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“Lo que busco es la verdad y que las autoridades no nos estigmaticen por el hecho de que a nuestros hijos se los haya llevado la guerrilla. A los que tenían plata se la pedían, pero a nosotros, que nunca la tuvimos, nos quitaron a nuestros hijos”. Así empieza su historia Dulcelina Ligio, una mujer de 70 años que ha buscado por 24 el cuerpo de su hija Yolanda Salas, excombatiente de las Farc.
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Ella sabe que su hija murió durante un combate con el batallón Galán, en los alrededores de Oiba (Santander) en junio de 1995. Se lo dijo una vecina, y Ángel, su hijo mayor, confirmó esa noticia con un compañero de Yolanda en la guerrilla. Él, además, le dijo que el cuerpo de su hermana había sido enterrado por los militares en el cementerio de Socorro.
Han buscado por muchos años el reporte de la necropsia y el croquis donde fue enterrada Yolanda para darle una sepultura digna con toda la familia, incluso con el hijo que tuvo mientras estuvo en las Farc, con quien hasta hace poco entraron en contacto. Sin embargo, en las instalaciones de Medicina Legal en San Gil, a donde supuestamente llevaron los cuerpos sin vida de los cuatro guerrilleros, nunca aparecieron tales registros. La entidad les dijo que los militares se habían llevado la información. El proceso quedó guardado en el Juzgado 34 Penal Militar del batallón Caldas, pero recibir una respuesta por parte de ellos ha sido imposible.
Ella habla de estigmatización porque siente que las entidades del Estado y los militares no han sido diligentes en la búsqueda del cuerpo de su hija por el hecho de ser guerrillera. Para ella no es justo, ellos también son víctimas, dice. Su hija tenía 15 años cuando las Farc se la llevaron. Eso fue el 31 de marzo de 1988.
— María Dolores Londoño, familiar de personas desaparecidas en Antioquia
“Ese día nos acostamos a dormir cansados de trabajar y lidiar el ganado. Se la llevaron sin que nosotros nos diéramos cuenta. A los 15 días nos citaron en una finca y le dije al comandante del frente 12 que me la devolviera, pero él solo me respondió que me fuera de ahí. Si llegábamos a denunciar nos mataban o se llevaban a mi hijo Ángel”, cuenta Dulcelina.
Ella, su esposo Segundo y sus dos hijos vivían en una finca en la zona rural del Bajo Simacota. Ese mismo año, después del reclutamiento de Yolanda, tuvieron que dejar su finca y meses después terminaron en Bogotá, por la posibilidad de encontrar empleo.
Los roles de ella como mujer cambiaron: tenía que aportar al sustento de su casa como empleada de servicio, acomodarse a una vida en una ciudad muy hostil a comparación del campo y, además, encargarse de poner la denuncia de la desaparición. También ha tenido que insistirle a Bienestar Familiar para que el hijo de Yolanda recupere los apellidos de sus padres, ambos excombatientes. Aún no ha tenido éxito en ambas luchas.
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Su nieto tiene ahora 28 años. Nació tres años después de que su madre fuera reclutada. Su padre es un exguerrillero que abandonó la guerra aduciendo enfermedad. Según Dulcelina, Gustavo -así se llama el padre de su nieto- podía sacarlos a ambos de la guerrilla, pero no quiso. Solo sacó a su nieto y se lo entregó a una pareja de campesinos que le dieron sus apellidos y lo criaron.
Este año Dulcelina vislumbró una esperanza. En junio le realizaron el examen de ADN para cotejarlo con el cuerpo de una mujer que exhumaron en una de las fosas del cementerio en Socorro. La Fiscalía le dice que puede ser su hija, ella todavía lo duda, pero no le importa someterse a exámenes y esperar más de año y medio, si es necesario, para que le entreguen los resultados. Este pequeño avance es supremamente significativo para ella después de 24 años.
Tantas luchas encima han llevado a Dulcelina hasta el desgaste físico y emocional. Es una mujer de pocas sonrisas e inquebrantable de carácter. Aunque llore al recordar a su hija, en su voz no hay duda. Sabe cada detalle del proceso, quiere que su caso entre a la Jurisdicción Especial para la Paz y hasta buscó, sin éxito, en plena negociación de paz con las Farc a Iván Márquez para que le diera razón de su hija, porque sabe que él la conocía.
Cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entidad que acompaña su caso, la llamó para participar en la exposición fotográfica “Rostros de la ausencia”, sin meditarlo dijo que sí. “Si pudiera ayudar a más víctimas que estén en el mismo proceso que yo, siempre voy a estar dispuesta”, afirma.
— Eva Vergara, familiar de persona desaparecida en Meta
Su rostro quedó plasmado en una de las 10 fotografías de la exposición itinerante, que forma parte de la campaña “Aquí falta alguien”, del CICR. En cada foto hay un mensaje dirigido al Estado, a los actores armados y a la sociedad colombiana para que no seamos indiferentes frente a la tragedia de la desaparición.
“La incertidumbre en relación con las cifras de desaparición hace imposible conocer la magnitud real del fenómeno. Nosotros sabemos que la mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1985 y 2012, pero hoy todavía hay gente que sigue desapareciendo. Estas 10 familias representan una pequeña parte de este fenómeno en Colombia”, asegura Alexia van der Gracht, coordinadora de protección del CICR.
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La campaña quiere resaltar la importancia de agilizar los procesos de búsqueda y dar respuesta a las familias. Según Alexia, el objetivo final es que las víctimas y familiares sean tenidos en cuenta en todas las etapas de búsqueda.
En Bogotá puede visitar “Rostros de la ausencia” en la Personería hasta el 22 de agosto. De ahí pasará al Centro de Atención a Víctimas e irá recorriendo otros lugares como la Procuraduría o la Fiscalía en lo que queda de 2019.