JAVIER JIMÉNEZ (Colombia informa) Bogotá - Mayo de 2021
La tensión subió. De repente, un disparo desde la tanqueta fue de forma directa —no parabólica como está reglamentado— en contra del grupo de prensa.
LINA PRIETO (Diáspora social) Bogotá - Agosto de 2021
Lina Prieto y el retenido fueron acorralados por el ESMAD sin que nadie más pudiera ingresar al cerco en el que quedaron atrapados.
La masiva participación en las protestas, sin antecedentes en la historia reciente del país, derivó en una serie de ataques de agentes oficiales contra los manifestantes. Así lo reportaron medios de comunicación tradicionales y alternativos.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en los dos primeros meses del paro nacional ya iban 299 agresiones contra periodistas que cubrieron las manifestaciones.
Ataques, heridas, amenazas y detenciones ilegales eran las formas de violencia más frecuentes contra esos comunicadores.
Según varias ONG, las autoridades normalizaron esos comportamientos violentos contra los comunicadores. La FLIP pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificar si Colombia brindaba las garantías para el trabajo de la prensa.
Los ataques contra esos 299 periodistas ocurrieron en 260 hechos, la mayoría de ellos en Bogotá, Valle, Antioquia y Cauca, según la FLIP. El 58 % de los casos (152) fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Un periodista denunció que fue golpeado en la cabeza con el arma de dotación del uniformado. Varios más dijeron que, mientras hacían reportería, recibieron puños en la cara por parte de miembros del ESMAD.
La comunidad internacional pidió que Colombia no se quedara en silencio ante tal situación y que garantizara acción contundente para frenar tales atropellos.
Los videos de ciudadanos fueron claves para reabrir investigaciones sobre casos de agresión a la prensa en los que supuestamente no había material para avanzar en las pesquisas.
En diciembre de 2021, La ONU publicó su informe sobre el paro nacional y condenó la violencia policial que le costó la vida a 28 personas en casos de abusos de autoridad.
En el mismo informe, repudió todo tipo de ataque contra los periodistas que informaron sobre el tema.
