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Desde que Adriana Quintero se subió al avión, en 2005, con rumbo a Escandinavia, dijo: “Esto va para largo”. Tenía tres meses de embarazo y la certeza de que no iba a regresar pronto a Colombia. Ya sumaba siete familiares desaparecidos, así como la incertidumbre de que su nombre pudiera engrosar la lista. El exilio parecía la única salida.
A sus espaldas quedaba su historia y la de su familia: los Úsuga Higuita, oriundos del Urabá antioqueño. Ellos pertenecieron a la Unión Patriótica (UP) y al Partido Comunista. Fueron líderes en sus veredas, pero también trabajadores del campo, apasionados por el fútbol y de una profunda religiosidad. Esas épocas, en las que podían ejercer liderazgos sin miedo, Adriana las evoca como “tranquilas y bonitas”. Hasta que empezó la arremetida contra la UP.
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Desde una ciudad oscura y pequeña, ubicada en el norte de Europa, Adriana recuerda que cuando arreciaron las amenazas, los asesinatos y las desapariciones en la región de Antioquia donde residía, la mayoría llegó huyendo a Medellín, incluyendo a su familia. Allí, en 1997, se encontró con compañeros de estudio, con personas que integraban la Junta de Acción Comunal, con otros miembros de la UP. “Era una sensación de dolor compartido, porque esos momentos partieron la historia de todos”.
Los Úsuga Higuita fueron los últimos en abandonar de su tierra. Se resistían a hacerlo. Pero su intento de huida no los libró de la estela de violencia que los acechaba. Los familiares de Adriana, uno a uno, fueron desaparecidos: su abuelo, Luis Fernando Úsuga Rivera; su tía Rosalba Úsuga Higuita y sus tíos Ruben y Wilson Úsuga Higuita; su primo Joaquín Emilio Guisao Úsuga (hijo de Rosalba); su primo de 17 años, Arvey Posso Úsuga, y el papá de Adriana, Ángel Quintero Mesa.
Su papá fue el último de la familia en ser desaparecido, el 6 de octubre del 2000, con Claudia Monsalve, en el centro de Medellín, en donde fueron retenidos por hombres fuertemente armados en plena vía pública. Ambos eran activistas y defensores de derechos humanos, que se habían vinculado a la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) para liderar los procesos de búsqueda y denunciar la desaparición y asesinato de sus familiares.
“Siempre que ocurrían cosas en la zona (amenazas, desapariciones o asesinatos), él iba a los sitios y recogía la información. Tenía un registro de muchos hechos que se presentaron en esa región, no solo en los municipios sino también en las partes donde había conexión con las veredas. Estuvo pendiente de la gente y siempre hizo ese ejercicio”, relata ‘La Tata’, como le dicen a Adriana quienes la conocen.
Recuerda que su mamá siempre sentía temor de que Ángel José acudiera a las autoridades y denunciara en voz alta lo que les ocurrió a sus familiares. Ella le decía que dejara las cosas así, que no se metiera en problemas, pero Ángel José solía ser muy terco. En cierto sentido, muy parecido a Adriana. “Mi padre me dejó como legado la defensa de la vida, la humanidad y solidaridad con los demás. No tengo el humor que él tenía, pero aprendí muchísimas cosas de él, era una persona muy justa, muy consecuente con lo que hacía y pensaba”.
A diferencia de ‘La Tata’, su padre creía en la institucionalidad. Iba a la Fiscalía y denunciaba. No solo se preocupaba por los hechos que afectaban a sus familiares, sino también a otras personas que vivían en la región y a sus copartidarios. Tenía la convicción de que algún día iba a hacerse justicia y que los hechos que rodearon las amenazas, desapariciones y asesinatos no iban a quedar sin castigo. De hecho, ese 6 de octubre, el día en que lo desaparecieron fue a declarar en la denuncia por la desaparición en agosto de tres familiares.
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“Mientras estuvimos en Colombia, no teníamos la confianza, ni la esperanza, ni la credibilidad en las instituciones que estaban al frente de lo que nos sucedió, debido a todo lo que ha pasado en la investigación: después de 19 años no ha habido ninguna respuesta por parte del Estado y tampoco compromiso ni voluntad por buscarlos. Ellos son desaparecidos absolutos, no hemos conseguido ninguna información, absolutamente nada, todo está en total impunidad, así que buscar desde el exilio es difícil, porque no tenemos los recursos y no estamos en el territorio como para ir al sitio o hacer el rastreo. Son muchos años de búsqueda. El acompañamiento y la participación en el Sistema Integral es muy importante. La Comisión de la Verdad (CEV) es la oportunidad para reflejar en el informe la desaparición forzada de personas como una estrategia de Estado para eliminar y desquebrajar el tejido social de un país”.
Asegura que de la mano de la Unidad de Búsqueda de Pesonas dadas por Desaparecidas (UBPD) continuarán con el compromiso de siempre “en conocer el paradero de todos y todas las personas desaparecidas”.
“¿Qué pasa si no encuentran a sus familiares?”
Su búsqueda y las luchas emprendidas por su familia le costaron el exilio. Primero llegaron 15 personas y, un mes después, otras tres. Hoy son más de 20 familiares que viven en Escandinavia. Asegura con ironía que mandaron a su familia a poblar esa región desolada de Europa.
Pero desde el momento en que llegó allí, Adriana se preguntó cómo emprendería la búsqueda de sus seres queridos desde el extranjero, quién les iba a decir qué pasó o en dónde están. Ella no solo exige respuestas sobre sus siete familiares, sino que se ha solidarizado con otras que han buscado desde lejos. “Tratamos de mantenernos unidos, de seguir viviendo”.
“Son más de 80.000 desaparecidos y lo más triste es que hoy en día se sigue ejerciendo esa práctica en Colombia”. Hay preguntas, pero también escepticismo, porque afirman que la búsqueda de las personas desaparecidas es un rol que han asumido en solitario las familias de las víctimas. Por eso, se aferran a la información que se produzca desde Colombia, están pendientes de los procesos a través de los abogados y, como una forma de exigir la satisfacción de sus derechos y de generar solidaridad entre la ciudadanía, han emprendido iniciativas como instalación de galerías con las fotografías de sus seres queridos. Ese es su motor para seguir en la búsqueda. “Así sentimos que no estamos buscando solos”.
Para ella no es fácil describir lo que significa vivir y buscar desde el exilio. Podría definirlo como un doble dolor que se come el alma. Es doble, porque es como si el sufrimiento fuera más agudo y como si estar lejos implicara sentir un vacío permanente. Mientras Colombia aún hay objetos que reconstruyen la historia de sus familiares desaparecidos —la música, los libros, los lugares que frecuentaba y las anécdotas—, en el exilio cuenta con muy poco. Adriana conserva algunas fotografías y unos cuantos libros, pero no tiene más opción que recrear la realidad desde un contexto extraño para tratar de revivir la memoria. No solo reinventa el espacio de sus seres queridos, sino que ella misma debe reinventarse a sí misma para seguir viviendo.
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A Adriana ‘La Tata’ Quintero le preguntan “cómo hace”, “cómo busca desde el exilio”. Ella solo responde que se trata de un compromiso de vida. “¿Y qué pasa si sus familiares no son encontrados?” Ella dice que todo es incierto, como la desaparición misma. En su caso no sabe si encontrará a uno o a dos de ellos. Pero para ella, que está a 10.000 kilómetros de distancia desde hace 14 años, hay aspectos claves que no duda en rescatar: el hecho de hacer parte de un proceso de búsqueda, de sentir la solidaridad y la fortaleza de los demás familiares y de quienes saben que se trata de una lucha a la que no se renuncia.
La entrega de información
La mañana del 3 de septiembre de 2019, Adriana, en nombre del Grupo Europa de Familiares de Desaparecidos y en compañía de siete organizaciones más, le entregaron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) un informe que recoge el trabajo de ellos y las familias en la búsqueda de los desaparecidos desde el exilio.
El documento contiene información de 182 casos de personas desaparecidas en Guaviare, Nariño y los Llanos Orientales. Entre los aportes están 60 casos de desaparición de familiares en el exilio, 77 casos nuevos en Tumaco (Nariño) y 45 casos de Guaviare.
“En el Guaviare documentamos 140 casos, 90 con fines de memoria y los 45 con fines de búsqueda. Es un reto vencer los miedos y la desconfianza en los territorios, pero este trabajo permite dar un mensaje de que vale la pena en seguir trabajando y unir los esfuerzos que nos permitan dar con el paradero de quienes nos fueron arrebatados en el conflicto armado”, aseguró Giovanni Gómez, de la Corporación Vida Paz.
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Por el lado de Nariño, César Santoyo, del Colectivo Orlando Fals Borda, aseguró que gran parte de la información que entregan se refieren a los cuerpos que no están identificados y que yacen en los cementerios del país. “Documentamos a través de la mesa de trabajo sobre desapariciones forzadas en Nariño que, por ejemplo, en el cementerio de Tumaco hay 235 cuerpos no identificados, en Ipiales 187 y en Pasto, 276”, afirmó. Su documentación también se centró en las afectaciones que ha dejado la búsqueda en las mujeres y en los pueblos afrodescendientes.
“Nosotros tenemos el compromiso, pero la dedicación ha sido de ustedes. Este trabajo de documentación nosotros lo reconocemos y esperamos responder a esa expectativa y esperanza que nos expresan. Este es un aporte a una tarea que debemos continuar haciendo conjuntamente”, aseguró Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.