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Desde el pasado 21 de noviembre de 2019, por órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la alcaldía de San Onofre (Sucre) debía tomar varias medidas para proteger cuatro lugares donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas. Estos son los cementerios de San Onofre y del corregimiento de Rincón del mar y las fincas El Palmar y La Alemania, donde se presume que hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, la municipalidad no cumplió. Por esta razón, la JEP abrió un incidente de medidas correccionales contra el alcalde encargado del municipio, Eloy Berrío, o contra quien esté en el cargo. Estas medidas pueden ir desde multas hasta arresto, según el artículo 143 de la Ley 906.
Las disposiciones que debía cumplir la jefatura municipal se trataban de administrar y actualizar la información del cementerio municipal y el del corregimiento de Rincón del Mar con la información que reposa en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados (SIRIC), registros que le fueron entregados a la municipalidad. Además, debía diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios y puntos de interés forense, que incluyen también a las fincas La Alemania y El Palmar, así como legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el Cementerio Rincón del Mar. También se le ordenó reconstruir el monumento de memoria a las víctimas, situado en los alrededores de la finca El Palmar.
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En el noviembre pasado los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento visitaron el municipio de San Onofre, asistieron al cementerio municipal y a la finca El Palmar acompañados de las víctimas que hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que fueron quienes pidieron que se protegieran los lugares en los que, según sus propias investigaciones, podrían estar sus seres queridos. Posteriormente, en una audiencia pública en Cartagena, los togados escucharon tanto a víctimas como a instituciones y requirieron acciones de cada una de estas, pues quedó en evidencia que no había acciones institucionales para proteger los cuerpos inhumados en los sitios mencionados.
En un comunicado, la JEP dio a conocer que entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Sucre cumplieron con los pedidos que les fueron hechos. Es decir, elaborar y entregar un plan de búsqueda de personas desaparecidas en los mismos cuatro lugares y otorgar presupuesto para proteger los sitios, respectivamente.
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En seguimiento a la orden dada a la administración municipal de San Onofre, la JEP precisó que “mediante Auto del 28 de mayo del año en curso (AI 002 de 2020), la Sección (de Ausencia de Reconocimiento) requirió a la Alcaldía de San Onofre el cumplimiento de las decisiones anotadas. Adicionalmente, para garantizar la protección durante la emergencia sanitaria de los lugares ubicados en el municipio de San Onofre, la Sección le había ordenado a la Alcaldía contestar un cuestionario relacionado con el tratamiento de las personas fallecidas por COVID-19 en sus dos cementerios, dada la existencia de puntos de interés forense de presuntos cuerpos de personas desaparecidas”. A pesar de esto, no hubo respuesta de parte de la municipalidad.
Ahora el alcalde (e) de San Onofre tiene tres días hábiles para enviar a la Jurisdicción las razones de su oposición y disenso de la petición incumplida.