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Este 9 de diciembre, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual lleva las medidas cautelares sobre 17 lugares dónde habrían personas víctimas de desaparición forzada, reportó el hallazgo a la fecha de ocho cuerpos víctimas de muerte violenta que estaban enterrados en el cementerio de Orobajo (Sabanalarga) y que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
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Las víctimas, enterradas como personas no identificadas, “presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución en estado de indefensión”, detallan en el comunicado. Aseguran que en la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020.
Los ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango. La JEP también sostuvo que investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.
También determinó que en total son 2.094 las víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Esa base de datos la construyó esta entidad con la información consolidada del Centro Nacional de Memoria Histórica, Fiscalía, la Unidad de Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
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“En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”. En su mayoría fue ejecutado por paramilitares del Bloque Mineros y el Bloque Metro; los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.
Adicionalmente, la JEP señaló que este crimen tuvo un incremento a partir del primer semestre de 1996 con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia a Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas); que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010.
Los cuerpos de Orobajo llegaron hasta el Laboratorio de Osteología después de que la Fiscalía General de la Nación le otorgara un permiso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) de trasladarlos del camposanto a la Universidad de Antioquia, pues no tendrían relación con el conflicto armado y así adelantar la megaobra de infraestuctura. Sin embargo, en medio de una audiencia de la JEP, realizada en 2019 en Medellín, las autoridades y las organizaciones involucradas revelaron no tener la certeza de que las personas exhumadas no fuesen víctimas de la guerra.
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Desde febrero de este año, tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como la JEP han venido trabajando en una mesa técnica para avanzar en la identificación o causa de muerte de estos cuerpos.