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Héctor Julio Villarraga Cristancho, conocido en la guerra como Gilberto Arroyave o el Grillo, fue el carcelero de los 12 diputados del Valle del Cauca, secuestrados en abril de 2002, y 11 de ellos posteriormente asesinados el 18 de junio de 2007. Su versión sobre este hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del caso de secuestro, era una de las más esperadas por las víctimas, entre otras cosas, porque sería la oportunidad para responder a algunas preguntas específicas sobre el cautiverio de los expolíticos vallecaucanos.
Durante la audiencia, el ex-Farc le pidió perdón a las familias víctimas y al país “por el dolor tan grande que les causamos”. También, reconoció que estaban en malas condiciones de alimentación, ropa y salud, cuando fueron entregados de manos del Frente Urbano y el Bloque Móvil Arturo Ruiz, las dos unidades que ejecutaron el secuestro en las instalaciones de la Asamblea Departamental.
El excombatiente, que duró 34 años en las filas guerrilleras y fue comandante del Frente 60, señaló que se encargó de su movilidad entre mayo del 2002 y 2007, “a través de los Farallones de Cali, la selva del Pacífico colombiano, los municipios de Buenaventura, en el Valle del Cauca; Argelia, López de Micay y El Tambo, en el departamento del Cauca, y Leyva, El Charco e Iscuandé, en Nariño”.
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También admitió que en los primeros años de cautiverio dividieron a los 12 diputados en dos grupos y los obligaban a atravesar varios ríos de estos departamentos. A petición de los familiares, el compareciente describió algunos detalles del cautiverio: “Marchas de hasta 12 horas a través de la selva, una alimentación precaria basada en legumbres y granos, exposiciones prolongadas a las inclemencias del clima, la poca o nula privacidad cuando realizaban sus necesidades fisiológicas y los momentos en que eran atados con cadenas a sus camas o árboles como un método de castigo, entre otros”.
Incluso, relató que en varios momentos tuvieron que huir de persecuciones del Ejército Nacional. Según Villarraga, cada diputado tenía asignado un “guardia” que se encargaba de su alimentación, transporte y vigilancia, y que además tenían la orden de fusilarlos en caso de intento de rescate militar.
Asimismo, aseguró que el objetivo del secuestro era mantener con vida a los diputados del Valle. Sin embargo, Alfonso Cano, exintegrante del Secretariado de las Farc, fue quien dio la orden de ejecutarlos en caso de que se presentara un intento de rescate o si enfrentaban una situación en la que podían perder el control.
Sobre ello, Villarraga dijo que, minutos antes su asesinato, había creído que el Ejército les hacía una emboscada: “Estaba escribiéndole una comunicación cifrada a Alfonso Cano para reportarle el estado del grupo. La mujer centinela que prestaba guardia en la zona le había informado sobre la extraña incursión de un integrante del Frente 29 que amenazaba con cruzar la zona. Pensé que el compañero de ese Frente había desertado y nos había llegado con el Ejército Nacional porque disparó contra nuestra guardia”.
El compareciente detalló que los 11 diputados murieron “tras una sola ráfaga de disparos que tardó un minuto, aproximadamente” y confesó que, una semana después del asesinato, el Comando Conjunto de Occidente emitió un comunicado falso en el que informaban de la muerte de los políticos “durante un fuego cruzado con una fuerza desconocida”. Desmintiendo esta versión ante los jueces de la JEP, señaló que fue él quien, siguiendo órdenes de la comandancia, “limpió y enterró los cadáveres” para luego entregar las coordenadas a un equipo de misión humanitaria de la Cruz Roja, que meses después hizo la entrega de los cuerpos a las familias en Cali.
A petición de las víctimas, Villarraga describió atributos y virtudes humanas de los diputados. Por ejemplo, de Juan Carlos Narváez resaltó su liderazgo y generosidad. Mencionó que “el grupo de los diputados del Valle fue muy valiente porque les tocaba muy duro”, refiriéndose a las extensas jornadas de caminata y a las precarias condiciones en las que vivieron los cinco años de secuestro (siete años, en el caso de Sigifredo López, el único sobreviviente).
(Vea: La verdad pendiente de las Farc sobre el secuestro)
Finalmente, Villarraga Cristancho aseguró que cuando ejercían las “privaciones de la libertad” sólo se dedicaba a mantener el control de la zona, más no con buscar fuentes de financiación para las Farc. En su relato, se responsabilizó del secuestro del alcalde de Argelia (Cauca) y otros funcionarios, ocurrido el 3 de julio de 1998. También se atribuyó el secuestro de la tripulación de un helicóptero que rondaba la zona de operación del Frente 60, el 10 de julio de 2012. Las personas secuestradas en ese hecho fueron Juan Carlos Álvarez y Alejandro Campo, ambos pilotos que trabajaban en una empresa minera. Sobre ello, el excombatiente aseguró que apenas tuvieron esa información los dejaron en libertad a través de una comisión humanitaria.
Al finalizar la diligencia judicial, el ex-Farc dio detalles de otros casos de secuestro sobre los que tuvo conocimiento o participó, y entregó material probatorio del caso de los diputados del Valle. Las audiencias de los ex-mandos medios comenzaron el pasado 24 de noviembre y terminarán el próximo 25 de febrero de 2021. En total, son 10 exguerrilleros los que deberán rendir versión sobre lo que conocieron del fenómeno de secuestros en el país