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Entre enero de 2018 y junio de 2023, la Defensoría del Pueblo ha atendido 236 casos de trata de personas en el país, y en el 89% de ellos, es decir en 212, las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. En 60 de dichos casos (el 25,4 %) había relación con la esclavización de personas migrantes.
El preocupante panorama lo planteó este sábado la Defensoría del Pueblo a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, al tiempo que hizo un llamado al Estado para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan prevenir este tipo de casos.
De acuerdo con las cifras de la Defensoría, Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13) fueron los departamentos del país en los que más casos se presentaron. Sin embargo, hay reportes en 133 municipios de 25 departamentos y el organismos ha emitido 40 alertas tempranas en las que da cuenta del nivel de riesgo que persiste en zonas en las que hay influencia de actores armados y conexidad con otras violencias
“De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos”, detalla la Defensoría.
Para Camargo el panorama se agrava pues no solo se trata de una grave vulneración de derechos humanos sino que no existen “los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”.
De acuerdo con la Defensoría, es indispensable que el Estado pueda avanzar en tres frentes claves: la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos; la evaluación de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas; y la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante.
“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.