un toque de queda que incluye a Tame y Fortul, luego del atentado terrorista del pasado 20 de enero que dejó un muerto, decenas de heridos y un centenar de viviendas afectadas.
Durante 46 años de existencia, Saravena no ha conocido la paz y sí todas las formas de violencia. Las tres veces que he estado, una en 1989, otra en los 90 y la última hace 10 años, han sido para informar sobre ataques de grupos al margen de la ley y visitar cuarteles atrincherados de policías y militares, mientras los habitantes conviven con el miedo.
Percibo que nada ha cambiado tras leer Fronteras Rojas. La guerra en Colombia vista desde sus fronteras (sello Debate), libro publicado el año pasado por Annette Idler, una Ph.D en desarrollo de la Universidad de Oxford, que dirige estudios sobre guerra y a quien una de las zonas de Colombia que más le llamó la atención en su trabajo de campo fue Arauca y, en especial, Saravena. Analiza la tensión en que vive la población civil, bajo amenazas de todos los flancos.
Este ambiente ha causado, según ella, un impacto evidente en las “reglas de comportamiento social” y una “desconfianza generalizada”, incluso “dentro de las familias, entre vecinos y entre amigos”, que “menoscaba la acción colectiva basada en la solidaridad”.
Adjunta ejemplos de grafitis de los bandos, panfletos y testimonios de un lugar donde “la muerte es percibida como algo inevitable. Se decía, por ejemplo, que las víctimas del homicidio en el municipio de Saravena, en Arauca, eran colaboradoras de las Farc o el Eln, y que habían sido asesinadas para eliminar la base social del enemigo”. Se sospecha de todo el mundo, y si matan a alguien se atribuye a haberse metido con alguna banda criminal.
Ahora las amenazas circulan en mensajes vía Whatsapp, como el mensaje de audio previo al carro bomba que esta semana explotó en el corazón del pueblo y destruyó edificios, como el que era sede de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de libertad de prensa más reconocidas. El ministro de Defensa, Diego Molano, atribuyó el crimen a las disidencias de las antiguas Farc en su pugna contra el Eln.
Para los saravenenses no es novedad. Los asesinatos o atentados pueden ocurrir de noche o de día, y en cualquier lugar. En septiembre pasado, milicianos del frente Domingo Laín del Eln atacaron a uniformados de la Fuerza Pública al lado del colegio Semilleros de Paz. Instalaron a dos metros de la institución educativa rampas con cilindros bombas y los activaron contra una patrulla de la Policía Nacional mientras niños y niñas recibían clases de educación física. Hubo tres heridos. Ni siquiera hay respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, opinó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Según la Defensoría del Pueblo, 2022 empezó peor: recibiendo los cadáveres de 17 de las personas asesinadas al parecer por el Eln en una serie de asesinatos selectivos que las autoridades atribuyen a su guerra contra las citadas disidencias, que también quieren dominar este municipio fronterizo con Venezuela y un corredor estratégico hacia Boyacá y Norte de Santander.
Sesenta familias desplazadas por esa violencia se sumaron a 53 familias de migrantes venezolanos que habían llegado en marzo del año pasado, también acosadas por grupos armados que operan de un lado y el otro de Venezuela y Colombia, incluidas bandas de narcotraficantes, contrabandistas y paramilitares.
La Fuerza Pública ha intentado brindar seguridad, pero nunca ha podido consolidarla a pesar de que cada año se refuerza la presencia de Policía y Ejército, aun desde el aire con unidades como un Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación. Esto porque había antecedentes como que en 1981 las Farc se tomaron el aeropuerto de Saravena y mataron a dos soldados. A los pocos días el Ejército reportó la muerte de 20 guerrilleros. En el libro de Arturo Alape, Los sueños y las montañas, sobre Manuel Marulanda, el fundador de las Farc, se dice que Tirofijo consideraba a Arauca y Saravena como prioridad.
El Eln no se quedó atrás. En mayo de 1992 secuestró un avión Twin Otter de Aerotaca, que volaba entre Yopal y Saravena. Se llevó, torturó y asesinó a tres militares que portaban documentos secretos sobre la “Operación Tempestad I”, un juego de guerra en el que se simulaban operaciones contraguerrilleras en la frontera con Venezuela e iban destinados al comandante del Batallón Rebéiz Pizarro del Ejército. Cuando liberaron a los tripulantes cerca de Saravena, estos dijeron que los alzados en armas adujeron que era un “plan ultrasecreto” contra ellos.
El estado de guerra nunca se disipó. En 2015 el Eln atacó la base local de la aviación del Ejército y otro teatro de guerra ha sido el oleoducto Caño Limón-Coveñas, puesto que para cuidarlo de atentados y evitar secuestros relacionados con el petróleo se crearon “batallones especiales energéticos y viales”.
Violencia trae más violencia. En el documento que entregó el sacerdote Javier Giraldo a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se advierte como génesis del paramilitarismo en Saravena la reunión, en 1982, de un grupo de militares retirados con militares activos para crear un capítulo de Muerte A Secuestradores (MAS) con armas del Ejército Nacional. Después los expedientes se cuentan por decenas.
Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, está el expediente del bloque Central Bolívar y de sus militantes en Saravena, la mayoría jóvenes exmilitares, como un suboficial del Batallón 50 de Contraguerrilla que entró a las autodefensas en 1997 hasta que fue capturado en 2005, se desmovilizó y prometió abandonar las armas, pero luego volvió a delinquir. También se documentaron asesinatos de líderes sociales, sindicalistas y hasta vendedores de loterías y gasolina, así como reclutamiento forzado por parte del bloque Vencedores de Arauca.
Establecer la verdad del conflicto en Saravena es un gran riesgo. En septiembre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció amenazas y el robo de un vehículo en el que viajaban funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Muchas de las víctimas en Saravena son casos de los llamados falsos positivos, como los de 2004, cuando miembros de la Brigada 18 del Ejército Nacional asesinaron a los líderes sindicales Jorge Prieto, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Fueron presentados como bajas en combate contra el Eln. Aunque confesaron que cumplían órdenes superiores, al final solo cuatro soldados fueron condenados a 40 años de prisión en 2007.
En ese caso se documentó cómo algunos implicados habían sido entrenados por 70 miembros del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, traídos a Saravena entre diciembre de 2002 y abril de 2003, y que volvieron en 2004 y 2005 para “formar” a más soldados. Esas instalaciones las heredó el Grupo de Caballería No. 18, dicen las Memorias al Congreso de 2010, del Ministerio de Defensa: “El Ejército Nacional asumió la responsabilidad de mantenimiento de bienes e infraestructura construidos por la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos en la base del Grupo Mecanizado General Revéis Pizarro en Saravena (Arauca)”. De paso informó de la creación y activación en el mismo municipio del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento del Ejército Nacional No. 18.
Por orden del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Duitama y del Tribunal Administrativo de Boyacá, en Saravena el Ejército debió pedir perdón público, en 2013, por los asesinatos de Samuel Navia Moreno y John Carlos Nocua Rueda, ocurridos el 26 de noviembre de 2007, a manos de uniformados del Batallón Especial Energético y Vial No. 1, en la carretera que del casco urbano conduce a la vereda El Silencio, del municipio de Cubará.
No solo caen cada semana jóvenes de la región acusados de alguna militancia, sino civiles ligados a casos de corrupción administrativa o comercial promovida por los actores de la guerra. En la Fiscalía General de la Nación hay expedientes como el de un empresario local procesado por estar ligado durante 10 años al desvío de $22 mil millones del erario a través de empresas constituidas para construcción o reparación de vías, puentes, pavimentos o como consultorías de arquitectura e ingeniería.
Como si fuera poco, los habitantes de Saravena, en especial quienes viven de la pesca en ríos binacionales, están expuestos a abusos de la Fuerza Pública de Venezuela, que cada vez que puede los hostiga y los acusa de ser cómplices de la guerrilla. Denuncias como esta recibe el centro de convivencia que la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional abrió en 2017.
Aun así, la población civil no piensa doblegarse ante la violencia. El viernes pasado se tomó las calles con una marcha blanca, en la que unas 10 mil personas exigieron respeto, paz y desarrollo social. Promueven acciones de tolerancia y memoria como el “árbol mujer”, a través del que 31 madres, hijas y esposas víctimas del conflicto armado representaron sus raíces, fortalezas y proyectos de vida para pensar en perdón y reconciliación.
También hay nuevas generaciones cansadas de la guerra: niños músicos inspirados por la Fundación Batuta y grupos de estudio en la Biblioteca Pública en memoria del profesor Abel Betancourt Ruiz, exaltada por el Premio Nacional del Ministerio de Cultura por sus programas para el rescate del conocimiento de los pueblos indígenas y la formación de la infancia en la lectura.
Hay empresarios optimistas que aspiran a que algún día los colombianos quieran ir de turismo a Saravena, para disfrutar de la cultura llanera y de la majestuosidad del paisaje con la libertad que lo hacen aves como gavanes gigantes y rojizas garzas corocoras.