A propósito del Día de las Manos Rojas, conmemorado el pasado 12 de febrero, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que está escrito y narrado en voces de las madres, padres y hermanos que han perdido el rastro de familiares que fueron reclutados por las antiguas Farc siendo menores de edad y que permanecen desaparecidos desde entonces. Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalico, explica que precisamente 2020 fue uno de los años más complejos para los derechos de los menores de edad en los territorios y que, por lo menos, 222 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento. Además, asegura que esta es la primera vez que, por petición de los familiares, entregan un documento en el que se especifican los nombres completos y las fotografías de las víctimas.
¿De qué se trata el informe que le entregaron a la JEP?
Ese informe es muy significativo para nosotros, atendiendo a un compromiso que se tiene con el caso 07, sobre Reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, que investiga la JEP. Esta vez pudimos avanzar en conocer de viva voz los relatos de las víctimas sobre lo que ha sucedido en el conflicto. Usualmente nuestro trabajo ha sido enfocado a hablar con los niños y las niñas, que hoy ya son adultos, y que en su infancia fueron reclutados, pero esta vez nos permitimos conocer las voces de las víctimas indirectas, que son esos padres y esas madres que también han sufrido por esto. Y aquí hay un elemento común, y es que esos seres queridos no saben nada de los niños y las niñas víctimas, porque siguen estando desaparecidos.
¿Cuántos niños y niñas reclutados en Colombia están reportados como desaparecidos?
De los 96 casos que representa la Coalico ante la JEP, 45 son personas que buscan a familiares dados por desaparecidos. Nos hemos dado cuenta de que hay que visibilizar los impactos de la guerra en las familias, y es muy complejo para la gente vivir con la incertidumbre de la desaparición. Esto es algo que ha sido generacional en muchas familias y por eso a veces también es difícil para ellos entenderlo, porque son fenómenos que han ocurrido hace 20, 15, 10 años, momentos en los que este delito era invisible y para muchas comunidades era visto con normalidad.
En el proceso de identificar el reclutamiento como un delito, ¿qué se han encontrado ustedes?
Nos hemos encontrado con que vienen unos duelos abiertos y unas culpas que emergen en este momento, porque antes no eran vistas de esa forma. Para las personas de comunidades rurales entender el reclutamiento como un crimen es todo un proceso, que parte de comprender lo que a su familiar les pasó y cómo se vulneraron sus derechos como niño o niña. Eso es algo que no se supera
¿Qué importancia tiene para las víctimas que la JEP conozca y reciba sus relatos?
Hay una expectativa clara en la gente, y es que eso permite comenzar a cerrar unos ciclos abiertos en ellos. Cuando hay personas con familias víctimas de reclutamiento que están desaparecidas, siempre hay un miedo de buscar a esos familiares, no solo por lo que implican las dinámicas de conflicto ahora, sino por el temor de la institucionalidad y el señalamiento. La gente piensa que si los buscan, van a decir que fue su culpa o que eran integrantes de un grupo armado ilegal y que no importan. La idea de este informe es decirles que, aunque esos menores de edad hayan integrado la guerrilla de las Farc, se les debe buscar, urge que aparezcan. Queremos saber qué pasó con ellos. Por eso también estamos a la expectativa de lo que suceda con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, porque muchas de las familias víctimas han buscado por sí mismas. Esperamos que sus casos puedan ser incluirlos en sus búsquedas. Es una esperanza.
¿Qué es lo más complejo de la búsqueda de menores de edad víctimas de reclutamiento?
El hecho de que haya pasado tanto tiempo implica unos cambios fisionómicos de las personas que hace que la búsqueda de desaparecidos sea mucho más compleja, porque los niños todos los días crecen. Tenemos varios casos en los que los niños fueron reclutados de 13 años y ellos no tienen idea de hasta dónde pudo haber crecido o cómo pudo ser. Otra cosa es que, una vez la gente entra al grupo armado, usualmente, cambian de denominación y no se llaman igual. Es más difícil para la búsqueda desconocerlos con el nombre de guerra.
¿Qué encontrarán los magistrados en los testimonios de las víctimas indirectas?
Especialmente en el ámbito de lo emocional, en la forma de enfrentarse a lo que se espera. Una mamá que busca a su hijo tiene una serie de sentimientos, vacíos, emociones, incluso culpas y muchas preguntas. Mientras que para las víctimas directas el tratamiento tiene que ver con la vivencia misma sobre lo que pasó en el interior de las filas. Son relatos que conectan la historia del reclutamiento desde dos miradas diferentes. A veces los niños y las niñas víctimas tienen una forma distinta de entender esas dinámicas y no se logran autorreconocer como víctimas.
¿Cómo prevenir futuros reclutamientos cuando el año pasado se presentaron más de 200 episodios?
Con la Comisión de la Verdad esperamos que se visibilicen todas las afectaciones que ha tenido la infancia en el futuro del país. Hay un desafío muy grande ahí, pues es entender que el conflicto armado no solo ha afectado a los niños a través del reclutamiento, sino también dimensionar que ellos y ellas han estado presentes en todas las etapas de la guerra. El año pasado hubo 12.481 menores de edad víctimas de varios delitos, como el desplazamiento forzado, las amenazas, la violencia sexual, etc. En el caso de la JEP, buscamos llenar la ausencia de la justicia ordinaria. El índice de impunidad ha sido tan alto, que la forma en la que está pensada la justicia transicional es para hacer una pausa en el camino y pasar la página, seguir adelante. También tenemos que entender que esto no fue un error militar, sino que hubo políticas y situaciones sistemáticas que deben ser sancionadas.
¿Por qué las víctimas, en el caso de este informe, prefirieron que no se hiciera público?
El tema de la seguridad es un riesgo constante. Son personas que viven donde aún hay presencia de actores armados y que están en situaciones que incluso hemos denunciado ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Para nosotros como Coalico es imposible garantizarles que no les va a pasar nada. Eso y el hecho de que esta vez ellos quisieron poner fotografías para darle rostro y nombre a sus seres queridos.
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