“Gobierno Duque parece alejarse de compromisos del Acuerdo de Paz”: Amnistía Internacional

Se estima que en Colombia alrededor de 230 mil familias -en su mayoría campesinos, afros e indígenas- dependen del cultivo de coca para subsistir. No es capricho o negocio. Para muchas es la única alternativa para acceder a alimentación, educación y salud. Sin embargo, en plena pandemia -mientras esas familias están confinadas y enfrentan afugias para sobrevivir-, el Gobierno dio inicio a aspersiones terrestres de erradicación, lo que encendió las alarmas de Amnistía Internacional (AI), que no vaciló en calificar los operativos como “una sentencia de muerte” para las comunidades.

En contexto: Más de 230.000 familias campesinas dependen del cultivo de coca en Colombia

Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, hechos de este calibre ponen en entredicho el compromiso del Ejecutivo frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc. ¿La razón? Esa erradicación no está siendo gradual ni concertada con las familias, lo que podría desencadenar violaciones de derechos humanos. ¿Qué hacer? Esta es su lectura de la situación.

¿Por qué para AI estos operativos son una “sentencia de muerte” en un contexto de pandemia?

Hemos recibido información desde el inicio de la pandemia frente a estas operaciones en diferentes regiones. Lamentablemente, muchas de las comunidades campesinas se ven obligadas a recurrir a los cultivos de uso ilícito para garantizar su sostenibilidad, dado el abandono estatal y la falta de incentivos, además enfrentan chantajes.

Por si fuera poco, la aspersión terrestre que inició el 20 de julio termina erradicando cultivos lícitos que garantizan la sostenibilidad alimentaria de esas poblaciones. Además, en el contexto de la pandemia es desproporcionalmente arbitraria la respuesta del Estado, sobre todo por las medidas de confinamiento. Se tienden a exacerbar las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que han afectado históricamente a comunidades campesinas, afros e indígenas.

Se suele pensar que las aspersiones terrestres son menos invasivas y más controladas que las aéreas. ¿Por qué son tan graves?

Hay grandes diferencias entre la aspersión aérea y la terrestre. Hemos recibido información de otros departamentos donde se han realizado incluso aspersiones aéreas. Sin embargo, independientemente del impacto, no somos expertos en el uso de estas herramientas. Lo cierto es que estos operativos no están contando con la cooperación de las comunidades y no se están sustituyendo los cultivos, afectando la sostenibilidad alimentaria y el ingreso de la gente.

No podemos olvidar el contexto de cómo ellos se han visto forzados a sembrar estos cultivos, en particular por la violencia perpetrada por los grupos armados. A ello se suma que son precarias las situaciones económicas en que sobreviven. Por todo esto, no se pueden iniciar operativos de esta naturaleza sin que se hayan tomado medidas en línea con los derechos humanos y, en particular, en un contexto de pandemia.

¿Qué derechos humanos se estarían vulnerando?

En medio de la emergencia por el coronavirus, a las comunidades campesinas se les están vulnerando sus derechos a la salud, alimentación y protección, porque están siendo expuestas a situaciones de violencia, tanto de grupos armados irregulares como de las propias fuerzas de seguridad. También están expuestos sus líderes sociales, muchos vinculados a la defensa y el respeto del Acuerdo de Paz, y que son a la larga los que conocen cómo se tiene que hacer la erradicación.

Pareciera que hay una urgencia por parte de las autoridades para hacer erradicación forzada y generar condiciones que perpetúen las problemáticas de los campesinos, que hasta se han visto obligados a salir de su propio aislamiento para evitar que estos operativos continúen. Por ejemplo, en el Catatumbo han denunciado que no se les garantizan los derechos más básicos, como salud y alimentación, pero sí ha habido un despliegue desproporcionado de la Fuerza Pública. Hay una contradicción entre lo que es prioritario en un contexto tan complejo como este: o salvamos vidas o generamos mayores contextos de inseguridad.

¿De qué regiones han recibido denuncias?

De Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, en especial el Catatumbo. Coincide que son regiones con una situación alarmante de violencia, en donde los líderes sociales están siendo asesinados y la población se encuentra recluida (por grupos paramilitares y guerrilleros) o sometida a desplazamiento forzado precisamente por los niveles altísimos de violencia.

En tanto la erradicación no es gradual ni concertada, ¿se puede hablar de un incumplimiento al Acuerdo de Paz?

La evaluación del cumplimiento de lo acordado es un tema más extenso. Sin embargo, AI considera que lamentablemente los compromisos asumidos por el Estado -en particular los relativos a la protección y defensa de los derechos humanos- todavía están muy lejos de ser una realidad, en tanto muchas comunidades siguen experimentando las consecuencias del conflicto armado. Que comiencen estos operativos de erradicación sin contar con la colaboración de las comunidades y que no se enfoquen en programas de sustitución voluntaria, que tienen menor riesgo, habla que efectivamente el Gobierno estaría incumpliendo el Acuerdo de Paz, en particular el punto 4.

Hay nuevos desplazamientos forzados, confinamientos en zonas rurales -especialmente afros e indígenas-, la violencia sexual en contra de mujeres y niñas continúa siendo un gran flagelo, y todo esto es otro ejemplo de cómo el gobierno de Iván Duque parece alejarse de los compromisos estatales para la implementación.

¿Qué debería hacer el Ministerio de Defensa para hacer frente al crecimiento de cultivos sin afectar a las comunidades?

Lo más importante es tratar las causas de raíz: por qué esas comunidades están vinculadas al tema de violencia y falta de derechos económicos y sociales. Hay recomendaciones de organizaciones diferentes a AI, como la propia Defensoría del Pueblo y agencias del sistema de Naciones Unidas, que abogan por acelerar los programas de sustitución voluntaria en los territorios y zonas rurales, y ampliar la cobertura para la atención de las familias que han manifestado su voluntad de acogerse a esta política de sustitución voluntaria, pero también ampliar la atención en salud y las alternativas económicas.

¿Es cierto que las aspersiones terrestres pueden llegar a ser aún más perjudiciales que las aéreas?

Repito que nuestra organización no es experta en los modelos de erradicación de cultivos, entonces no me atrevería a hacer una referencia. Lo que sí se ha documentado a lo largo de los años —porque la erradicación de cultivos de uso ilícito ha sido parte de la política antidrogas de Colombia durante las dos últimas décadas— son las afectaciones a la salud, porque se trata precisamente de la utilización de químicos.

De allí el compromiso de las comunidades campesinas de hacer una sustitución voluntaria y manual de estos cultivos que —lamentablemente, por la falta de incentivos económicos y de apoyo de gasto público— no se han logrado, porque la gente no encuentra alternativa para su sostenibilidad.

¿Han podido establecer cuáles son los argumentos en detalle del Gobierno para dar inicio a estos operativos?

La Policía y el Ejército hicieron el anuncio de que se iniciaban estas operaciones. El caso más reciente, el de Catatumbo, fue hace unos días, el 20 de julio. Si bien hacen alusión a la necesidad de ir disminuyendo los cultivos, no han dado una respuesta contundente sobre qué protocolos y medidas de higiene se están tomando para el inicio de estos operativos, y por otro lado, por qué inician estos operativos sin que sean parte del programa de sustitución voluntaria que hace parte del Acuerdo de Paz.

¿Qué dificultades les reportó el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) frente a las medidas tomadas por el Gobierno? ¿Qué otras organizaciones han denunciado?

Hay organizaciones que han hecho públicas sus denuncias desde hace meses sobre las condiciones de precariedad que enfrentan, sobre todo en el contexto de la erradicación, como es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CISCA.

Esta última le ha hecho llegar información a AI sobre la situación estructural que vive la región en términos de violencia, que expone a las poblaciones rurales a enfrentar una pandemia en diferentes dimensiones respecto a otras partes del país. Esta es una comunidad que ni siquiera cuenta con servicios de salud integral, hospitales de segundo nivel y sin personal especializado para la atención del coronavirus.

¿Qué pasa si el Gobierno no acoge su llamado, si no hay una respuesta? ¿pueden acudir a otra instancia?

No se trata solo de si el Gobierno ignora o no las recomendaciones y demandas de AI, o de cualquier otra organización. Lo importante aquí es que se escuche a las víctimas, que son las que tienen otros mecanismos tanto nacionales como internacionales para que el Estado rinda cuentas.

Está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por supuesto, AI tiene el compromiso de acompañar a las víctimas a hacer sus exigencias a través de diferentes mecanismos tanto en la CIDH como en la Corte IDH, que han hecho reconocimientos históricos a favor de las víctimas y en contra del Estado en el contexto del conflicto. Existen otros mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿Qué otras problemáticas en materia social ha desatado la pandemia?

La pandemia llega a Colombia en un momento crítico, en el que la vulneración de derechos humanos se ha convertido en la norma para grupos enteros de la población, particularmente para grupos indígenas, afros, rurales, mujeres y las niñas. La crisis del coronavirus y la propia respuesta del Gobierno pone al descubierto las históricas situaciones de discriminación y violencia, en particular contra líderes sociales.  

También hay condiciones que persisten, independientemente de la pandemia o las medidas de confinamiento, como la violencia, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, que ni siquiera con esta crisis han cambiado. La conclusión es que Colombia sigue enfrentando una grave crisis en materia de derechos humanos y el coronavirus simplemente viene a exacerbarla.

Se estima que en Colombia alrededor de 230 mil familias -en su mayoría campesinos, afros e indígenas- dependen del cultivo de coca para subsistir. No es capricho o negocio. Para muchas es la única alternativa para acceder a alimentación, educación y salud. Sin embargo, en plena pandemia -mientras esas familias están confinadas y enfrentan afugias para sobrevivir-, el Gobierno dio inicio a aspersiones terrestres de erradicación, lo que encendió las alarmas de Amnistía Internacional (AI), que no vaciló en calificar los operativos como “una sentencia de muerte” para las comunidades.

En contexto: Más de 230.000 familias campesinas dependen del cultivo de coca en Colombia

Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, hechos de este calibre ponen en entredicho el compromiso del Ejecutivo frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc. ¿La razón? Esa erradicación no está siendo gradual ni concertada con las familias, lo que podría desencadenar violaciones de derechos humanos. ¿Qué hacer? Esta es su lectura de la situación.

¿Por qué para AI estos operativos son una “sentencia de muerte” en un contexto de pandemia?

Hemos recibido información desde el inicio de la pandemia frente a estas operaciones en diferentes regiones. Lamentablemente, muchas de las comunidades campesinas se ven obligadas a recurrir a los cultivos de uso ilícito para garantizar su sostenibilidad, dado el abandono estatal y la falta de incentivos, además enfrentan chantajes.

Por si fuera poco, la aspersión terrestre que inició el 20 de julio termina erradicando cultivos lícitos que garantizan la sostenibilidad alimentaria de esas poblaciones. Además, en el contexto de la pandemia es desproporcionalmente arbitraria la respuesta del Estado, sobre todo por las medidas de confinamiento. Se tienden a exacerbar las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que han afectado históricamente a comunidades campesinas, afros e indígenas.

Se suele pensar que las aspersiones terrestres son menos invasivas y más controladas que las aéreas. ¿Por qué son tan graves?

Hay grandes diferencias entre la aspersión aérea y la terrestre. Hemos recibido información de otros departamentos donde se han realizado incluso aspersiones aéreas. Sin embargo, independientemente del impacto, no somos expertos en el uso de estas herramientas. Lo cierto es que estos operativos no están contando con la cooperación de las comunidades y no se están sustituyendo los cultivos, afectando la sostenibilidad alimentaria y el ingreso de la gente.

No podemos olvidar el contexto de cómo ellos se han visto forzados a sembrar estos cultivos, en particular por la violencia perpetrada por los grupos armados. A ello se suma que son precarias las situaciones económicas en que sobreviven. Por todo esto, no se pueden iniciar operativos de esta naturaleza sin que se hayan tomado medidas en línea con los derechos humanos y, en particular, en un contexto de pandemia.

¿Qué derechos humanos se estarían vulnerando?

En medio de la emergencia por el coronavirus, a las comunidades campesinas se les están vulnerando sus derechos a la salud, alimentación y protección, porque están siendo expuestas a situaciones de violencia, tanto de grupos armados irregulares como de las propias fuerzas de seguridad. También están expuestos sus líderes sociales, muchos vinculados a la defensa y el respeto del Acuerdo de Paz, y que son a la larga los que conocen cómo se tiene que hacer la erradicación.

Pareciera que hay una urgencia por parte de las autoridades para hacer erradicación forzada y generar condiciones que perpetúen las problemáticas de los campesinos, que hasta se han visto obligados a salir de su propio aislamiento para evitar que estos operativos continúen. Por ejemplo, en el Catatumbo han denunciado que no se les garantizan los derechos más básicos, como salud y alimentación, pero sí ha habido un despliegue desproporcionado de la Fuerza Pública. Hay una contradicción entre lo que es prioritario en un contexto tan complejo como este: o salvamos vidas o generamos mayores contextos de inseguridad.

¿De qué regiones han recibido denuncias?

De Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, en especial el Catatumbo. Coincide que son regiones con una situación alarmante de violencia, en donde los líderes sociales están siendo asesinados y la población se encuentra recluida (por grupos paramilitares y guerrilleros) o sometida a desplazamiento forzado precisamente por los niveles altísimos de violencia.

En tanto la erradicación no es gradual ni concertada, ¿se puede hablar de un incumplimiento al Acuerdo de Paz?

La evaluación del cumplimiento de lo acordado es un tema más extenso. Sin embargo, AI considera que lamentablemente los compromisos asumidos por el Estado -en particular los relativos a la protección y defensa de los derechos humanos- todavía están muy lejos de ser una realidad, en tanto muchas comunidades siguen experimentando las consecuencias del conflicto armado. Que comiencen estos operativos de erradicación sin contar con la colaboración de las comunidades y que no se enfoquen en programas de sustitución voluntaria, que tienen menor riesgo, habla que efectivamente el Gobierno estaría incumpliendo el Acuerdo de Paz, en particular el punto 4.

Hay nuevos desplazamientos forzados, confinamientos en zonas rurales -especialmente afros e indígenas-, la violencia sexual en contra de mujeres y niñas continúa siendo un gran flagelo, y todo esto es otro ejemplo de cómo el gobierno de Iván Duque parece alejarse de los compromisos estatales para la implementación.

¿Qué debería hacer el Ministerio de Defensa para hacer frente al crecimiento de cultivos sin afectar a las comunidades?

Lo más importante es tratar las causas de raíz: por qué esas comunidades están vinculadas al tema de violencia y falta de derechos económicos y sociales. Hay recomendaciones de organizaciones diferentes a AI, como la propia Defensoría del Pueblo y agencias del sistema de Naciones Unidas, que abogan por acelerar los programas de sustitución voluntaria en los territorios y zonas rurales, y ampliar la cobertura para la atención de las familias que han manifestado su voluntad de acogerse a esta política de sustitución voluntaria, pero también ampliar la atención en salud y las alternativas económicas.

¿Es cierto que las aspersiones terrestres pueden llegar a ser aún más perjudiciales que las aéreas?

Repito que nuestra organización no es experta en los modelos de erradicación de cultivos, entonces no me atrevería a hacer una referencia. Lo que sí se ha documentado a lo largo de los años —porque la erradicación de cultivos de uso ilícito ha sido parte de la política antidrogas de Colombia durante las dos últimas décadas— son las afectaciones a la salud, porque se trata precisamente de la utilización de químicos.

De allí el compromiso de las comunidades campesinas de hacer una sustitución voluntaria y manual de estos cultivos que —lamentablemente, por la falta de incentivos económicos y de apoyo de gasto público— no se han logrado, porque la gente no encuentra alternativa para su sostenibilidad.

¿Han podido establecer cuáles son los argumentos en detalle del Gobierno para dar inicio a estos operativos?

La Policía y el Ejército hicieron el anuncio de que se iniciaban estas operaciones. El caso más reciente, el de Catatumbo, fue hace unos días, el 20 de julio. Si bien hacen alusión a la necesidad de ir disminuyendo los cultivos, no han dado una respuesta contundente sobre qué protocolos y medidas de higiene se están tomando para el inicio de estos operativos, y por otro lado, por qué inician estos operativos sin que sean parte del programa de sustitución voluntaria que hace parte del Acuerdo de Paz.

¿Qué dificultades les reportó el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) frente a las medidas tomadas por el Gobierno? ¿Qué otras organizaciones han denunciado?

Hay organizaciones que han hecho públicas sus denuncias desde hace meses sobre las condiciones de precariedad que enfrentan, sobre todo en el contexto de la erradicación, como es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CISCA.

Esta última le ha hecho llegar información a AI sobre la situación estructural que vive la región en términos de violencia, que expone a las poblaciones rurales a enfrentar una pandemia en diferentes dimensiones respecto a otras partes del país. Esta es una comunidad que ni siquiera cuenta con servicios de salud integral, hospitales de segundo nivel y sin personal especializado para la atención del coronavirus.

¿Qué pasa si el Gobierno no acoge su llamado, si no hay una respuesta? ¿pueden acudir a otra instancia?

No se trata solo de si el Gobierno ignora o no las recomendaciones y demandas de AI, o de cualquier otra organización. Lo importante aquí es que se escuche a las víctimas, que son las que tienen otros mecanismos tanto nacionales como internacionales para que el Estado rinda cuentas.

Está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por supuesto, AI tiene el compromiso de acompañar a las víctimas a hacer sus exigencias a través de diferentes mecanismos tanto en la CIDH como en la Corte IDH, que han hecho reconocimientos históricos a favor de las víctimas y en contra del Estado en el contexto del conflicto. Existen otros mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿Qué otras problemáticas en materia social ha desatado la pandemia?

La pandemia llega a Colombia en un momento crítico, en el que la vulneración de derechos humanos se ha convertido en la norma para grupos enteros de la población, particularmente para grupos indígenas, afros, rurales, mujeres y las niñas. La crisis del coronavirus y la propia respuesta del Gobierno pone al descubierto las históricas situaciones de discriminación y violencia, en particular contra líderes sociales.  

También hay condiciones que persisten, independientemente de la pandemia o las medidas de confinamiento, como la violencia, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, que ni siquiera con esta crisis han cambiado. La conclusión es que Colombia sigue enfrentando una grave crisis en materia de derechos humanos y el coronavirus simplemente viene a exacerbarla.