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Este viernes 14 de mayo, el equipo Desaparición Forzada de la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV), que realizó en 2019 la “Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia”, publicó un informe sobre los vacíos de información y la respuesta del Estado frente a los casos de este delito que se han cometido en el marco del Paro Nacional, que inició el pasado 28 de abril.
Las cifras oficiales que dieron la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación fueron de 379 desaparecidos durante las protestas. Luego la Fiscalía aseguró que 227 personas ya habían sido ubicadas y que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente para dar con 168 personas desaparecidas. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos aseguran que no es transparente la información que da el Estado y que pueden ser muchas más víctimas.
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Según el informe se evidencia el “regreso de una figura delictiva que pensábamos erradicada: la de la detención desaparición. Es decir, cuando las autoridades policiales o militares capturan de forma arbitraria y/o ilegal a una persona y la mantienen retenida sin informar de su paradero. Sea esta retención en instalaciones ‘legales’ o irregulares, dure mucho o poco”.
Esta forma de desaparición, dice el documento, fue usada principalmente durante el Estatuto de Seguridad Nacional que implementó Julio César Turbay Ayala durante su mandato como presidente entre 1978 a 1982, y que respondía a la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos para combatir a grupos insurgentes o que apoyaran el comunismo.
Fue para este último año que se dio la desaparición por parte de fuerzas militares y de inteligencia de 14 jóvenes y estudiantes de Bogotá y Cundinamarca y que terminó en la creación del Colectivo 82. Un año después se conformó oficialmente la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes), el primer grupo de familiares y mujeres buscadoras en el país.
Erik Arellana, uno de los investigadores de este equipo e hijo de Nydia Érika Bautista, detenida y desaparecida por agentes del Estado el 30 de agosto de 1987, le aseguró a este medio que sí evidencian un retroceso de 40 años en la aplicación de los derechos humanos en Colombia debido a las detenciones arbitrarias e ilegales por parte del Estado en el Paro Nacional y porque el Gobierno de Iván Duque no está respetando ninguna de las normativas internacionales que garantizan el derecho a la protesta social.
Vea acá el informe “El ‘regreso’ de los detenidos-desaparecidos en Colombia”
Cuando se habla de desaparición forzada se cree que solo ocurre cuando hay un periodo muy largo en el que no se sabe nada de la persona o del paradero de su cuerpo. ¿Por qué en el marco de las detenciones también puede cometerse este delito?
Aquí no se tiene claro que el delito de desaparición forzada es un delito múltiple. Lo primero es que hay una detención por parte de agentes del Estado o de alguna fuerza pública que no ha sido reportada. Así esto dure 12 o 24 horas, en ese periodo se constituye una desaparición forzada porque la familia no sabe de la persona y porque además puede involucrar tratos inhumanos y degradantes, tortura y, como hemos visto en el caso de algunas mujeres, violencia sexual. Por eso es que estamos diciendo que estamos volviendo a esa época en la cual quienes ejercían la práctica de la desaparición forzada eran agentes estatales o grupos particulares trabajando conjuntamente con la Fuerza Pública.
Si bien sostienen en el informe que ahora se está dando una “nueva versión de la doctrina de Seguridad Nacional”, también aseguran que las detenciones ilegales y la desaparición no son prácticas que se hayan acabado dentro de las Fuerzas Militares y que incluso se “paramilitarizaron”.
Para nosotros hay momentos en los cuales han sido más intensas estas prácticas. Por la cantidad de reportes de personas asesinadas creemos que la desaparición forzada se da para que no queden registros. Es lo mismo que hemos denunciado históricamente: que no hay pruebas, no hay testigos, no hay cuerpo, no hay una forma de demostrar el crimen, entonces eso queda en la impunidad, pero por otro lado genera mecanismos de terror. Todas las personas que hemos tratado de localizar desde las organizaciones sociales y que habían sido denunciadas como desaparecidas nos han dicho que hay un ejercicio de aplicación del terror como mecanismo de presión social.
Hay todo un cúmulo de impunidad histórica, hay una falta de asertividad por parte del Estado para prevenir las desapariciones forzadas, investigarlas y sancionarlas, entonces esto que estamos viviendo en el escenario del Paro Nacional es una copia en poco tiempo de lo que ha pasado en el país en 40 años.
Vea: ONU pidió a Colombia aclarar cifras sobre la desaparición forzada
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre Colombia se conoció el 12 de mayo, pero no alcanzó a tener en cuenta los casos que se han presentado durante el Paro Nacional. ¿Las recomendaciones que dio, como aclarar la cifra de desaparecidos en Colombia, pasaron de largo en estas protestas?
Hemos emitido este informe porque realmente estamos muy asustados: 26 organizaciones sociales y de derechos humanos empezamos a hacer seguimiento de los primeros casos de desaparición reportados en el Paro Nacional y nos alarmamos con la cantidad de denuncias que había en muchos sectores del país. Luego alcanzó unas cifras bastante altas y se consolidó ese trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), pero no hay mecanismos de verificación y depuración. El Estado colombiano nos tiene que decir cuántos son los desaparecidos y en dónde están. La misma exigencia que hemos hecho frente a la cifra de desaparecidos históricamente es la que estamos haciendo en este momento.
¿Cuáles son las respuestas de las autoridades ante la búsqueda de una persona dada por desaparecida durante el paro nacional?
No ha habido ningún tipo de respuesta, las cifras son distintas. Es un asunto perverso porque todas las instituciones estatales nos han estado reportando cifras distintas, entonces nosotros desde investigaciones propias de desaparición forzada intentamos tener contacto con organizaciones como la Fundación Nydia Erika Bautista o la Corporación Jurídica Libertad, que llevan casos concretos de buscar a las familias y hacer denuncias.
Es una situación tensa, no sentimos respaldo en las indagaciones. Por ejemplo, denunciamos la desaparición de un chico del movimiento LGBT al que encontramos hoy en una Unidad de Cuidados Intensivos. Muchos ‘NN’ aparecen en hospitales y si no hay trabajos de investigación muy específico fuera de las autoridades, es probable que nadie dé con su paradero.
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Dentro del informe sostienen también que las autoridades apelan al silencio y a los eufemismos. Pero, particularmente, ¿qué pasa acá con los entes de control?
Su papel es lamentable y eso se ve en su forma de registrar los mecanismos de búsqueda urgente y de deslegitimar la información que ha sido denunciada por muchos ciudadanos. La falta de rigurosidad frente a estas denuncias en investigación y en sanción, evidencia estos escenarios. La Fiscalía minimiza la situación y hace esto antes de investigar los hechos, lo cual hace ver la intencionalidad desde la que están ubicados. Y el papel de la Defensoría ha sido nefasto. Se debe garantizar la independencia de poderes y fortalecer las instituciones que deben proteger a los ciudadanos.
Insistimos en que queremos que los organismos de control y demás autoridades cumplan con su funcionalidad, que no hagan esperar a las familias por los reportes y que sean diligentes en todo sentido. No hay nada oficial en cifras después del 10 de mayo, trabajamos con la cifra anterior de la Defensoría del Pueblo: 379 desaparecidos. Esta mañana se hablaba de 178 habilitados en el mecanismo de búsqueda, pero no hay nada concreto.
¿Qué tan efectivas han sido las redes sociales para visibilizar los casos de personas desaparecidas y para ayudar a encontrarlas?
Las redes pueden ser benéficas, como también perjudiciales con noticias falsas o información no rigurosa. La información que allí se da ha fluido a nivel internacional, cosa que si se queda solo en los medios tradicionales, no tendría el mismo impacto global. Pero sin duda las redes sociales han sido muy importantes para la documentación y hasta para que las familias encuentren al joven desaparecido.
¿Qué puede hacer un ciudadano que se encuentre en marchas y vea posibles casos de detención arbitraria o conozca casos de desaparición forzada?
Tratar de identificar la persona detenida para que diga su nombre y su cédula. Es necesario, en la medida de lo posible, que se diga una pequeña descripción de los hechos y el lugar y posteriormente denunciarlo frente a autoridades competentes u organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, ante medios de comunicación. Que todos los ciudadanos entiendan que un rapto violento se puede reconfigurar en una desaparición forzada.
Todo lo que pueda aportar un ciudadano en información es fundamental para determinar a dónde se los llevan y cómo buscarlos. Cualquiera puede activar un mecanismo de búsqueda urgente ante cualquier autoridad.