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Tras escuchar las peticiones de las víctimas de desaparición forzada, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) decidió impulsar la toma de muestras genéticas de cincuenta familiares del Magdalena caldense que, por causa del conflicto armado, desconocen dónde están y qué les pasó a sus familiares.
“Desde este lunes y durante dos semanas, seis familiares de personas desaparecidas acudirán al Instituto Nacional de Medicina Legal, en Bogotá, para que les sea tomada la muestra de sangre. Posteriormente, esta actividad se extenderá en una segunda fase a municipios de Caldas para obtener información genética de un total de 172 familiares, la cual se comparará con cuerpos que la Unidad de Búsqueda tiene proyectado recuperar en la región”, dijo la entidad a través de un comunicado.
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La decisión se tomó a partir de la información sobre 187 casos documentados de personas desaparecidas entregada por el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la U. de Caldas; el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos).
La información da cuenta de personas desaparecidas en cuatro municipios del oriente de Caldas: La Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria. Además, se incluyen recorridos cartográficos, talleres de cartografía social con las comunidades y testimonios de personas que participaron en las hostilidades o que tienen información de lugares de disposición de cuerpos.
Lo que reveló el informe entregado por las organizaciones es que fueron los jóvenes (62) y hombres (169) quienes más desaparecieron, que los años donde más se presentaron casos fue entre el 2000 y el 2006 y que los mayores perpetradores de estos delitos fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, especialmente el Frente Ómar Isaza, al que se le atribuyen setenta desapariciones. Le siguen los frentes 9 y 47 de las Farc, con 57 casos, la mayoría de ellos correspondientes a reclutamiento forzado. Y también hay once casos documentados de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército.
Varios familiares de las víctimas de desaparición han denunciado que, a pesar de que pasaron entre veinte y cuarenta años desde la desaparición de sus seres queridos, las investigaciones de sus casos nunca avanzaron. Ni siquiera cuando miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se acogieron a Justicia y Paz. No les tomaron pruebas de ADN a estas mujeres para contrastarlas con los cuerpos no identificados en Medicina Legal o ni siquiera estaba registrado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal.
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Se estima que en el Magdalena caldense, el conflicto armado dejó entre 1964 y 2017 por lo menos 10.118 víctimas de desaparición forzada y desaparición tras secuestro, reclutamiento ilícito y ejecuciones extrajudiciales, según el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
Por esta misma razón, la Jurisdicción Especial para la Paz, el pasado 18 de septiembre, decidió decretó medidas cautelares de protección en cinco cementerios de la región. Los cinco cementerios donde se aplicaron estas medidas fueron el camposanto de Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria. Así fue decidido luego de hallar fallas en la administración de los cuerpos que reposan en estos lugares y la realización de desenterramientos sin orden judicial.