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“La desaparición forzada transfronteriza es el crimen que pareciera no existir. No hay instrumentos específicos que se ocupen de este en el derecho internacional ni en el derecho interno”, así lo señala el informe Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander, que será entregado a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) este miércoles 7 de octubre a las 9:00 a.m.
El documento fue realizado por la Fundación Progresar, organización que acompaña en la búsqueda y atención psicosocial de las familias de más de 600 casos de desaparición en Norte de Santander. A lo largo de su trabajo en este departamento, el equipo ha visto con preocupación cómo este delito es una práctica invisible o inexistente para la sociedad y los entes de control, a pesar de ser usado de manera sistemática en los límites entre Colombia y Venezuela por distintos actores armados.
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“La desaparición forzada es un delito atroz, pero quienes abandonan los cuerpos en territorio venezolano, los sepultan allá o los arrojan a ese lado del río tienen un propósito doble de que los familiares no tengan ninguna posibilidad de recuperar los cuerpos porque están en otro país”, asegura Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar.
Según la fundación, existen entre 300 a 350 casos de personas que han sido desaparecidas en esa frontera de 421 kilómetros, que comunica el departamento de Norte de Santander con los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure.
El informe explica de manera más profunda los agravantes de la desaparición forzada transfronteriza que ya mencionó Cañizares. Por un lado, cuando se conduce a la personas más allá de los límites de Colombia, el actor armado sabe que ya no hay ley que la proteja. El caso queda en un limbo jurídico y humanitario porque ninguna entidad colombiana se hace responsable de la búsqueda al perder la jurisdicción territorial. Tampoco hay manera de exigirles a las autoridades venezolanas que hagan algo.
Uno de los casos que recoge el informe es el de un joven de 27 años, dedicado al mototaxismo entre Cúcuta y Ureña, desaparecido el 9 de abril de 2010 en el barrio El Escobal de Cúcuta. Ese día sale de su casa hacia el puente fronterizo Francisco de Paula Santander, su lugar de trabajo, y desde ahí su familia pierde cualquier contacto con él. Su madre es quien comienza a investigar sobre su desaparición y se entera de que su hijo fue asesinado e inhumado en la trocha “La Mona”.
Al parecer, según lo que le contó un testigo, su asesinato se dio frente a otros compañeros mototaxistas posiblemente por la banda La Línea, como una forma de mantener el control del transporte informal y obligarlos a pagar vacunas.
Aunque se sabe que el joven está enterrado en la tercera trocha del barrio El Escobal, no ha sido posible la búsqueda y localización de su cuerpo, ya que se encuentra justo después de la línea de frontera.
Hay otro agravante. En esos estados de Venezuela no hay la infraestructura forense y judicial para hacer el levantamiento e identificación de estos cuerpos. Incluso la Fundación Progresar señala que hay antecedentes de irregularidades en el lado venezolano para la recuperación e inhumación de personas encontradas en las orillas del río Catatumbo o del Golfo de Maracaibo. Las personas son inhumadas sin dar con su identificación, a veces en fosas múltiples y tampoco se llevan estadísticas o reportes de los cuerpos encontrados.
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“Ya saben que son colombianos porque es una práctica común en esta zona, pero no hay un proceso técnico científico de levantamiento. Uno va a hablar con la comisión de la policía criminalística de allá y no tienen información. Hay que ir a donde el sepulturero, quien en muchas casos enterró en un lado del cementerio a los colombianos”, añade Cañizares.
Asegura, además, que hace más de cinco años había receptividad de las autoridades venezolanas para que se hiciera la labor humanitaria de recuperar estos cuerpos y se les entregara directamente a las familias colombianas. Sin embargo, este acuerdo está interrumpido desde el cierre de la frontera en 2015 y por el declive en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
De acuerdo con cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía, en Norte de Santander se han registrado 5.809 desapariciones forzadas entre 1985 y 2019. La mayoría de ellas ocurrieron a partir de la llegada en 1999 del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia a este departamento. De 88 casos reportados en 1998 pasaron a 366 el siguiente año. Desde ahí no han bajado de los 100 casos anuales.
Si bien la Fundación Progresar sostiene que entre 300 y 350 de esos casos son de desapariciones forzadas transfronterizas, para la Comisión de la Verdad y la UBPD documentaron 61 casos ocurridos entre 1990 y 2016. Todos han sido cometidos por los grupos armados presentes en la frontera.
“Los Rastrojos pueden asociarse a seis de los 61 casos, resaltando que en una de ellas también hay indicios del involucramiento de miembros de la Policía Nacional de Colombia; las bandas criminales a cinco; las AUC a cuatro; las Farc a dos; La Línea a dos; paramilitares reciclados a dos; miembros de la Guardia Nacional Bolivariana a uno, y el ELN a uno”, sostiene el informe.
23 de estos casos ocurrieron en Cúcuta; 21 en Villa del Rosario; luego viene Puerto Santander con 10 casos; Tibú con cinco, y Ureña y Obispo Ramos de Lora, ambos en Venezuela, con un caso también. De acuerdo con la investigación, las desapariciones ocurridas en Cúcuta y Villa del Rosario tienen que ver principalmente con el control territorial y de las rentas ilegales por parte de los grupos armados.
Aquellas personas que se desempeñaban como comerciantes, principalmente de productos de contrabando, o en trabajos informales como el mototaxismo, han sido las principales víctimas. El 88,5% de los 61 casos son hombres, y el rango de edad entre los que oscilan en su mayoría están entre los 30 y 39 años.
Para la Fundación Progresar es fundamental que el Estado colombiano abra líneas de investigación específicas para estos casos de desaparición transfronteriza, no solo para determinar la responsabilidad de los grupos armados y dar con el paradero de estas personas, sino también para esclarecer por qué no hay una prevención de este delito por parte de las autoridades.
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Una de las principales recomendaciones que hace esta organización es la creación de un equipo multidisciplinario asignado exclusivamente para la búsqueda de desaparecidos en esta frontera. También le recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores que se abran canales de cooperación con Venezuela que permitan la búsqueda de los desaparecidos en ese territorio. A la Comisión de la Verdad le pide que convoque a personas que puedan esclarecer el paradero de estas personas, como exparamilitares y exguerrilleros acogidos al proceso de paz. Y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) van a empezar a trabajar en un mesa técnica para avanzar en la localización de estas personas.