El general (r) Rito Alejo del Río negó sus nexos con los paramilitares en la JEP

La primera audiencia del general (r) Rito Alejo del Río no fue como las víctimas esperaban. En el marco del caso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conocido como Situación territorial de la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, el militar negó sus nexos con estructurares paramilitares, según le relataron asistentes de la diligencia. Esto pese a que Del Río ya fue condenado en la justicia ordinaria por sus probadas alianzas con el paramilitarismo, cuando fue comandante de la Brigada XVII, a cargo de las operaciones militares que también produjeron violencia y desplazamiento en el Urabá antioqueño y chocoano.

“Él asumió una posición negacionista sobre la relación de la fuerza pública y las estructuras paramilitares que estaban en la zona de Urabá, al igual que el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Lo que no pudo negar es que firmó una certificación que avalaba la creación de las Convivir”.

La fuente se refiere a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada que, de acuerdo con las confesiones de excomandantes de las autodefensas y sentencias judiciales, fueron creadas y controladas por los grupos paramilitares en Urabá. En el caso de Rito Alejo del Río, los abogados de las víctimas demostraron que fue él quien les dio un concepto favorable a varias de estas.

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El general lo negó en un principio, pero luego de que los representantes de las víctimas y organizaciones sociales le mostraron a la magistratura los documentos en los que se evidencia que él firmó los certificados, Del Río se retractó y señaló que sí avaló la creación de la convivir Papagayo. Sin embargo, los papeles dejan ver que también hizo lo mismo con otras cinco.

El militar también negó las acusaciones de que la sede de la convivir Papagayo estuviera dentro de la Brigada XVII. Aunque reconoció que se reunió con Raúl Hasbún, excomandante del Bloque Banenero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aclaró que lo hizo “en calidad de empresario bananero”, porque se lo presentó el gerente de Unibán para hablar sobre un ganado. Asimismo, dijo que nunca se había reunido con Salvatore Mancuso ni Fredy Rendón o El Alemán, ambos excomandantes de las AUC.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo con la declaración que dio Hasbún a la Fiscalía 103 especializada, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, desde que los hermanos Castaño y él decidieron formar un grupo paramilitar en Urabá contaron con el apoyo de bananeros, ganaderos y comerciantes. De hecho, este excomandante paramilitar le entregó a esa institución una lista con el nombre de 91 ganaderos que le habrían aportado dinero a la estructura armada.

De acuerdo con varias fuentes, durante la diligencia de la JEP, Rito Alejo del Río se enojó. La magistrada que adelanta el caso le recordó que no era una audiencia adversarial sino dialógica y que, en ese sentido, lo invitaba a preservar la calma. El general insistió en que existe un desconocimiento de su caso y que nunca tuvo relación con el paramilitarismo, pues dedicó su vida “a combatir bandidos”.

Unos minutos después la diligencia tuvo que ser suspendida, luego de que la Sala de Reconocimiento se diera cuenta de que el abogado del general es Édgar Torres, el mismo que el del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, involucrado en el mismo caso, pues ambos estuvieron en las brigadas VXII y XIII en los tiempos de mayor violencia paramilitar en el Urabá. Por incompatibilidad en la defensa, a las 5:00 p.m. se dio por terminada la versión que tardó ocho horas.

Un abogado cuestionado hace meses dentro de este tribunal de paz. De hecho, en junio de 2020, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto 490 de 2020, ya le había hecho un duro llamado de atención al teniente coronel retirado del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo y a su abogado Torres para que entregara sus aportes a la verdad del conflicto armado ante la JEP y la Comisión de la Verdad. A Plazas Acevedo no le han dado libertad condicionada porque no asistió a varias audiencias y, además, mintió posteriormente sobre las razones de su ausencia. Dijo que tenía una cita médica sobre un asunto cardíaco cuando adjuntó una certificación odontológica. Después solo indicó, por escrito, que su sometimiento es sin reconocimiento de responsabilidad y como víctima del sistema judicial.

Denuncias a Fondetec

Antes de que se terminara la audiencia, las víctimas manifestaron su preocupación por el accionar del abogado Édgar Torres, quien fue asignado por Fondetec, el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, y quien ha sido acusado de presionar a los militares a ceñirse a un discurso negacionista. Dos uniformados que hoy comparecen ante la JEP dijeron que les han pedido modificar sus testimonios ante esa justicia especial.

“Nos dicen cómo no revictimizar, que no nos llamemos nosotros victimarios, pero yo he hablado con las víctimas y ellas me han solicitado que diga las cosas como son (...) Nos dicen ‘¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación’. Nos prevenían para no meternos con los generales porque al final no teníamos más pruebas más allá de nuestra palabra. Desde Fondetec nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”, le dijo uno de ellos a la JEP.

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Por esta denuncia, la Sala de Reconocimiento también le pidió información al Fondetec sobre sus actividades y que aclare la identidad de quienes fueron acusados de estos hechos. También comunicó a los distintos despachos al interior de la JEP para que reporten otros hechos similares a los que son denunciados y se compulsó copias a la Fiscalía General y a la Procuraduría para que tengan conocimiento de las denuncias.

Tras acogerse a la JEP, Rito Alejo del Río, quien purgaba una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión por la muerte del líder chocoano de la cuenca de Cacarica Marino López Mena, ocurrida en 1997, quedó en libertad, en el marco del Acuerdo de Paz y condicionada a su sometimiento a la JEP. El alto exoficial estaba siendo investigado por otros casos, como la masacre de Mapiripán (Meta), cometida en julio del mismo año por las AUC, y el magnicidio del periodista Jaime Garzón.

Desde que quedó en libertad condicionada en 2017, el oficial aseguró que no aceptaría ningún delito. “Él ha dicho desde el comienzo que no va a aceptar verdad ni responsabilidades, porque no ha cometido los hechos. No asume compromiso de no repetición porque, si no ha cometido un hecho, no puede garantizar el no repetirlo”, le dijo a Noticias Caracol su defensor, Édgar Torres.

Víctimas piden la verdad

Las víctimas, por su parte, han invitado al general, en reiteradas ocasiones, a que diga la verdad sobre los hechos atroces que habría cometido el Ejército bajo su mando. De hecho, hace dos días, le enviaron una carta pidiéndole: “Nuevamente volvemos en un corazón y mentes abiertas, a los acontecimientos que nos relacionaron de manera directa con una relación dolorosa, trágica, desgarradora desde el 24 de febrero de 1997 con las operaciones Cacarica y Génesis, en el que se asesinó a Marino López y se nos desplazó forzadamente. Una expresión violenta al que se suman nuestros más de centenares de asesinados y desaparecidos, desarraigados, torturados entre 1996 y finales de 1997 cuando usted era comandante de la Brigada 17. Hoy 24 años después, estamos invitándolo a encontrarnos como seres humanos, como seres con madres y padres, hijos y nietos, y todos, usted y nosotros integrantes de una patria llamada Colombia”.

Le reiteraron que “ni por lo sucedido hace 24 años ni por lo que hoy nos sucede, odiamos ni buscamos venganza”. Por el contrario, “buscamos paz, verdad, solución de todas las violencias y reconocimiento respetuoso de todas y todos. Lo invitamos a hablar desde su corazón ante la JEP, hemos querido hacerlo de manera directa con usted en algún momento. Hablar desde el corazón es un acto de valentía. Reconocer que sus actuaciones militares por proteger una forma democracia violentó nuestros derechos y los de muchos, ese es un paso, paso que exige valor, templanza”.

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Al final de la última misiva le pidieron un encuentro con los representantes de las organizaciones de víctimas y le recuerdan que las “verdades silenciadas pasarán a nuevas generaciones, a las de su familia y las instituciones por las que veló, manteniendo odios, venganzas, situaciones inenarrables en los núcleos familiares, prolongando guerras injustas, y una democracia cada vez más deteriorada”. Y terminaron: “Hoy usted puede desde ese reconocimiento y de las enunciaciones de verdad transformar transformándose. Es posible”.