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Carmenza Gómez, Idalí Garcerá, Luz Edilia Palacios, Edilma Vargas y Mélida Bermúdez, madres de cinco jóvenes de Soacha asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por miembros de la Brigada Móvil 15 del Ejército, estarán en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde las nueve de la mañana. Allí también estará presente el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas de esta brigada, quien se sometió a la JEP después de ser condenado a 47 años de prisión por permitir los operativos en los que asesinaron a estos jóvenes.
En esta audiencia pública, en la que por primera vez se escucharán solo las versiones de las víctimas, ellas y sus abogados expondrán por qué piensan que los llamados “falsos positivos” no hacen parte del conflicto armado. Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, asegura que son crímenes de Estado porque estuvieron motivados por beneficios personales, como permisos o ascensos que obtenían los militares al presentar más “bajas” en combate.
Carolina Daza, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a Idalí Garcerá, asegura que lo que buscan en esta audiencia es la garantía de que en la JEP haya una verdad más allá de la judicial: “Estas mujeres llevan diez años en procesos judiciales, ya saben cómo fueron las cosas. Lo que piden es que, con nombres propios, militares como Rincón Amado cuenten detalladamente por qué cometieron estos delitos”.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), también representante de víctimas, sostiene que en este caso hay dos verdades: lo que realmente pasó y lo que dicen las Fuerzas Militares que ocurrió. “Con lo que dicen los militares uno podría pensar que las ejecuciones extrajudiciales están dentro del conflicto armado. Ellos dicen que eran jóvenes armados y con prendas que los identificaban como guerrilleros; pero la verdad es que eran unos ciudadanos a los que se llevaron, los vistieron con camuflado, los mataron y los enterraron. Ahí uno no encuentra una relación con el conflicto, el conflicto no pudo llevar a que eso ocurriera”, dice Juan Carlos Ospina, abogado de esta organización.
Esta audiencia se hace en cumplimiento de una decisión de la Sección de Apelación de la JEP, que determinó escuchar los argumentos de las víctimas del coronel Rincón Amado. Esta decisión se dio en respuesta a un recurso interpuesto por la abogada Daza, en el que pedían que a las víctimas se les notificara sobre los procesos judiciales y la puesta en libertad de los 21 militares condenados en la justicia ordinaria.
“Lo que esperamos es que las ejecuciones extrajudiciales no salgan de la JEP, sino que se evalúen con otros criterios. Por ejemplo, que se tenga en cuenta que estos jóvenes ejercían algún liderazgo en su comunidad y que dentro del derecho internacional humanitario no hacían parte de la confrontación armada”, explicó Daza.
Otro argumento esgrimido por la CCJ para afirmar que los falsos positivos no están en el contexto de la guerra es que la muerte de estos jóvenes no le daba ventajas militares al Ejército. “Más que buscar una ventaja en la guerra contra su adversario armado, estaban descuidando sus deberes en la guerra, porque estaban buscando en las ciudades a personas inocentes para llevarlas y presentarlas falsamente como bajas en combate”.
Los falsos positivos son el caso 003 abierto por la JEP en julio de 2018. Ya han dado sus versiones voluntarias por este delito 55 militares involucrados en estas investigaciones. El coronel Rincón Amado ha contado su versión de los hechos en dos ocasiones frente a la Sala de Reconocimiento.