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En días contados, a la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegará un proceso representativo del conflicto interno colombiano: el del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Así lo decidió el propio alto oficial (r), a quien la JEP, desde la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, le dio 10 días a partir del pasado 22 de marzo para que definiera si iba a pedir que se revisara su fallo o una sustitución de la pena. El segundo escenario implicaba algún tipo de admisión de responsabilidad, por lo que el general (r), quien insiste en su inocencia, eligió el primero.
Contexto: General (r) Uscátegui: ¿ofrecerá verdad a las víctimas o volverá a prisión?
Con la Resolución 001051 de 2019, la JEP le recordó al general (r) Uscátegui que él se encuentra en libertad desde mayo de 2017 gracias a las prebendas que derivaron del Acuerdo de Paz con las Farc para los combatientes tanto de la guerrilla como de la Fuerza Pública. Prebendas que van de la mano de condiciones y obligaciones, como aportar “verdad plena” y “contribuir a la reparación de las víctimas”. “Hay muchas verdades de Mapiripán que están engavetadas”, dijo Uscátegui a este diario hace dos años, señalando entonces que acudiría a la entonces incipiente JEP, porque en la justicia ordinaria perdió la fe. “Tengo la confianza de que allá sí se respeten las pruebas y la verdad”, agregó en ese momento.
En esa línea, la JEP le preguntó hace un mes cuál era el programa detallado de verdad que iba a ofrecer a las víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), crimen cometido por paramilitares, con anuencia de algunos militares, entre el 15 y el 20 de julio de 1997 (la cifra de las víctimas es hasta ahora indeterminada, pues varias habrían sido desaparecidas). Le explicó que, si quería seguir gozando de los beneficios que dejó el Acuerdo de Paz, debía “presentar un programa aceptable de participación ante la justicia transicional y sus distintos órganos”, que incluyen también a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
“Mi papá ha atendido cada llamado que la justicia nacional e internacional le ha hecho durante los últimos 22 años. Lo hizo ante la justicia penal militar, la justicia ordinaria, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por supuesto, lo hará ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, le dijo a este diario José Jaime Uscátegui Pastrana, hijo del general en retiro. Elegido representante a la Cámara en los comicios pasados por el Centro Democrático, él fue el principal defensor de su padre desde que este fue hallado culpable de los delitos de homicidio y secuestro agravados por omisión, según el Tribunal Superior de Bogotá (en 2009) y según la Corte Suprema (en 2014).
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La JEP señaló que el programa de verdad debía incluir información y soportes probatorios sobre la incursión armada de los paramilitares en Mapiripán; sobre operaciones militares llevadas a cabo por la Séptima Brigada del Ejército -que Uscátegui comandaba para la fecha del crimen masivo- y el Batallón de Infantería Joaquín París, en las que se hubieran cometido actos ilegales; sobre la participación de autoridades gubernamentales “en estos hechos delincuenciales”; lo que supiera sobre “alianzas criminales” entre paramilitares y agentes del Ejército; sobre los beneficios que al parecer recibieron miembros del Ejército, así como sobre la identidad de las víctimas de la masacre.
Este último es un punto bastante sensible en el contexto de Mapiripán, pues en 2013 la Fiscalía abrió investigaciones formales contra algunas de las personas que habían sido reconocidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como víctimas de la masacre. La Fiscalía descubrió que esas personas, entre las que se encontraban Mariela Contreras, su hija Zuly Herrera Contreras y el esposo de esta, Argemiro Arévalo, mintieron para acreditarse como afectados por la masacre y recibieron indemnizaciones por ello. Contreras, su hija y su yerno fueron condenados a cinco años y cinco meses de prisión por fraude procesal y estafa agravada, luego de que ellos admitieran los cargos.
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El tema no se ha olvidado. En medio del debate que se está dando por el caso Uscátegui, la Procuraduría envió un documento a la JEP en el que solicitó que se tengan en cuenta las condenas contra personas como Mariela Contreras a la hora de acreditar a las víctimas. En total, 12 personas fueron investigadas y condenadas como falsas víctimas. En la lista estaban también las hermanas Luz Mary, María Teresa, Sara Paula y Esther Pinzón López, así como Adalia Azucena Figueredo, William Alexánder Molina Figueredo, Carlos Felipe Figueredo, Jonathan Figueredo Cagüeño y Luis Fernando Figueredo Cagüeño. El general (r) Uscátegui, por su parte, se ha declarado a su vez víctima de esas falsas víctimas.
Para la Corte Suprema, sin embargo, la inocencia que alega el general (r) Uscátegui no corresponde a la realidad. Según las pruebas que se ventilaron en el expediente, el alto oficial (r) ostentaba la posición de garante de la población civil en la jurisdicción de la Séptima Brigada y, a pesar de haber sido informado de la incursión paramilitar, poco o nada hizo para auxiliar a los pobladores de Mapiripán. Por eso confirmó la condena en su contra. Al ser la Corte el órgano de cierre, en la justicia ordinaria se le agotaron las posibilidades a Uscátegui. Ahora está en manos de la JEP estudiar la decisión de la Corte Suprema y decidir si se mantiene o se reversa. Con este recurso, al general (r) se le acabaron las cartas por jugar en aras de que la justicia lo declare inocente.