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La pandemia por el COVID-19 no solo puso en riesgo la capacidad de hospitales y centros médicos. Organizaciones de víctimas y la misma Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtieron del peligro de la disposición inadecuada de cuerpos fallecidos por este virus en los cementerios donde estarían enterradas personas no identificadas y que podrían ser víctimas del conflicto armado.
A pesar de esto, durante esta semana, en medio de las diligencias de exhumación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), la JEP encontró dos construcciones irregulares que se levantaron, al parecer, en los últimos dos meses, sin importar la orden judicial en la que prohíbe cualquier alteración o construcción al camposanto, como medida de protección de los cuerpos inhumados. (Ver foto principal. Fecha de lápida: 25 de octubre del 2020)
Se trata de dos bóvedas construidas sin autorización de la administración municipal, según confirmó Colombia2020 con el alcalde de Dabeiba Leyton Urrego. Este es uno de los cementerios en el que se adelantan tres investigaciones de la JEP: el caso 003 (sobre “falsos positivos”), el caso 004 (situación territorial del Urabá) y la solicitud de las medidas cautelares hecha por el Movimiento de Víctimas Crímenes de Estado (Movice) sobre lugares en los que habría cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto. Es decir, este es uno de los cementerios que más podría ayudar a esclarecer lo que vivió esta región antioqueña durante el conflicto armado.
La Jurisdicción emitió el Auto 009 del 5 de agosto del 2020, con el que decreta una medida de protección sobre este cementerio y prohíbe hacer entierros o modificaciones físicas por un término de seis meses (hasta diciembre 2020). Incluso, después de la emisión de este Auto, la alcaldía de Dabeiba le solicitó a la JEP una licencia para construir 20 bóvedas o nichos funerarios; sin embargo, la JEP rechazó esta solicitud el 21 de octubre (cuatro días antes de la lápida que se observa en la nueva bóveda). Sostuvo que no hay los estudios y argumentos suficientes y hasta entonces “la Sección de Ausencia de Reconocimiento mantendrá la medida cautelar sobre el cementerio Las Mercedes, rechazando por el momento la construcción de nuevas bóvedas habida cuenta que en el Caso 03 de la JEP, existen puntos de interés forense fijados en los cuales presuntamente se encuentras cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado”.
A pesar de la orden judicial y este antecedente se hicieron las construcciones en el cementerio. Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización que representa a algunas víctimas de “falsos positivos”, confirmó que las estructuras fueron levantadas “justo en dos de los puntos del cementerio donde los militares han señalado que hay personas inhumadas”. De acuerdo con Arboleda, que estuvo presencialmente en Dabeiba observando las irregularidades, “se detalla que esas estructuras aún no han sido terminadas, lo que nos hace pensar que fueron construidas posterior a la implementación de las medidas cautelares y de protección”.
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Esta no es la primera vez que hay alteraciones en ese cementerio. El abogado recordó la denuncia que hicieron en diciembre del 2019, justo antes de la primera visita de prospección de la JEP, cuando “campesinos y personas de la zona nos dijeron que el Ejército Nacional había llegado en algún momento a ‘reorganizar’ el cementerio, y eso provocó alteraciones”.
Agregó que justo debajo de las dos estructuras que construyeron, la JEP había planeado realizar labores de búsqueda y exhumación de posibles cuerpos sin identificar. Según Diana Arango, directora del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), el asunto es mucho más grave que el aplazamiento de la diligencia. Los riesgos podrían ser desde una alteración de la escena hasta la destrucción completa de los cuerpos. “El problema de estas construcciones sin autorización ni supervisión forense es que normalmente deben hacer remoción de la tierra para construir la base o soporte de la bóveda, y en esas remociones de tierra puede haber restos de personas desaparecidas, lo que complejizaría mucho más la identificación de los cadáveres”, dijo.
Otro de los riesgos es “perder la evidencia de lo que le pasó a la persona porque las construcciones pueden romper los cuerpos o desarticularlos, entonces es más difícil analizar las heridas en el cadáver. Si es una víctima ya no se sabe si las heridas fueron por el conflicto u ocasionadas por esa alteración", dijo Arango.
Sobre estas construcciones irregulares, el alcalde del municipio, Leyton Urrego, afirmó que fue el párroco Luis Eduardo Valderrama quien “preocupado porque no había bóvedas en el cementerio, hizo 20 y en ningún momento pidió permiso". Aseguró que “la salvación” fue que la estructura, de casi tres metros de altura, “fue construida sobre una plancha de cemento que lleva ahí 30 años”. Con respecto a la segunda bóveda afirmó que no fue el párroco quien la levantó, sino un ciudadano que “fue a visitar a su ser querido y vio que a la tumba se la había dañado la loza, entonces la hizo de nuevo”.
El alcalde mencionó que la responsabilidad no recaía sobre la administración municipal sino directamente sobre la iglesia, aunque esta sea la entidad encargada de hacer cumplir las órdenes judiciales en el cementerio Las Mercedes. Sobre esto, la directora Arango resaltó que el deber de la alcaldía es proteger el cementerio y mencionó que deben cumplir con la Resolución 5194 (en la que se establecer los protocolos para cuidar los cementerios). “Deben respetar la dignidad de las personas que entran como identificadas, pero sobre todo quienes están no identificados o sin reclamar porque estos cuerpos podrían pertenecer a víctimas de desaparición del conflicto, y hay personas que los están buscando, entonces deben ser tratados con cuidado para restituírselos a sus familiares”.
Colombia2020 buscó en dos ocasiones al párroco Valderrama para conocer su versión de los hechos, pero el padre se negó a responder. Sin embargo, según las versiones consultadas, la construcción no habría tenido ninguna relación con la pandemia porque en los ocho meses de emergencia sanitaria en Dabeiba se han presentado únicamente cuatro casos positivos del virus.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz no se ha pronunciado de manera pública sobre estos hechos, durante esta semana, el equipo de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP estará adelantando las investigaciones y entrevistas a personas que pudieron tener relación con estas construcciones, para conocer el por qué la administración del cementerio incumplió la orden judicial y determinar el proceso que sigue para remover estas estructuras.
El abogado Sergio Arboleda explicó que estos hechos, además de afectar el derecho a las víctimas del conflicto a la verdad, justicia, reparación y no repetición, también incurren en el delito de obstrucción a la justicia, el cual debe ser investigado y juzgado por la Fiscalía. En caso de que algún funcionario público se pueda ver involucrado también podría haber sanciones disciplinarias y en la JEP podría abrirse un incidente por desacato por incumplir la medida de protección.
