Tres miembros de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización de jueces y abogados reconocidos en el mundo por acompañar procesos de justicia transicional y la defensa de los derechos humanos, arribaron a Colombia hace una semana. Los expertos se reunieron con 25 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunas organizaciones de víctimas y políticos, para tomar nota sobre un tema puntual que les preocupa a ellos y a la comunidad internacional: la seguridad y el protagonismo de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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El objetivo, aclara Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es elaborar un informe que diagnostique las falencias que podrían erosionar los procesos de las tres entidades que conforman el sistema: la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. Asimismo, esperan brindar algunas recomendaciones, a partir de su experiencia en otros países, como Sudáfrica y El Salvador, donde se adelantaron procesos de paz.
Aunque su dictamen se entregará en unos meses, los juristas explican a grandes rasgos sus principales preocupaciones, dentro de las cuales están los asesinatos de líderes sociales y la lucha por conservar la integridad del sistema.
Seguridad de las víctimas, la prioridad
Escuchar y tener en cuenta a ocho millones de víctimas es una tarea que, de entrada, alarma a los miembros de la CIJ, pues el Sistema Integral debe buscar y consolidar los medios para que todas se sientan tenidas en cuenta. Para ello, advierte Wilder Tayler, miembro de la CIJ y actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, el sistema de justicia debe ser proactivo: “No puede esperar a que la víctima aparezca, sino que debe salir a buscarla. Eso es muy importante en un país como Colombia, tan diverso y con dificultades para comunicarse, por su geografía. Bogotá no puede ser el único lugar donde se desarrolle todo”.
Las victimas, agrega Ayala, indudablemente, piden garantías de participación, de ingresar al sistema, de poder ser respetadas, garantizadas y que haya justicia. Ellas ven este mecanismo como la salida que no han encontrado en la justicia ordinaria y esto "es muy importante porque para que haya paz no sólo debe haber reinserción, sino que las víctimas sean reparadas con justicia", según el jurista venezolano.
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Pero lo que más preocupa a los comisionados ahora es el tema de la seguridad de las víctimas. Según Tayler, “el ataque contra ellas es una bofetada al proceso de paz, que lo socava por completo”. Por eso insiste en que es un deber de la JEP y del Estado colombiano garantizar la protección y la participación libre y espontánea de las víctimas. En caso de que eso no suceda, los esfuerzos del proceso de paz y la búsqueda de la verdad, que no solo son de Colombia sino también de la comunidad internacional, se esfumarían.
Como organismo internacional, la CIJ hace un llamado urgente al Estado colombiano sobre el asesinato de líderes sociales. Tayler advierte que en el mundo se está gestando una corriente de denuncia fuerte sobre este fenómeno, que desencadenará en investigaciones por las que Colombia podría resultar condenada. Si esta tendencia continúa, según el defensor uruguayo, va a repercutir en la imagen del país frente al mundo: “Ya comenzó la movilización internacional. El Consejo de Seguridad y la CIDH ya le hicieron llamados de alerta muy intensos al Estado colombiano. Y sabemos que la Corte Penal Internacional no se quedará quieta. Hay preocupación por este tema”.
Aunque los expertos reconocen que hay un incremento de la violencia cuando comienzan estos procesos de verdad, reparación y justicia, señalan que el caso del asesinato contra líderes sociales no es común, si se tiene en cuenta su carácter sistemático. Una de las consecuencias de esta problemática, señala el grupo de la CIJ, es que las víctimas, por temor, prefieran no participar en las audiencias. Y eso se convierte en un problema grave, pues la construcción de la verdad no solo depende de lo que habla un perpetrador para poder eximirse de su sanción penal, sino que debe contemplar también a la víctima. “Su verdad debe estar representada en el debate. Si eso no sucede, es solo una historia oficial. El aspecto de contradicción es fundamental en estos procesos: ¿concuerdan o no las versiones?”, asegura Tayler.
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Otra de las preocupaciones de los abogados es que aún no haya curules para las víctimas. Ayala se pregunta, por ejemplo, “¿cómo es posible que se les haya negado este espacio en el Congreso?”. Insiste en que esa es una deuda de la sociedad colombiana y, principalmente, de la clase política, que no puede desconocer que ellas son un actor fundamental en la toma de decisiones del país.
Otras preocupaciones
A los integrantes de este organismo internacional también les inquieta la integridad del sistema. Saben que la JEP está bajo presiones políticas y mediáticas, y que existen adversarios con iniciativas que pueden modificar un trabajo que ya está en marcha. Si bien explican que la controversia está en el ADN de la justicia transicional, porque significa movimiento, fluidez y debate, la jurisdicción debe mantenerse alerta para que nada trunque su independencia y autonomía.
Eso no quiere decir que no puedan existir modificaciones. Sin embargo, según los abogados, esto puede realizarse por medio de las normas de procedimiento o reglamento interno, debido a que cualquier cambio estructural puede llevar a introducir la conquista de algún grupo de interés y eso puede eliminar la idea de una justicia imparcial.
Por otro lado, esperan que las entidades del sistema puedan seguir articulándose, aun cuando algunas de ellas tengan tan poco tiempo de funcionamiento. Ese es el caso de la Comisión de la Verdad, que en tres años deberá consolidar la información sobre lo que sucedió en el conflicto. Para Ayala, “es difícil entregar un informe final cuando la verdad de fuentes, como la JEP o la Unidad de Búsqueda, aún tardará años”.
A pesar de esto, destacan la voluntad de las tres entidades de trabajar en conjunto y los liderazgos que han permitido que hoy estén en marcha y con presupuestos asignados; una tarea que en otras partes del mundo ha tardado cinco años. Que la justicia, la verdad y la labor humanitaria estén marchando en la misma dirección, puntualiza Philippe Texier, integrante de la CIJ y exjuez de la Corte Francesa de Casación, podría garantizar un éxito con pocos precedentes. En otros países donde ha habido conflictos, como El Salvador, pasó que si bien hubo Comisión de la Verdad, no hubo un componente de justicia transicional, lo que dejó un ambiente de impunidad que hasta hoy afecta a la sociedad de este país centroamericano.
Por último, Texier hace una última observación sobre la importancia de realizar una pedagodía sobre el funcionamiento de la JEP. El juez francés considera que la única manera de mitigar la polarización y los altos niveles de cuestionamientos será a través de la explicación del Sistema Integral a través de sus primeras decisiones.
En esta afirmación lo apoya Ayala, quien ejemplifica que lo mismo sucedió con la tutela, cuando en la década de los noventa la gente no tenía idea de qué era y hoy, depsués de dos décadas, hace parte del lenguaje cotidiano. Los juristas esperan que lo mismo suceda en el caso de la JEP: que se empoderen de esta justicia transicional enfocada en las víctimas.
Los integrantes de la CIJ
Carlos Ayala (Venezuela)
Es de la Comisión Internacional de Juristas. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue su director entre 1996 y 1999. También fue relator para los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana y director de la Comisión Andina de Juristas. Ha sido profesor de las universidades Andrés Bello, Georgetown y Oxford.
Wilder Tayler (Uruguay)
Es el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas de 2008 a 2017. También fue miembro y vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y director legal de Human Rights Watch desde 1997 hasta marzo de 2007.
Philippe Texier (Francia)
Fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante 1987 y 2012, y fue su presidente en 2007 y 2008. Hasta 2009 sirvió como juez de la Corte Francesa de Casación, división social. También fue experto independiente de la Comisión de Naciones Unidas en Haití y manejó la División de Derechos Humanos. Ha sido miembro de la Comisión Asesora Francesa en Derechos Humanos desde 1984.