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La agenda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en 2021 estará centrada en cinco puntos: dar con el universo de personas desaparecidas en Colombia, crear el registro nacional de fosas, definir los planes regionales y el Plan Nacional de Búsqueda y lograr una mejor articulación con instituciones del Estado y organizaciones sociales y de víctimas. En entrevista con Colombia 2020, la directora de esta entidad, Luz Marina Monzón, habló sobre los principales avances, como el trabajo con la JEP, y cómo será la búsqueda de personas desaparecidas en zonas donde persiste la violencia, como Buenaventura.
¿En qué va la implementación del Plan Nacional de Búsqueda?
Estamos concretando esa hoja de ruta con unas metas, unos tiempos y unos responsables. Espero que a mediados de este año ya podamos entregar ese mapa completo y se sepa a corto, mediano y largo plazo cuáles son las metas de la búsqueda, no solamente desde la Unidad de Búsqueda sino de toda la institucionalidad del Estado.
Con respecto a los planes regionales, ¿cuáles están más avanzados?
Tenemos 16 planes regionales, que más o menos están en un nivel avanzado frente a otros que están en construcción, porque estamos hablando de 24. Pero todos tienen etapas distintas. En Samaná (Caldas), el plan regional permitió recolectar información para pruebas de ADN, información de víctimas, recolección de cuerpos y ubicación de lugares, porque la información consolidada era robusta. Pero en Nariño tenemos otro tipo de avance y es un plan de búsqueda que ha ido consolidando información a partir del caso 02 de la JEP.
Lo que hemos hecho es una sinergia y estamos estructurando lugares donde podríamos estar buscando los desaparecidos, datos de las víctimas y estrategias de recolección de información. Hay otra cosa que hemos aprendido y es que parte de la información de la gente de Samaná nos llevó a Puerto Berrío.
Entonces son planes que también van desglosándose territorialmente y conectándose. La reubicación de los cuerpos en Puerto Berrío nos permitió saber quiénes estaban buscando a sus seres queridos, cuál era la información que estaba disponible en instituciones en ese lugar y conectarnos con la JEP. Esta entidad recolectó información, encontró que estos cuerpos estaban en riesgo y la UBPD está caracterizando cuáles son desaparecidos por el conflicto.
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Estos planes van atados a los pactos regionales de búsqueda que la UBPD está promoviendo y que hasta el momento se han firmado en Meta y Magdalena. ¿Cuál ha sido la respuesta de las entidades locales?
Los pactos son un acto de involucramiento y sensibilización, de manera que se haga una responsabilización pública de las instituciones para impulsar y agilizar la búsqueda. Algunos podrán pensar que son simbólicos, pero los que hemos estado en esta tarea de la búsqueda sabemos que lo que no ha habido en Colombia es conciencia de la desaparición. Estos pactos terminan siendo muy importantes para que las autoridades se vinculen a ese plan y también vaya jalonado otras estrategias, como la protección de los cementerios.
A propósito, ¿cree que la pandemia generó más conciencia sobre la protección de los cementerios?
Yo creo que hay conciencia de los problemas estructurales en los cementerios en el país. El Ministerio del Interior y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante algunos años han venido trabajando en la certificación de los cementerios y en la capacitación a sepultureros, pero qué pasa: que una cosa es que a ti te digan cuáles son las obligaciones y otra que te den las herramientas para cumplirlas.
Si no hay presupuesto, ni personal, ni conciencia dentro de la agenda política local, pues los cementerios seguirán teniendo este problema. Los pactos lo que buscan es reconocer este problema y avanzar en su solución. A inicios de esta semana, la JEP, la UBPD y Fiscalía fueron al cementerio alterno de El Copey para verificar que el alcalde Francisco Meza sí esté cumpliendo con las medidas de protección del lugar.
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¿Qué vieron allá y cuál es la evaluación que hay hecho la Unidad sobre este hecho?
En este terreno se encuentran cuerpos sin identificar que han sido dispuestos allí durante muchos años, muchos más de los que dice el alcalde. Además, ese terreno no ha sido abordado para determinar exactamente cuál es la ubicación de los cuerpos. Es un lugar sin ningún control y organización, y el alcalde presenta una información que no es consistente con lo que acabo de decir.
La Fiscalía tiene un plan de trabajo en una zona de ese cementerio. Lo que dijimos fue: hagamos el análisis de las cinco hectáreas, porque las organizaciones dicen que ahí se han distribuido cuerpos y no se puede decir que estén localizados en un solo sitio.
La JEP fue a verificar el lugar en el marco del estudio del desacato, la Fiscalía ya también está allá y la idea es que este abordaje empiece a señalar la ruta de la articulación. Acá lo que tenemos que hacer es fortalecer lo que se está haciendo y ampliar la capacidad del Estado. Estamos en eso.
Algunas organizaciones de víctimas sostienen que a pesar de que le dan a la UBPD la información del lugar exacto donde estaría la persona, esta entidad toma demasiado tiempo en hacer las prospecciones. ¿Por qué esa demora?
Yo entiendo a las organizaciones, porque llevan más de diez años preguntando y saben dónde están. Obviamente, ante un trabajo y esfuerzo de esa naturaleza la respuesta se espera inmediatamente, pero así puede causar daño. Aunque las víctimas y organizaciones puedan tener absoluta certeza de lugares, hay posibilidades de que cuando se vaya a ese lugar resulte que no había nadie allí.
Ahí ya se movilizaron unas emocionalidades y se generaron expectativas. Nosotros tenemos que cruzar información. Siento que tenemos que agilizar más, sin duda, pero es necesario actuar de manera responsable en el análisis de la información para no generar expectativa.
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¿Y en los casos donde hay familiares de edad avanzada, cómo agilizar más estos procesos? ¿Los priorizan?
Dentro de los planes regionales de búsqueda se prioriza la edad de las personas, sus enfermedades y los lugares donde se encuentran. Eso hace parte de la apuesta por cambiar el relacionamiento ordinario que han tenido las víctimas con el Estado.
¿Cómo va la entrega de información de desaparecidos por parte de las Farc, luego de la imputación por secuestro que les hizo la JEP dentro del caso 01?
Han venido algunos excombatientes, pero ellos nos dicen que tienen la Comisión Nacional de Búsqueda de las Farc, que ahí están recogiendo la información y que luego empieza toda la vuelta de ir a buscar al que estuvo allá. Lo que estamos esperando es que nos digan si hace falta algo más, pero siento que sí ha habido responsabilidad en el aporte de la búsqueda de los desaparecidos por parte de las Farc. Ha sido un proceso de diálogo de creciente confianza y respeto que ha mostrado resultados.
Empezamos por la entrega de información humanitaria que ellos recopilaron antes de firmar el Acuerdo de Paz y en el 2019 nos entregaron más de 250 formularios de información. También trabajamos de manera muy puntual con exmiembros de las Farc en búsquedas muy concretas y eso nos permitió que a finales del 2019 le entregáramos el cuerpo de su hijo reclutado a una mamá que llevaba 18 años buscándolo. Tenemos una mesa con la Comisión de Búsqueda de las Farc, el Comité Internacional de la Cruz Roja y nosotros.
Ahí revisamos los casos que tenemos, profundizamos en la información y se examina cómo se puede agilizar el hallazgo de las personas desaparecidas. El año pasado logramos hacer un trabajo muy importante y fue poner en diálogo a un excomandante de las Farc con un excomandante paramilitar, que nos permitió avanzar en la recuperación de cinco cuerpos en Caquetá. Esto es un trabajo de mucho tiempo, de mucha confianza, pero que también muestra el impacto del Acuerdo de Paz en la búsqueda concreta de personas desaparecidas.
¿Ha habido aportes de información por parte de los militares acogidos a la JEP?
Se ha podido avanzar más de manera individual, con algunos. La conducta de quienes están sometidos a la JEP por parte de las Farc y que hablan con la Unidad es distinta a los que están sometidos desde la fuerza pública. La colaboración no ha sido fluida para nada, la relación ha tenido muchos retrocesos, no hemos avanzado seriamente ahí.
¿Cómo va la búsqueda de los desaparecidos en los otros casos de la JEP?
En el caso Urabá, el 04, la magistrada estuvo recolectando información y llegó a un punto donde le dieron información de lugares donde se podían encontrar personas desaparecidas. Nos coordinamos con la magistrada y en este momento hemos desarrollado varias acciones de localización y caracterización de los lugares. Ahí estamos avanzando complementariamente.
El otro caso es el de las ejecuciones extrajudiciales. Sí hemos obtenido información que ha sido muy importante para el contraste de lo que ya teníamos. La idea es poder mirar, de acuerdo con esa información que nos ha dado la JEP, qué tanto se cruza con las solicitudes de búsqueda y cómo da lugar a la construcción de planes de búsqueda. Yo diría que Puerto Berrío y Samaná pueden estar cruzados con este caso.
¿En qué va el plan de identificación de los más de 25.000 cuerpos que están sin nombre en Medicina Legal?
Esto es muy importante, porque si hablamos de alrededor de 120.000 personas desaparecidas y nosotros logramos decantar quiénes son los 25.000 cuerpos sin identificar que han sido analizados por Medicina Legal, el avance será muy importante. Además porque son cuerpos ya hallados y que tendrían que ser entregados a sus familias, a las cuales tenemos que localizar. Hemos avanzado de manera muy importante en la actualización de plataformas como el Sirdec y de 13.421 expedientes forenses que tienen la información del desaparecido y de quien lo busca, como también los datos que se han recabado para la identificación. La Unidad le ha pedido a Medicina Legal que procese más muestras genéticas y que hagamos recolecciones de esas muestras en distintos territorios.
También es importante hablar de un convenio con la Fiscalía para el análisis de expedientes inactivos. La Fiscalía tiene un montón de información que no está en ninguna plataforma de ellos, en ninguna parte. Son más de 150.000 expedientes. Nosotros hemos analizado y sistematizado 9.710 expedientes que nos han arrojado información de 1.724 personas que no aparecían en ningún registro. Uno cree que solamente se encuentran los cuerpos en cementerios o fosas, pero no, también se encuentran en los expedientes.
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Es decir, son personas que no existían para el Estado. ¿No estaban registradas en ninguna base de desaparecidos?
Esto ocurre porque la información no se procesa ni se analiza a la luz de la desaparición de personas. Al hacer el cruce de los expedientes con las bases de datos de desaparición, solo encontramos 339 personas desaparecidas en las que ya veníamos trabajando. 1.724 no estaban registradas. Ahora es información que podemos empezar a cruzar con las solicitudes que tenemos y con la información del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los planes regionales serán elementos muy importantes para poder encontrar a los familiares.
¿Qué acciones están adelantando en conjunto con la Comisión de la Verdad, justo en su último año?
Hemos venido desarrollando acciones conjuntas, sobre todo en el territorio, con labores de pedagogía, recolección de información, reconocimiento y dignificación de las víctimas y en la interlocución con las autoridades locales. A escala nacional, hemos venido recolectando información conjuntamente con personas que se encuentran en las cárceles y además estamos preparando una información que esperamos sea útil para el informe final sobre los desaparecidos en el marco del conflicto armado. Esperamos dar ese aporte desde la JEP y la UBPD, como sistema, sobre cuáles son esos desaparecidos y en dónde los desaparecieron.
¿Qué tanta disposición y voluntad política ve por parte de este Gobierno en la búsqueda de los desaparecidos?
En determinado momento se dieron unas palabras en privado del presidente, Iván Duque, diciendo que le parecía muy importante buscar a los desaparecidos, pero hay unas conductas contrarias a esa idea por parte de los ministerios. Nosotros no hemos logrado tener una comunicación con el Ministerio del Interior para el tema de cementerios y la articulación con el territorio, no hemos podido tener una conversación de alto nivel con el Ministerio de Defensa, no hemos podido reunirnos todavía con la consejera de Derechos Humanos y eso afecta muchísimo, porque estas articulaciones son indispensables para impulsar la búsqueda.
No se ha dado una comunicación a alto nivel, no hay convenios, no hay compromisos concretos, no hay información que fluya, no hay una relación eficaz.
Organizaciones sociales denunciaron el año pasado que se quiere hacer un proyecto de dragado en el estero de San Antonio, donde puede haber mucha gente desaparecida. ¿Qué está haciendo la UBPD para buscar a estas personas?
Como Sistema Integral de Verdad y Justicia hemos decidido focalizar Buenaventura como prueba piloto de construcción de paz. Ahí vamos a estar articulados la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda, pero también vamos a convocar a otras instituciones para que el Acuerdo de Paz transforme este municipio.
El estero de San Antonio es una de las prioridades de la UBPD en este 2021 para hacer la búsqueda y también para abordar aquellos planes de desarrollo que pueden poner en riesgo a los desaparecidos, y atender a las víctimas que están siendo objeto de amenazas, desplazamientos y asesinatos. La sociedad que está aguantando este conflicto tan atroz necesita respaldo.
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