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Entre el 14 y el 20 de mayo de este año, 13 familias víctimas de hechos de desaparición forzada por parte del bloque Oriental de la extinta guerrilla de las Farc conocieron las versiones de excombatientes sobre lo ocurrido con estas personas en el conflicto armado, por las versiones entregadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los casos sobre los que hablaron ocurrieron en Huila (2003), en Guaviare (2006), en Arauca (2011) y un caso en el norte de Bogotá (2002).
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Aunque para las familias el desenlace no fue el deseado, porque se confesó el asesinato de las 11 personas dadas por desaparecidas, -hay una sobreviviente que estuvo en cautiverio 19 días y un caso de un japonés que fue secuestrado y asesinado en 2003- según Lina Rondón, psicóloga de JEP, “de alguna manera es un alivio para ellos porque hay un aporte a la verdad, porque dejan de estar en la incertidumbre que genera la desaparición”.
El bloque Oriental de las Farc operó en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Arauca, Boyacá, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía, y fue considerado el bloque más fuerte del exgrupo armado. Fue liderado por Víctor Julio Suárez Montoya, conocido en la guerra como el Mono Jojoy entre 1975 y 2010, hasta que murió en un bombardeo en La Macarena (Meta) durante la Operación Sodoma.
De acuerdo con Julieta Lemaitre, magistrada encargada de ese caso en la Jurisdicción, la versión entregada por este bloque fue sobre los hechos de secuestro de Nhora Valentina Muñoz, el secuestro y asesinato en 2003 de Chikao Muramatsu y la desaparición de Carlos Alberto Hernández Hernández, Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera, José Arbelay Losada, Jesús Alberto López, Eduar Ipuz Rojas, Camilo Alejandro Casas Rodríguez, Luis Orlando Benavides Uribe, Edwin Fernando Aguirre Zamudio, Luis Fernando Aguirre Palacios y Danilo Iván Aguirre Zamudio.
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“De estas 13 personas hay 11 familias acreditadas en la JEP, nos faltan dos casos que son los de Nhora Valentina Muñoz, una menor de edad que fue liberada por las Farc en 2011 luego de haberla secuestrado por 19 días cuando tenía 10 años, y el del empresario japonés Chikao Muramatsu, -secuestrado y asesinado en 2003- que no hemos podido contactar a su familia en Japón. Queremos que sus familias se acrediten y hacer el traslado de las versiones que entregaron”, dice la magistrada. El caso de Guillermo y Reinaldo Cordón Herrera siempre lo han llevado sus hermanas Consuelo y Marina. A estos dos comerciantes los retuvieron excombatientes en enero de 2003 cuando se dirigían hacia los Llanos Orientales a negociar granos y abarrotes. A eso se dedicaban hacía 10 años, tiempo en el que, además, habían pagado vacuna a las Farc para que los dejaran trabajar.
Después de su secuestro, sus hermanas han clamado justicia y verdad sobre lo que hizo la entonces guerrilla. En 2018, se acreditaron ante la JEP en el caso 001 (secuestro), con la esperanza de encontrar a sus familiares. Ellas fueron también quienes recibieron, en compañía de su familia, la versión que entregaron los excombatientes. “Esto es muy terrible, no quiero saber nada más de este proceso, se lo dije a la psicóloga y al abogado: no me cuenten más, no quiero seguir escuchando lo que les hicieron a mis hermanos. No soy capaz”, dice Consuelo, quien después de 17 años se enteró de la forma en la que asesinaron a sus familiares.
Aunque hubo un aporte a la verdad y se esclareció, en gran parte, lo que ocurrió ese día, Consuelo dice que ese fue el segundo día más difícil de su vida. El primero fue el día que los secuestraron y no volvieron a saber de ellos. “Nosotros no perdíamos la esperanza de que estuvieran vivos y cuando entramos a la JEP fue pensando que nos íbamos a volver a encontrar con ellos”. Insiste en que, aunque esta es una de las fases de la reparación integral a las víctimas del conflicto, para ella nada es justo. “No es del todo una reparación porque nada nos los va a devolver. Además, en esa versión fueron muy crudos, quisiera dejar este proceso hasta ahí, que nos entreguen los restos es lo último que pido”, narra.
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Contrario a esa decisión, Martha Benavides, hermana de Luis Orlando Benavides Uribe, guardián de la cárcel de San José, secuestrado junto con tres personas el 28 de septiembre de 2006 en Guaviare, dice que a pesar del dolor que sintió al conocer la versión de los excombatientes, considera que “fue una verdad a medias”.
Según ella, aunque el aporte a la verdad era importante para comenzar a cerrar el duelo, siente que hubo mentiras en los relatos. “Por lo menos tuvimos una razón sobre ellos, y ya sabemos que los mataron, pero el motivo por el que supuestamente los desaparecieron y mataron no es cierta, entonces ya hablamos con el abogado porque presentaremos nuestras observaciones ante la JEP”, dice.
La JEP, en su caso 001 sobre “retención ilegal de personas por parte de las Farc-Ep” (secuestro), tiene más de 2.100 víctimas acreditadas de diferentes bloques y frentes de la extinta guerrilla y, aunque el bloque Oriental ya había entregado versiones voluntarias previamente ante esta justicia, la desaparición de estas 13 personas no se había mencionado ni esclarecido en anteriores declaraciones.
Otra de las particularidades de esta justicia es que las víctimas indirectas de estos hechos, por ejemplo hijos, sobrinos y nietos de las personas secuestradas, desaparecidas o asesinadas por las Farc, también pueden acreditarse ante la JEP. Por ejemplo, Edward Ipuz, de 28 años, hijo de Edward Ipuz Rojas, desaparecido en 2003 en Huila, ha estado frente al proceso de su padre, pese a que no tenga muy claros los recuerdos de su secuestro.
“Para nosotros fue muy valioso saber la verdad, al menos descansamos. Teníamos la esperanza de que estuviera vivo, pero creemos que con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) vamos a poder cerrar el duelo”, dice el joven.
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Sobre el tema de la muerte, la psicóloga Rondón señala que la desaparición forzada es una de las más complejas de llevar, porque siempre hay una esperanza de vida. Explica, además, que tiene una teoría sobre la desaparición: entre más cerca estén las familias de la zona donde ocurrieron los hechos, más han contemplado la muerte como producto de la desaparición.
En la JEP, el proceso con las víctimas y comparecientes comienza con la presentación de informes por parte de entidades u organizaciones de víctimas sobre lo sucedido. Luego, las víctimas deciden si acreditarse en alguno de los siete casos que tiene, al momento, la JEP para hacer parte de la justicia transicional.
En medio del proceso, los excombatientes rinden versiones voluntarias ante los magistrados sobre los hechos en los que delinquieron y hacen sus aportes a la verdad, contando, por ejemplo, dinámicas de los hechos de violencia, patrones y pueden llegar a dar pistas sobre otros responsables y sobre el destino final de cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas.
Después de que estas versiones sean socializadas con las víctimas, ellas pueden presentar, mediante la figura de observaciones, algunos documentos con datos, correcciones o demostrar inconsistencias, si consideran que los hay, en el relato de los exFarc para que finamente, los magistrados contrasten ambas versiones y continúe el proceso de juzgamiento.
Sobre estos casos, la Ubpd está al frente del proceso para, después de la cuarentena nacional, reanudar las labores de búsqueda de los cuerpos de las personas que los excombatientes confesaron haber asesinado.
