Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La finca El Palmar queda a las afueras de San Onofre (Sucre), tiene una extensión de 556 hectáreas y fue utilizada por la familia Rhenals, sus originales propietarios, para las actividades agropecuarias y ganaderas. Sin embargo, entre los años 90 y hasta mitades de la década pasada, fue utilizada como una base paramilitar de los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Rodrigo Mercado Pelufo, “Cadena”, y Edwar Cobos, o “Diego Vecino”.
La Fiscalía, en 2007, determinó que la familia Rhenals pudo permitir esta permanecia, aunque la familia ha argumentado que se desplazó por múltiples amenazas y victimizaciones, entonce los paras convirtieron esta tierra en un lugar de terror. De acuerdo con varias investigaciones, en El Palmar podría haber más de 500 personas inhumadas de manera ilegal, según declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz, personas no identificadas y a quienes siguen buscando sus familias.
(Lea también: Piden a la JEP proteger 19 sitios donde habría 229 desaparecidos en Sucre)
Este miércoles 20 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la audiencia pública de medidas cautelares para determinar la situación de cuatro sitios de San Onofre (Sucre) donde podría haber cuerpos de personas desaparecidas. Lo hizo por solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En esta diligencia, además de revelarse que la administración municipal, la departamental y otras instituciones no han hecho nada para proteger los cementerios de San Onofre y del corregimiento de Rincón del Mar, también se supo que la finca El Palmar, administrada desde hace 12 años por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), está arrendada a un tercero privado por un canon de $500.000 mensuales.
La funcionaria de esta institución Laura Matilde Hernández intervino en la audiencia para explicar cuál era el estado de la finca. Los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, así como la magistrada Reinere Jaramillo, se mostraron sorprendidos cuando Hernández no reportó que este contrato tenía alguna consideración sobre las denuncias de posibles inhumaciones de personas desaparecidas, pues ahí había funcionado una base paramilitar. La respuesta fue negativa. El contrato de arrendamiento de la finca El Palmar es un contrato comercial como cualquier otro que hace la SAE. No obstante, en esa finca, según la dirección de derechos humanos de la Fiscalía, se hicieron tres exhumaciones y se sacaron tres cuerpos en 2010. Allí mismo se han hecho 14 diligencias más de prospección para exhumar, con resultados negativos.
(Le puede interesar: JEP ordena proteger cementerios de San Onofre donde habría desaparecidos)
Los magistrados, entonces, indagaron sobre si existían pruebas de exhumaciones hechas en la finca y la respuesta también fue negativa. Sin embargo, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se han registrado 204 casos de exhumaciones en todo el municipio de San Onofre. Así, pasaron al propio contrato y se supo que la finca de 556 hectáreas, que es usada para la ganadería, está arrendada desde 2010 por un valor de 500 mil pesos mensuales, que ha sido renovado automáticamente desde entonces.
También indagaron por los funcionarios que tomaron esta decisión y por la fecha de finalización del contrato. La funcionaria dijo no tener respuesta en el momento y se comprometió a tener la información para el jueves 21 de noviembre, cuando continúa la audiencia.