El caso Drummond llega a la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de admitir al empresario y ganadero Jaime Blanco Maya. Se trata de un excontratista de la compañía estadounidense Drummond que fue condenado en 2013 a 38 años de prisión por el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa. Blanco Maya, medio hermano del excontralor Edgardo Maya y de Ángel El Kiri Maya (condenado por nexos con el paramilitarismo y luego asesinado), se comprometió ante esta justicia a revelar detalles de uno de los capítulos más controvertidos y menos indagados del conflicto colombiano: la supuesta financiación de grandes compañías a grupos armados ilegales.

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El miembro del poderoso clan Maya de Valledupar, quien fue aceptado por la JEP el pasado 26 de noviembre, presentó ante esta justicia un plan de “verdad, reparación y de garantías”, en el cual señala que “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”. Blanco Maya se encuentra preso por el asesinato, en marzo 2001, de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Petroquímicos, Agrocombustibles y Energéticos (Sintramienergética).

Aunque en ese plan presentado a la JEP no se dan más detalles sobre su aporte a la verdad del conflicto, las investigaciones judiciales en contra de él y paramilitares dan luces de lo que podría decir. La Fiscalía ha dicho que Blanco Maya tenía una estrecha relación con el Bloque Norte de las Auc, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, un ganadero de la clase alta valduparense que está preso en Estados Unidos desde 2008 por narcotráfico. El ente investigador señaló durante el juicio que el empresario Maya ordenó el asesinato de los sindicalistas, quienes promovieron una huelga en la Drummond con el fin de forzar el cambio del contratista que proveía el servicio de alimentos a los trabajadores: Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), propiedad de Blanco Maya.

Sobre el doble homicidio, de acuerdo con el testimonio que rindió ante la justicia el paramilitar Alcides Mattos, conocido como Samario, se habló en dos reuniones. La primera fue a finales de 2001 en las inmediaciones de Bosconia (Cesar), a la que asistieron Jorge 40 y Óscar José Ospino, conocido como Tolemaida, jefe del frente Juan Andrés Álvarez que perpetró el crimen. En la segunda, según Samario (hombre de confianza de Tolemaida), que fue entre abril y mayo de ese año, su jefe habría sido “felicitado” por los asesinatos de los sindicalistas. Además dijo que en esa reunión “había gente de la Drummond”. Samario y Jairo de Jesús Charris, conocido como el Viejo Miguel, jefe de seguridad de ISA, ya fueron condenados por estos hechos.

Una declaración clave en el proceso la dio el Viejo Miguel, cuando señaló que días antes de los asesinatos Tolemaida asistió a una reunión, a la que fue Blanco Maya, en la sede de la empresa para planear el crimen. El Espectador se contactó con la multinacional, la cual señaló que “la compañía no puede hacer comentarios sobre un documento que desconoce”, haciendo referencia al plan de verdad que Blanco Maya le entregó a la JEP. Sin embargo, en otras oportunidades la explotadora de carbón señaló que las declaraciones del Viejo Miguel eran totalmente falsas y que este intentó, según la compañía, extorsionarlos con hacer declaraciones en su contra si no recibía dinero.

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En la condena contra Blanco Maya, de 2013, un juez ordenó que se investigara a varias de las cabezas de la multinacional estadounidense que extrae carbón desde hace tres décadas en Cesar*. Entre ellos, Gary Drummond, presidente de la multinacional (fallecido en 2016); Augusto Jiménez (presidente en Colombia desde 1990 a 2012); José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; el actual gerente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araújo (capturado en 2015, pero fue dejado en libertad); James Atkins, jefe de seguridad, y el coronel Luis Rodríguez, por su presunta participación en los asesinatos. Fuentes de la Fiscalía le contaron a este diario que ese organismo se apresta a definir si les abre una investigación formal o no.

Blanco Maya fue llamado a juicio también por el asesinato de su predecesor como contratista en el servicio de alimentos a los trabajadores de la mina de Drummond, Hugo Guerra y su acompañante Wilfrido Coronado, asesinados en mayo de 2000. El exjefe paramilitar, "El Tigre", confesó ante las autoridades que sus hombres cometieron el crimen por solicitud de Blanco Maya, quien pretendía quedarse con el contrato de la multinacional, como luego sucedió. Los dos hombres fueron encontrados en una fosa común en zona rural de Becerril. Maya, quien se encuentra en La Picota, también era investigado preliminarmente por la muerte del sindicalista Gustavo Soler.

Este fin de semana, la Policía capturó a El Tigre, quien también es señalado de haber dirigido al menos 13 masacres como la del Salado (Bolívar) y Santa Cecilia, en Astrea (Cesar), dejando cerca de 400 personas asesinadas. De igual manera, sería responsable de 491 desplazamientos forzados. Además de estos hechos, El Tigre está vinculado con la desaparición y posterior asesinato de los 7 detectives del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, ocurrida entre Valledupar y Codazzi en marzo de 2000, por supuestas acusaciones de Carlos Castaño de colaborar con la guerrilla. En el último tiempo fue quien planificó y organizó el secuestro de la empresaria Melisa Martínez, sobrina del nobel Gabriel García Márquez, raptada en agosto de 2018 en Zona Bananera (Magdalena).

La supuesta financiación

Por medio de su empresa, ISA, Blanco Maya fue el intermediario para que Drummond financiara a los paramilitares. Esta confesión la hizo el propio excontratista de la multinacional durante un proceso civil en Estados Unidos en el que las víctimas del paramilitarismo en Cesar han pedido, infructuosamente, que a la compañía se le atribuya una responsabilidad por la barbarie desatada por las Auc durante los años 90 e inicios del 2000. Según el empresario, el exjefe paramilitar El Tigre (capturado el pasado fin de semana) lo buscó en 1995 para que su empresa fuera la vía por donde llegara la financiación de la carbonera. Blanco Maya dijo que le comentó la propuesta a James Atkins, jefe de seguridad de la Drummond de la época.

Luego este, según Blanco Maya, transmitió el mensaje a la entonces cabeza de la compañía, Gary Drummond. De acuerdo con la versión del excontratista, la propuesta gustó a los directivos, pero pidieron que se buscara una forma de que esos dineros llegaran al grupo ilegal sin llamar la atención de las autoridades fiscales y tributarias de Estados Unidos, que suelen ser muy rigurosas con las investigaciones por financiamiento de grupos al margen de la ley. En este punto fue que la empresa de Blanco Maya apareció como una “solución” para camuflar los aportes a las Auc.

Otros compromisos ante la JEP

En el escrito presentado por Blanco Maya a la jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz con las Farc este se comprometió a realizar “jornadas de perdón público”, las cuales estarán compuestas por dos conferencias en El Paso y Chiriguaná, municipios donde queda ubicada la mina La Loma, explotada por la Drummond. A estos actos de perdón asistirán expertos en derecho internacional humanitario, dijo. También realizará dos publicaciones pidiendo perdón en El Pilón, diario más importante del departamento. En esta zona se construiría un monumento como homenaje a las víctimas.

Una de las razones que dio Blanco Maya a la JEP para realizar estas acciones es que le dará un enfoque que permita desestigmatizar el sindicalismo y hacer pedagogía para cambiar los imaginarios que alentaron los crímenes. “Durante el conflicto armado han sido los miembros de los sindicatos objeto de innumerables violaciones a los derechos humanos, no solo por parte de los actores armados, sino también de las poderosas multinacionales y gremios de empresas (...) para hacer prevalecer sus intereses y acumulación desmedida de riqueza, restringieron el derecho fundamental de asociación”, puntualizó Blanco Maya. *Nota de la editora: En un principio, el artículo señalaba que en la condena contra alias Viejo Miguel, en 2009, el juez del caso ordenó investigar a los directivos de la Drummond. Sin embargo, esta solicitud la hizo fue el juzgado once especializado de Bogotá que condenó a Blanco Maya en 2013.