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Entrar al mundo digital ha sido una de las mayores dificultades de la justicia colombiana. Las audiencias siguen siendo, mayoritariamente, presenciales y los expedientes, que durante años se ha dicho que serán digitales, están en físico. Al punto que las miles de tutelas que la Corte Constitucional debe resolver llegan en camiones a ese alto tribunal.
Esta realidad tampoco es muy lejana de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque con su entrada en funcionamiento hace tres años, después de la firma del acuerdo de paz, se esperaba que esta justicia se alejara del rezago virtual, la verdad es que su relación con la tecnología no ha sido tan estrecha. En un comienzo hubo, incluso, una discusión interna si se adquiría o no un millonario contrato para implementar un programa que clasificara la basta información del tribunal.
Lo cierto es que sólo hasta la pandemia del nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, tuvo que recurrir a la virtualidad para continuar con su labor. En la última semana, la JEP arrancó con las versiones voluntarias de manera virtual. En estas diligencias, quienes están sometidos a esta jurisdicción cuentan su verdad, plena y detallada, sobre los hechos en los que participaron. Antes se hacía presencialmente y, si el procesado no estaba en Bogotá, donde está la sede principal, los togados iban hasta su lugar de residencia o reclusión. Pero ahora, para evitar la propagación del COVID-19, tuvieron que ingeniárselas con la plataforma Teams, de Micorsoft.
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Y esta no fue la única decisión. También determinaron continuar con los procesos que tengan suficiente información digitalizada o en los que se pueda notificar vía correo electrónico a los comparecientes, la Procuraduría, las víctimas y sus representantes. Por ejemplo, se pueden acreditar más víctimas, tomar decisiones sobre solicitudes de medidas de protección, resolver beneficios de libertades condicionadas y tutelas. Aunque, y en esto fue enfática la JEP, la magistratura no decidirá sobre los casos que se encuentran en etapa de ampliación de información o práctica de pruebas ni aquellos cuyos expedientes físicos se hallen en las instalaciones de la JEP y no se encuentren digitalizados.
Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento,admite que eso último sucede en la mayoría de los expedientes que vienen de la justicia ordinaria. Relata que, antes de la pandemia, los equipos tenían que ir hasta los territorios más alejados para buscarlos, porque no estaban digitalizados. Ahora, en medio de la emergencia, la situación es más compleja. La justicia debe seguir y por eso están haciendo un esfuerzo grande, dice Díaz.
Pero trabajar a través de internet trae nuevas preguntas: ¿Qué tan preparada estaba la jurisdicción para este paso? ¿Utilizan herramientas seguras para tratar la información delicada y de reserva? ¿Hay protocolos para estas nuevas diligencias a través de plataformas virtuales? ¿Qué herramientas usan?
En este momento, para las versiones voluntarias y el envío de decisiones, esta justicia tiene una licencia con Office 365 y Teams , ambos de la compañía Microsoft. Díaz asegura que en la primera diligencia, realizada la semana pasada, no hubo inconvenientes y, con éxito, pudieron conectarse la víctima, el acusado y sus respectivos abogados desde diferentes partes del país, sin problemas de conexión.
Si bien Teams es una plataforma que parece ser confiable, la seguridad digital no se puede garantizar en un 100 % y menos en las videoconferencias, según Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la “tecnología para el desarrollo” al ejercicio de los derechos humanos.
Botero expresa que en esta actividad no es posible el cifrado punta a punta: "Una llamada de voz es más segura, pero se entiende que hay valor simbólico al ver a la gente, particularmente, en una audiencia de este tipo, en la que hay un encuentro entre víctima y victimario".
Para la directora, la mejor solución en términos de seguridad digital y la más autónoma es tener el propio servidor para las videoconferencias. Pero tiene claro que esto requiere capacidades internas, dentro de las cuales están la contratación de personas capacitadas y capital, pues es costoso.
Teams o Zoom son servicios que prestan otras compañías, así que en este caso, según Botero, la JEP no controla ni define todo. "Y eso es entendible porque se sale de las manos, y más en medio de una pandemia. Debes solucionar y hay empresas que ya tienen el servicio". En el caso de Teams, aclara, cuando es pago el servicio, se pueden exigir condiciones y exigencias más estrictas de seguridad.
¿Qué se puede hacer, entonces, para mejorar las condiciones de seguridad? Ana María Ramos, profesora de la maestría en Gobierno, y Gestión de la Uusticia de la U. de Los Andes, considera que es el momento para que Colombia desarrolle protocolos para la celebración de audiencias virtuales. Estos deben considerar las inquietudes que tienen los juristas y los ciudadanos de no contar en lo virtual con las mismas garantías que tienen en las diligencias presenciales, que no sólo se limitan a la seguridad.
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"Varios señalan la importancia de poder observar el comportamiento de los testigos o de los acusados, que haya sincronía entre la declaración y la transmisión -de forma tal que el audio o vídeo no lleguen varios segundos después- y que se garantice que quien declara no está siendo coaccionado. Hay que evaluar hasta dónde la virtualidad permite esas garantías y en qué tipo de audiencias esta genera mayores dificultades ", explica Ramos.
Botero complementa que dentro del protocolo se puede establecer, por ejemplo, que la información de las reuniones solo esté en manos de quienes van a participar. También debe haber un control estricto de ingreso de las llamadas: "Estos sistemas permiten que una vez estén todos adentros, se cierren". Además, resalta la importancia de una buena conectividad, que en Colombia es un asunto problemático en las regiones, donde están la mayoría de las víctimas y comparecientes que están en la JEP. Y, finalmente, la garantía de que lo grabado no sea modificado después.
"Se puede crear un hash al video, una especie de identificador numérico único que se pega a un objeto digital. Si terminas el video, cierras con el hash porque se transforma el número. Es una especie de notario digital", explica.
Otro punto que debe tener en cuenta la justicia transicional, según Botero, es el almacenamiento de esos archivos: "¿Dónde quedan guardados? ¿Hay un registro de esos accesos? ¿Hay autorización para entrar a los archivos? ¿Dónde están los servidores? Esas preguntas hay que hacerlas a la compañía que te presta un servicio".
Sobre las posibles filtraciones de las declaraciones de quienes están sometidos o las víctimas, Ramos señala que es evidente que estas podrían darse en actuaciones que se realizan de forma virtual, por lo que es necesario robustecer la seguridad informática. “Pero no debería idealizarse lo presencial, ahí también existen episodios de filtraciones, tanto en la justicia ordinaria como en la JEP”.
Ambas expertas afirman que no todas las interacciones pueden ser virtuales, sin embargo, consideran que es la oportunidad ideal para que la justicia transicional haga un cambio cultural frente a la tecnología, que puede ser también muy intuitiva, segura y ordenada, en muchas ocasiones más que lo presencial. Y ahora, sin duda, en medio de la emergencia sanitaria, ha demostrado ser indispensable, sobre todo para acceder a los procesos.
"No todo se hará por internet, pero es importante que aquellas que se hagan estén rodeadas de buenas prácticas. La realidad es que la vulnerabilidad de la seguridad digital, en muy buena medida, es un problema de prácticas sociales más que de tecnología. Tú sabes quién te llama y eres el dueño de los datos, de lo que dices, donde accedes", señala Botero.
Tienen claro que las personas le temen a la tecnología y que esos prejuicios solo se irán si se invierte en buenas herramientas, en la digitalización de los procesos (que es muy costosa) y en un recurso humano que conozca en detalle los temas de seguridad, privacidad y labor judicial. Crucial, para ambas, es arrancar desde ya, para que luego esos procesos no terminen haciéndose de afán.
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Acerca de estas inquietudes sobre la seguridad, almacenamiento y privacidad de los datos, la JEP afirma que cuenta un protocolo para las diligencias y que ha sido vigilantes con las condiciones que le ha ofrecido la empresa Microsoft: "Toda diligencia virtual es efectuada a través de Microsoft Teams y durante su ejecución es transmitida, transcrita y almacenada en línea, de manera encriptada en la nube de Microsoft Office 365, con acceso restringido a los funcionarios de la JEP con el rol de “Organizador” de la diligencia y con los parámetros de seguridad informática y control de acceso definidos por la entidad", explica la JEP.
Una vez finalizada la diligencia, la grabación y su transcripción son descargadas de la nube de Microsoft Office 365 y almacenadas en el Datacenter contratado por entidad, "el cual cumple las condiciones de seguridad informática requeridas para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, quedando disponible esta información para los trámites respectivos al interior de la JEP".
La magistrada Catalina Díaz no descarta que, gracias a los protocolos y el éxito de las versiones, la JEP decida utilizar la tecnología para llevar a cabo otras diligencias, como las audiencias, en caso de que el aislamiento obligatorio continúe: "Lo que quiere hacer la JEP es utilizar estas herramientas para cumplir con las funciones. La audiencia pública tiene una ritualidad, pero hay que reflexionar cómo se puede dar a través de las plataformas".
Y sobre las dificultades del acceso a internet de las víctimas y los procesados, la JEP advierte que, actualmente, "está trabajando en la consecución y disposición de recursos para facilitar el trabajo remoto y virtual en territorio". De todas maneras, Díaz asegura que, por fortuna, varias organizaciones y abogados tienen internet y por ello la comunicación ha sido fluida con las personas que se han necesitado hasta el momento.
La gran lección, concluye la togada, es que la tecnología es útil, eficiente y rápida para avanzar en los siete macrocasos que adelantan. Espera que pronto se den buenas noticias sobre el nuevo sistema de gestión judicial, "que va a permitir trabajar en los expedientes virtuales y así lograr que la justicia sea más rápida y ordenada".