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A través de una rueda de prensa, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, exjefes guerrilleros y voceros del antiguo Secretariado de las Farc, anunciaron que los ocho excomandantes entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la respuesta del escrito de hechos y conductas (Auto 019) sobre el Caso 01, conocido ahora como Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep y en el que fueron acusados de ser responsables de graves delitos.
“El documento que radicamos hoy ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los secuestros ocurridos a cargo de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado. Este reconocimiento incluye la aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto. Como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, las políticas de secuestro que llevamos a cabo son injustificables”, aseguró Lozada.
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Lozada, quien por primera vez habla de una política de secuestro, agregó que estos hechos “consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares que fueron capturados en operaciones militares ante la negativa del Estado Colombiano de acceder al intercambio humanitario de guerrilleros capturados por la Fuerza Pública y privados de la libertad”.
Dentro de las razones por las cuales cometieron esos crímenes están: “Financiar a la organización, lograr un intercambio humanitario, control territorial y de la población civil y en el marco de los enfrentamientos con la fuerza pública, para obtener ventaja militar”.
En nombre del Secretario, también Lozada señaló que “de igual manera, reconocemos que, pese a que estaba prohibido por la organización, ocurrieron malos tratos en contra de las personas secuestradas. Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones de la guerra. Tales conductas nunca debieron ocurrir”.
El documento entregado a la JEP explican las condiciones de vida de los secuestrados, que en algunos casos murieron por las malas condiciones de salubridad. Sin embargo, Pastor Alape explicó que esos tratos inhumanos jamás fueron una política de la organización.
Quienes asumieron la responsabilidad fueron Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, y Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo. Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, falleció un día antes de conocerse la decisión.
Según Lozada, en más de 130 páginas, entregaron “una respuesta detallada, clara y exhaustiva a las víctimas, quienes valiente y generosamente se han acercado a la JEP confiando en la implementación del Acuerdo Final de Paz para lograr un fin común: la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
En una primera parte, el documento incluye el reconocimiento individual por parte de cada uno de los integrantes del antiguo Secretariado o coordinadores de los bloques de las Farc. “En este ejercicio se da respuesta específica a las víctimas por cada hecho y se contestan las observaciones y nuevas demandas de verdad trasladadas por la Sala desde octubre de 2020 y reiteradas en el auto”, explicó.
En el segundo apartado hacen un recuento del contexto histórico y político de las condiciones de la guerra. “Para entender las dinámicas de la confrontación y cómo en la medida en que se extendió en el tiempo ocurrieron conductas que no debieron suceder”. Finalmente, hacen unas observaciones de las calificaciones jurídicas: “Es muy técnica y busca argumentar algunas deficiencias del auto, pero que en ningún momento van dirigidas a evadir las responsabilidades”.
Las Farc también niegan “que existiera una política de violación como táctica militar”. Si bien las víctimas solicitaron a los excombatientes que asumieran ese punto, en el documento no lo hicieron, pues consideraron que se trata de “hechos aislados” y que quienes cometían esos delitos eran ajusticiados.
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En su comunicado señalaron que se presentarán ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a partir del próximo 6 de mayo, para “abordar tanto individual como colectivamente los diferentes casos de personas dadas por desaparecidas”. Esto se hará, articulando esta labor “con firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes que pertenecieron a las diferentes estructuras, de acuerdo con lo ordenado en el numeral sexto del Auto 019″. Las Farc tendrían información de al menos 150 casos, según le dijo a este diario Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo, exjefe de las Farc.
Sobre los militares dijeron que en estos casos actuaron de acuerdo a lo que planteaba el DIH y en su condición de rebeldes, y que esperan que sea la JEP quien califique estos casos: “Se reconoce que sufrieron malos tratos e inhumanos, pero que también dentro del DIH, entre capturarlos y matarlos, es preferible la captura del combatiente. En todo caso se reconoce el dolo humano que vivieron. También resaltar que el intercambio humanitario lo impidió en su momento el gobierno, sin querer eludir la responsabilidad”.
Pastor Alape agregó que estos crímenes, sin duda, fueron una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que lo hacen con la intención de reparar a las víctimas que han sufrido el conflicto armado. Ambos concluyeron no sería congruente con su proyecto político hoy ocultar la verdad sobre los hechos ocurridos en la guerra, por más crueles o atroces que estos sean.
Por otro lado, Alape expresó que “la respuesta de este Auto fue consecuencia de varios talleres, en el que hablamos con la mayoría de firmantes. Es un ejercicio que representa con claridad nuestra posición de rebeldes y en el que cometimos transgresiones al DIH. Y lo hicimos en mira de futuro, para que no se repita esta tragedia... Estamos reconociendo que una serie de situaciones no fueron de conocimiento del mando. A pesar de esto asumimos la responsabilidad”. Además, le pidió a la JEP que publique el documento completo, si así lo aceptan las víctimas.
Según los exguerrilleros, no ha sido fácil llegar a ese reconocimiento: “Ha sido un proceso transparente, personal y de organización, en el que hemos ido reflexionando sobre estos hechos y entendiendo la necesidad de avanzar en el aporte de verdad. Además de poner las cosas más allá de los tecnicismos sino en en lenguaje sencillo”, que facilite la comunicación con las víctimas.
Lozada se refirió a las dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz que, según él, tiene detractores poderosos, empezando por el presidente Iván Duque. A esto Pastor Alape añadió: “Hoy estamos dispuestos a aguantar cualquier cosa para decirles a las nuevas generaciones de que sí hay posibilidades de construir la paz, mientras haya un compromiso político de la sociedad”.
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Los dos excomandantes se refirieron puntualmente a los asesinatos de los exguerrilleros de las Farc, que sin duda ha sido también un obstáculo para contar la verdad: “A la fecha, de 271 mujeres y hombres que dejaron las armas y le apostaron a la paz. Ellas y ellos perdieron la vida cumpliendo con lo pactado. La falta de sus voces hace que el proceso de aporte de verdad, en algunos casos, se haya limitado en tanto no contamos hoy en día con su memoria para poder dar respuesta clara, detallada y exhaustiva a las víctimas”.
Sobre si renunciarán a sus cargos, como parte de la sanción por estos hechos y reparación a las víctimas, ambos excomandantes respondieron que eso no está decidido. Sin embargo, resaltaron que estos reconocimientos, así como su posibilidad de participar en política y otros ámbitos, hacen parte de un Acuerdo de Paz que están cumpliendo.
Cabe recordar que esta imputación en contra de la cúpula de la extinta guerrilla no fue solo el primer hito en la corta historia de este tribunal transicional, sino que es uno de los hechos más importantes en la implementación del Acuerdo Final a cuatro años de su firma en el teatro Colón.