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El anuncio de Piedad Córdoba de que sabía quiénes fueron los autores del homicidio de Álvaro Gómez y lo revelaría ante la Comisión de la Verdad fue la antesala de un suceso inesperado y sorpresivo: exguerrilleros de las Farc aceptaron la responsabilidad por el asesinato del líder conservador, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, en la puerta de la Universidad Sergio Arboleda. Los miembros del Secretariado de la extinta guerrilla enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que reconocieron su autoría en seis crímenes, entre los que estaba el magnicidio de Gómez Hurtado y los homicidios del profesor Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal, el representante Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey.
Las sorpresas tras el anuncio fueron muchas, incluso por el día y el horario en el que la JEP notificó al país de la declaración de los exguerrilleros: el sábado 3 de octubre, a las 11 de la mañana. Las respuestas se enfocaron principalmente en el caso de Álvaro Gómez, debido a la relevancia de este proceso y a que las líneas de investigación pocas veces tocaron la posibilidad de que la extinta guerrilla fuera la autora del homicidio del hijo de Laureano Gómez. Las primeras reacciones llegaron del expresidente Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa Uribe, pues ambos han sido señalados por la familia del líder conservador como posibles determinadores del crimen. Además de declararse sorprendidos, exmandatario y subalterno se autodenominaron víctimas de las “calumnias” de la familia de Álvaro Gómez y del “silencio de las Farc”.
Por el contrario, familiares de Álvaro Gómez Hurtado no le dieron crédito alguno a la versión de los exmiembros del Secretariado y hasta lo calificaron de un intento, impulsado por Piedad Córdoba, para borrar cualquier responsabilidad de Ernesto Samper en el crimen. “El cinismo de nuestros líderes y la instrumentalización del Gobierno es ilimitada. El régimen se prestó para eso y ha logrado reclutar a las Farc para lavarle la cara a Samper”, le comentó a El Espectador Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder conservador asesinado, quien destacó que “no hay indicio de que fuera la guerrilla” e hizo referencia a unas cartas presentadas por el ahora senador José Obdulio Gaviria en que líderes de las Farc habrían aceptado su participación en el crimen, pero que estas fueron calificadas como falsas.
El sobrino de Álvaro Gómez se mantuvo en su posición de que se trata de un crimen de Estado con ayuda del Cartel del norte del Valle, en el que hubo apoyo de la fuerza pública y del DAS. En esta misma línea, señaló que las recientes investigaciones que adelantó la Fiscalía apuntarían a esta misma tesis, por eso habría sido la citación este 2 de octubre de varios excapos de los carteles de Cali y del norte del Valle —entre los que están los hermanos Rodríguez Orejuela, Fernando Henao Montoya y Víctor Patiño Fómeque, entre otros— para que rindan declaración juramentada ante la Fiscalía. Para la familia Gómez, el anuncio de este fin de semana es un mero intento de que el caso se engavete en la JEP y sea retirado de la jurisdicción de la Fiscalía.
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El escepticismo fue compartido por el presidente Iván Duque y varios miembros del Centro Democrático. “Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones y yo quiero que ese crimen horrendo sea esclarecido”, fueron las palabras del primer mandatario al reconocimiento del crimen por parte de exguerrilleros de las Farc. De igual manera, advirtió que en caso de no ser verdad lo dicho este sábado, los exmiembros del Secretariado estarían incurriendo en el delito de obstrucción a la justicia. Por último, señaló que la JEP debe escuchar la versión de los excombatientes, mientras que la vía ordinaria debe seguir con las pesquisas para contrastar la información.
El expresidente Juan Manuel Santos, cuya bandera de gobierno fue la paz con las Farc, tuvo una posición completamente diferente y celebró lo hecho por los exmiembros de las Farc: “Hoy se dio un gran paso hacia la verdad, base de la reconciliación”. En una senda similar, pero criticando el crimen, el senador Gustavo Petro se pronunció: “Cuando no intuíamos ni de lejos que las Farc fueran los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado, queda evidente que acabaron con las posibilidades de una derecha democrática y republicana en Colombia”. El senador Roy Barreras también celebró lo dicho por la antigua guerrilla, pero cuestionó al Gobierno: “Prefiero achacarle a la ignorancia y no a la mezquindad que Iván Duque desconozca que gracias a la JEP se empieza a saber la verdad sobre crímenes”.
Pero el reconocimiento del homicidio de Álvaro Gómez no fue el único caso en el que hubo respuestas. También hubo pronunciamientos de los familiares de Jesús Antonio Bejarano, asesinado en la mañana del 15 de septiembre de 1999, cuando llegaba a la Universidad Nacional a dictar clase. Este fue otro de los casos de los que no se tenían mayores pistas, pues se le adjudicaba tanto a organizaciones de extrema derecha como de izquierda. Eduardo Bejarano, hijo del exconsejero de paz asesinado, recibió “con cierto nivel de agrado que la JEP haya permitido plantear un tema que en 21 años la justicia no pudo dilucidar”. No obstante, expresó sus reservas, ya que una carta de reconocimiento “no va a aclarar el caso”.
Bejarano hijo también expresó que ahora les toca a los exmiembros del Secretariado de las Farc aportar las evidencias para sustentar su participación en el crimen: los detalles de quiénes dieron la orden para el asesinato, los motivos del crimen —si medió una retaliación política o ideológica— y los autores materiales de esta acción. Eduardo Bejarano reconoció que, en los más de veinte años de impunidad, se llegó a presentar el rumor de que las Farc habían cometido el crimen, pero nunca hubo una confirmación de este tipo. Además, se llegó a relacionar el crimen del economista con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, los avances de la Fiscalía fueron pocos en estas dos décadas.
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Los otros crímenes aceptados no generaron mayores sorpresas, pues se tenía idea de una posible participación de las Farc y hasta el momento no ha existido mayores pronunciamientos frente al anuncio. En el caso del general Fernando Landazábal, exministro de Defensa, se habló de la acción de la guerrilla como respuesta al asesinato de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña y María Arango y debido a su férreo anticomunismo durante sus años de servicio. Una situación similar fue la del representante Pablo Emilio Guarín, reconocido como uno de los impulsores de las Autodefensas del Magdalena medio. En cuanto a los exguerrilleros Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey se presumía que fueron las Farc porque los habían sentenciado a muerte como responsables de la masacre de Tacueyó.
Respuestas tras 20 años de incógnitas
En vida, Jesús Antonio Bejarano fue considerado un hombre de paz, tanto así que fue exnegociador de paz durante el gobierno de César Gaviria. También hizo parte del equipo que intentó llegar a un acuerdo con las Farc en las negociaciones de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), ambos intentos no llegaron a buen puerto. Por eso, no se tuvo claridad de quiénes fueron los autores del crimen cuando fue asesinado, el 15 de septiembre de 1999, mientras llegaba a dar clase en la Universidad Nacional.
Fueron más de dos décadas de dudas. No ayudó que meses antes hubiera ocurrido el crimen de Jaime Garzón, perpetrado por hombres de las Autodefensas con complicidad del Estado. En este tiempo la Fiscalía no hizo muchos avances y siempre quedó en el aire la duda de si fueron hombres de la extrema derecha o izquierda. Sobre todo por las consignas que gritaron los asesinos luego de cometer el crimen. Tras la revelación de las Farc, su hijo celebró el avance, pero pidió que haya esclarecimiento de los hechos.