Ex-Farc sí reconocieron que hubo menores de edad en sus filas

Apenas se declararon públicas las versiones voluntarias de los exjefes guerrilleros en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del caso de reclutamiento a menores de edad, Colombia 2020 comenzó a hacer seguimiento a lo dicho por Rodrigo Londoño (Timochenko), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Abelardo Caicedo (Solís Almeida), Pablo Catatumbo y Martín Cruz Vega (Rubín Morro).

La JEP los citó en julio de este año, junto con otros exjefes guerrilleros y 23 exmandos medios, para rendir su versión sobre este delito.

Los seis excomandantes sí reconocieron que hubo menores de edad en el interior de las Farc, sobre todo entre los 15 y 17 años, ya que respondía a la política interna de la otrora guerrilla. Sin embargo, solo dos de ellos (Rubín Morro y Joaquín Gómez) admitieron que tuvieron bajo su mando a menores de 18 años.

Todos coincidieron en que nunca hubo una política sistemática de reclutamiento y que jamás se llevaron personas contra su voluntad. Aunque no hay registro exacto de cuántos menores de edad permanecieron en la insurgencia, lo cierto es que la JEP está indagando sobre 8.839 hechos relacionados con este delito.

¿Cómo lo reconocieron?

El excombatiente más abierto a hablar sobre reclutamiento fue Rubín Morro, excomandante del frente 5, quien de entrada admitió haber tenido menores de 15 años bajo su mando. Él, quien se unió a la insurgencia siendo menor de edad, a sus 14 años, mencionó durante su diligencia que los casos en los que incumplió la norma interna se dieron porque los mismos menores de edad llegaban pidiendo el ingreso por circunstancias particulares, como la orfandad.

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Rodrigo Londoño, contrario a lo que salió en varios medios de comunicación, también aceptó que hubo menores de edad en la guerrilla. Incluso comentó que él ingresó a sus 17 años y reconoció que no hubo mandos de las Farc sancionados por esto.

“Recuerdo que en 1997, en el campamento de “Jhon 40” encontré otro (menor de 15 años). Siempre fui crítico de recoger esos muchachos así, porque no tenían la suficiente madurez. No tenía mando sobre eso, porque eso se respetaba”, aseveró.

Por su parte, Pablo Catatumbo, aunque aseguró que nunca tuvo en sus filas a menores de 15 años porque, de acuerdo con su versión, él se regía por las normas, dijo que era posible que algún comandante hubiera aceptado el ingreso de menores de edad: “No me quiero justificar, pero los incumplimientos a la norma tenían una explicación”. Sin embargo, desmintió el uso de amenazas y raptos para llevarlos a la guerrilla.

“Esas especulaciones distan mucho, porque una guerrilla construida desde esa base no podría haber resistido a una Fuerza Pública como la colombiana”, agregó. En eso coincidió Pastor Alape, quien aseveró que “las Farc no eran un ejército de niños” y explicó que la llegada de menores de edad “era parte de la misma realidad rural”. Añadió que no todos los niños y niñas que llegaban a la guerrilla salían desde sus casas, haciendo referencia a que muchos ya trabajaban en labores varias del campo o tenían familias constituidas a corta edad.

Carlos Antonio Lozada agregó en su versión que pudieron haberse dado casos de reclutamiento a través de engaños con promesas de dinero, o llegar a plantearles que podían desertar en caso de no adaptarse a la vida insurgente. No obstante, quiso dejar en claro que “no hubo una política sistemática de engaño”.

(Vea: “Yo permití ingresos de menores de 15 años a la guerrilla”: Rubín Morro ante la JEP)

Una de las versiones más polémicas fue la de Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez. Una abogada de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) le preguntó directamente si reconocía algún tipo de responsabilidad por acción u omisión en este delito, pero él no respondió a la inquietud. Al final de la versión y contrariando esta postura leyó una carta en la que decía: “Estoy dispuesto a reconocer, sin ambigüedad y sin eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del Acuerdo de Paz, estamos y estoy dispuesto a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad”.

De manera unánime, los exjefes explicaron que en la ruta para los ingresos se debía diligenciar una “hoja de vida” en la que se especificaran los datos personales del aspirante. Solís Almeida o Abelardo Caicedo, a pesar de que en la audiencia no reconoció haber reclutado niños ni haberlo permitido, mencionó que una de las problemáticas generales era que los jóvenes podían llegar sin documento de identidad. En eso coincidió Rubín, que además aceptó que uno de los grandes errores que cometieron fue nunca confrontar la edad con los documentos de identidad y explicó que muchos jóvenes mintieron para parecer mayores.

Desacuerdos

A pesar de que todos hablaron de manera general sobre los documentos u hojas de vida que debían diligenciar y entregar los aspirantes a guerrilleros, Lozada reveló que el antiguo secretariado ordenó borrar y acabar toda la información sobre sanciones, trayectoria de los guerrilleros, anotaciones de quienes incumplían las normas y observaciones generales en 2008. Según él, en esos archivos estaban consignados los nombres de quienes habían aceptado menores de 15 años en sus filas.

Distinta a esa versión, Rubín Morro dijo que fue hasta 2014, en medio de las conversaciones en La Habana, que tuvo varios de esos documentos en su poder y apenas en ese año los destruyó porque “nunca me imaginé que existiría una justicia como esta, en la que fueran importantes esas evidencias”.

Hubo contradicciones sobre la relación que había entre las familias de los jóvenes reclutados y las Farc. Joaquín Gómez dijo que la mayoría de nuevos combatientes que ingresaban eran personas conocidas de la zona y que la única forma de saber su edad era “cuando se conocía a las familias”. Por el contrario, Rodrigo Londoño afirmó que no era cierto que hubiera una relación con los familiares de los guerrilleros y aseveró que trataban de romper estas relaciones por seguridad.

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Otra de las grandes discrepancias fue si los excomandantes y el antiguo secretariado tuvieron conocimiento de las faltas que cometieron otros exguerrilleros al permitir el ingreso de menores de edad. Lozada y Gómez expresaron que los altos mandos no tenían conocimiento de las edades de ingreso; en cambio, Rubín Morro aseveró que cuando se diligenciaban las hojas de vida “el jefe de personal de cada bloque era el responsable de llevar esos documentos al Estado Mayor del bloque y luego eso se iba para el Estado Mayor Nacional”.

Pese a que los seis excomandantes aseguraron que en ocasiones regresaron menores de edad a sus familias cuando “no estaban preparados”, como explicó Londoño, no hubo claridad sobre cómo determinaban el retorno con sus familias o ante autoridades como el ICBF. La Coalico, organización que estuvo en representación de las víctimas en todas las audiencias, nombraron en cada una los nombres de presuntas víctimas de este delito y de presuntos reclutadores. La confrontación más directa fue con “Solís Almeida”, excomandante del frente 19 y a quien le aseguraron tener nombres de víctimas directas suyas de reclutamiento forzado.

Aunque este ha sido uno de los casos más mediáticos de la JEP, es el que menos víctimas acreditadas tiene: hasta el 20 de octubre de 2020 había apenas 112 personas. Lo que viene ahora será que las víctimas y organizaciones envíen a la JEP sus observaciones y los magistrados hagan una primera comparación con los primeros relatos dados por las ex-Farc.