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“Vos sos soldado”, le dijo Martha* a un joven uniformado que portaba fusil y se tapaba la cara. “Yo te conozco, vos sos soldado”, le repitió. Él se asustó. No entendía por qué afirmaba eso si no llevaba distintivos del Ejército y estaba como miembro de un grupo paramilitar. “Sí, señora”, alcanzó a decirle, “pero yo soy mandado, por eso hacemos esto”. Martha no dijo más. Estaba sola en un lugar de la cuenca del río Cacarica, en Riosucio (Chocó), que se llama La Tapa. Tenía en sus brazos a su bebé de nueve meses y, cerquita, pegados de la pollera, a sus hijos de 12, 10, 7 y 4 años. Era el 28 de febrero de 1997 y a las seis de la mañana había salido caminando desde su comunidad con “sus pelaos”, huyendo de las bombas y las balas asesinas de las Fuerzas Militares colombianas y el paramilitarismo, aliados en lo que fueron las operaciones Génesis y Cacarica. La primera, militar, la segunda, paramilitar.
Ella había llegado sola a La Tapa, con sus hijos, sin su madre que salió un poco antes por el terror, y sin su marido, que le tocó correr para Panamá. Llegó también sin motetes, ni una muda de ropa ni una gallina para resolver el almuerzo, pero dispuesta a subirse a la embarcación que fuera para salir de ahí. Tenía 35 años y, después de haberse amañado en el campo desde muy niña, se vio obligada a vivir en el coliseo de Turbo (Antioquia) con otras 2.700 familias que, como la suya, huían de la violencia en Cacaricas, Curvaradó y otras poblaciones.
Martha se define como “curiosita” porque pregunta todo y dice lo que piensa. El mismo día que se desplazó se unió a un grupo de mujeres que rescataban a un anciano de ser retenido por los paramilitares, y también les exigió a los armados que avisaran a sus compañeros para que no los detuvieran en otro tramo del río Cacarica o del Atrato, en su camino hacia Turbo. Ese carácter la ha mantenido en pie los últimos 23 años, después de que ese mismo 1997, tras el desplazamiento, desaparecieran a su hermano y a su primo, y asesinaran a su esposo.
Hablamos en Turbo, porque a Cacarica volvió apenas de pasada. Este 2020, incluso, tampoco fue al quinto Festival de Memorias Somos Génesis, que conmemoran las comunidades que fueron desplazadas, las que retornaron y las que no, de la mano de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y comunidad internacional, al que asisten también la Comisión de la Verdad y algunos exactores armados que trabajan por la reconciliación. Dice también que menos mal que no fue, porque “los guardacostas nos retuvieron, sin razón, durante casi tres horas, antes de atravesar el Golfo de Urabá y subir por el Atrato”. El Festival estuvo a punto de cancelarse en Cacarica.
(Lea también: En Turbo, los desplazados de la Operación Génesis viven sobre la basura)
La pista del paradero de sus familiares llegó a ella hace más de diez años después de que fueran desaparecidos el 23 de agosto de 1997. Ella se había ido a Quibdó a buscar a su marido, que lo habían devuelto a Colombia en su camino hacia Panamá. “Dejé a mi hermano que estuviera pendiente de mis hijos. El sábado llega la noticia de que habían visto el bote del hermano mío que venía (del río). A él lo llevaron hasta La Loma, lo hicieron descargar la carga que traía, porque él subió a buscar comida a la finca en Cacarica. Venía con el primo de nosotros y los paracos lo pararon ahí en la loma. Echaron el bote agua abajo, lo subieron por Travesías y por ahí por La Honda, según lo que le dicen a uno, lo desaparecieron”.
No fue sino hasta la desmovilización paramilitar, cuando comenzaron las audiencias de la ley de Justicia y Paz, que a Martha le llegó un indicio. Escuchó que Freddy Rendón Herrera, entonces comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, mencionó un crimen parecido en una audiencia, pero ella no pudo entrar y no escuchó dónde los habían dejado. Para entonces ya había decidido no retornar, como sí lo hicieron decenas de familias, a las zonas humanitarias Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios. Pensar en ese territorio inmediatamente la entristece. Entonces su búsqueda quedó en pausa, como está hasta hoy, cuando sigue esperando que alguna institución se interese en los desaparecidos de Cacarica.
Sin embargo, esto no es tan sencillo. Javier Rosero, enlace territorial de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dice que “para las dependencias del Estado hay ciertos niveles de percibir el territorio como inseguro y eso no les permite entrar ni hacer lo que tengan que hacer para poder recuperar los cuerpos o manifestar dónde están. Hace poco ha habido indicios de dónde posiblemente pueden estar algunas personas desaparecidas”. Pero siguen siendo incipientes.
Incluso en las zonas humanitarias han hecho presencia, a pesar de que a menos de medio kilómetro de Nueva Vida se instaló el Ejército Nacional, desatendiendo las reglas de las zonas humanitarias. Y con ese panorama parece lejana la posibilidad de cumplir el deseo de Martha: “darles el entierro cristiano que se les da a las personas y que no todo quede en la impunidad, porque eso es lo que enferma el alma”. Por eso llama al sistema de justicia transicional a que tengan en cuenta la verdad, la justicia y la búsqueda de los desaparecidos de Cacarica, especialmente dentro de la apertura del caso 007, sobre la situación de Urabá, que hizo la Juridisdicción Especial para la Paz.