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El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc y la proliferación de amenazas contra miembros de la Fuerza Pública, que hoy están sometidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obligó a esta justicia transicional a empezar el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger sus vidas.
De acuerdo con la Jurisdicción, a la fecha han sido asesinados 193 exmiembros de las Farc y han sido hostigados 16 integrantes de la fuerza pública, quienes han rendido sus versiones voluntarias en el marco del caso 03, conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, mal llamados “falsos positivos”. Con esta medidas cautelares, señaló el magistrado Alejandro Ramelli "se busca analizar de manera estructural todo el tema de los homicidios y las amenazas".
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La decisión, unánimemente adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, se fundamenta en denuncias que han sido reconocidas por entidades y organismos nacionales e internacionales, que se han comprometido en la implementación y seguimiento del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc-Ep.
“La Sección reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente”, agregó la magistratura.
La JEP agregó que su decisión se basa en un “cumplimiento del mandato constitucional de tratamiento simétrico y equilibrado”, y en su función de “emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”.
En el auto se ordenó la vinculación y la entrega de información de distintas entidades estatales “frente a la causa común de proteger la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres y hombres comparecientes ante la JEP y en pro de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas”. Entre ellas, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y del Interior, entre otros.
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La decisión, señaló la magistratura, es un complemento a las protecciones individuales que en su momento profirió la Sala de Reconocimiento de Verdad a algunos integrantes de las extintas Farc y de la Fuerza Pública: “Esto quiere decir que el avocamiento de estas medidas cautelares, de naturaleza estructural, no impide la adopción futura de medidas de protección individuales”.